Experto de Naciones Unidas rechaza el uso del Derecho Penal ante problemas sociales

Asunción 29 de abril 2022 (BASE-IS) Jan Jarab, Representante Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, llegó al país para abordar la problemática de los Desalojos Forzosos que afectan a comunidades campesinas, indígenas y urbanas. En audiencia con legisladores y organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil, Jarab señaló que no se deben dar respuestas represivas ante la problemática de tierra.

Durante una Audiencia convocada por las Comisiones de Reforma Agraria y Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, Jarab pudo recoger el testimonio de los principales dirigentes campesinos e indígenas respecto a la situación de la tierra en Paraguay y el recrudecimiento de la violencia contra las comunidades que fueron víctimas de desalojos forzosos durante el año 2020 y 2021. Referentes de la sociedad civil señalaron que durante el último año más de 700 familias campesinas, indígenas y urbanas se vieron afectadas por 25 desalojos realizados de forma irregular ya que no se respetaron las normativas nacionales, ni lo establecido en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

En este contexto los líderes campesinos e indígenas denunciaron la llamada “Ley de Criminalización Zavala- Riera” que desde octubre del año 2021 pena con hasta 10 años de prisión la ocupación de tierras. Indicaron que la ocupación ha sido la única forma de acceder a la tierra para las poblaciones rurales, ya que las políticas aplicadas por los gobiernos sólo apuntaron a la concentración de tierras en pocas manos, particularmente la entrega de tierras mal habidas a personas no sujetas de la reforma agraria.

“Los testimonios han sido conmovedores y nos obligan a reaccionar, lo que nos decía una joven indígena respecto a cómo salir de esta situación si la única respuesta se da es desde el derecho penal, muestra que es importante un dialogo y una búsqueda de soluciones reales” señaló Jarab respecto a los testimonios recogidos durante el encuentro. Agregó que las propuestas bajadas por las organizaciones sociales, como el impulso de una Ley de moratoria de los desalojos y la creación de una Comisión Parlamentaria encargada de buscar mecanismos para recuperar las tierras mal habidas deben ser escuchadas.

Respecto a las denuncias de criminalización de las luchas sociales indicó que “en América Latina muchas veces se ve que se buscan soluciones a problemas sociales desde el Derecho Penal, y debemos ser conscientes de la realidad subyacente, de problemas estructurales, es la Región con mayores indices de desigualdad, desigualdad socioeconómica pero también desigualdad en el acceso a la justicia”. Indicó que las respuestas represivas son contraproducentes ya que “Si no se resuelven problemas sociales a través de políticas sociales, lo que queda son las respuestas represivas y podemos mostrar varios escenarios donde esto se convierte en un circulo vicioso, ya que las personas se encuentran cada vez más excluidas, lo que no es el objetivo de la sociedad, el objetivo debe ser una sociedad incluyente donde las brechas tiendan a disminuir o desaparecer”.

La problemática de los desalojos forzosos y la falta de respuestas a la necesidad de acceso a la tierra por parte de familias campesinas e indígenas en Paraguay ha llamado la atención de los principales organismos de Derechos Humanos a nivel regional, ya que semanas atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también convocó a las organizaciones sociales y al Estado paraguayo para abordar el tema. A pesar de estas llamadas de atención desde el Estado y los gremios del agronegocio se insiste en las respuestas represivas contra campesinos e indígenas que reclaman el derecho a la tierra y políticas públicas que den respuestas a sus necesidades.

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