Fiscalía sigue sin avances en la investigación del asesinato de joven campesino

Asunción 8 de agosto 2022 (BASE-IS) A casi dos meses del asesinato del joven campesino Edgar Centurión el Ministerio Público continúa sin informar sobre avances en la investigación para hallar al culpable de la tragedia. Centurión recibió 21 impactos de bala por parte de un agente de la Policía Nacional durante un operativo policial de acompañamiento a la siembra de granos por parte de una empresa agroganadera que pretende apoderarse de las tierras del Asentamiento 1 de mayo en Edelira, Itapúa.

El Abogado Daniel Rodrigo Vergara Aquino, Agente Fiscal de Edelira, Itapúa, no ha informado a los familiares de Edgar Centurión sobre ningún avance ni diligencias que apunten a identificar al agente policial que disparó contra la humanidad del agricultor. Por el contrario, el agente, ahora apunta a perseguir a los campesinos que forman parte del Asentamiento 1 de mayo y que estuvieron presentes en la tarde del 15 de junio defendiendo sus tierras.

Los pobladores están siendo llamados a una audiencia indagatoria donde, según sospechas de los dirigentes campesinos, la fiscalía podría disponer la detención de los mismos por el supuesto delito de invasión de inmueble. Los dirigentes exigen reiteradamente que se haga justicia ante el asesinato de Centurión, un joven agricultor y activo defensor del derecho a la tierra para los campesinos y campesinas.

El Informe Especial Edgar Centurión: solidaridad de clase en la lucha por la tierra en Edelira – Itapúa recoge los antecedentes del caso, la historia de lucha del Asentamiento 1 de mayo y la solidaridad activa por parte de Edgar con sus compañeros campesinos. Los testimonios recogidos arrojan luz sobre lo que ocurrió ese día, sin embargo, el Ministerio Público ha hecho caso omiso a estas informaciones brindadas por testigos presenciales del hecho, y ha dejado transcurrir un valioso tiempo para detectar a los responsables de la muerte.

Según el Informe Chokokue, la mayor parte de los casos de campesinos asesinados en el marco de la lucha por la tierra no es debidamente investigada por los agentes estatales, prevaleciendo un patrón de impunidad, al punto de que sólo ocho de 115 casos investigados en el informe habían llegado a una condena parcial contra los responsables.

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