Dos procesos que deben definir la titularidad de la tierra donde se dio la masacre en 2012, definición central en el proceso judicial, no pueden avanzar porque esperan resoluciones de la Corte. Familiares de fallecidos en la masacre exigieron hoy celeridad al presidente de la máxima instancia judicial del país, que se comprometió a hablar con los demás ministros.
La Corte Suprema de Justicia tiene que emitir resoluciones sobre dos juicios que llegaron hasta su instancia, luego de recorrer juzgados y tribunales de apelación.
Básicamente se trata de procesos donde el Instituto de la Tierra(INDERT) y la Procuraduría General antepusieron recursos porque no tuvieron participación en el juicio en el que un juez le cedió tierras del Estado al empresario y político colorado Blas Riquelme.
En esas tierras se registró la masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012, y el argumento de los ocupantes campesinos fue, justamente, que esas tierras son del Estado, y no de Riquelme, puesto que éste se apropió con ardides judiciales.
Luego de mirar la documentación y antecedentes, la decisión de la Corte Suprema en estos juicios, básicamente, deberá definir si el Estado tiene o no participación en ellos.
Si dice que sí, destrabaría los procesos, que son donde se van a definir a quién verdaderamente pertenecen aquellas tierras, al Estado o a los Riquelme.
Que hable, que emita su resolución sobre estos dos juicios. Eso es lo que hoy una comitiva de familiares de la masacre exigió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser. El jurista se comprometió a hablar con los ministros de la salas de Asuntos Constitucionales y Asuntos Civiles, encargados de una decisición, para acelerar los trámites para emitir una sentencia acorde a derecho.
Además de esto, la comitiva vinculó está definición sobre las tierras de Marina Kue con el estado de salud de los presos que hacen huelga de hambre, puesto que ésta es una de las principales reivindicaciones para levantar la medida de fuerza, el que la justicia defina a quién pertenecen las tierras.
Esta reivincidación de los presos Néstor y Adalberto Castro, Felipe Balmori, Rubén Villalba y Arnaldo Quintana, con 25 días de huelga de hambre, apunta a desbaratar dos de las tres acusaciones en su contra: invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Además el jurista se comprometió a mediar ante otras instituciones estatales para prestar asistencia médica a los huelguistas.
FOTO: Familiares y participantes comparten la información sobre la audiencia con Torres Kirmser.
