Por pedido del Ministerio de Salud, SEAM, Senave y organizaciones sociales del campo y la ciudad, que ya preparan una contrapropuesta. En un mes se realizará la consulta ciudadana y mientras tanto no se volverá a tratar el tema en la Cámara de Diputados.
En la mañana de hoy viernes representantes de las mencionadas reparticiones estatales y de organizaciones campesinas y onegés se reunieron con los diputados Dionisio Ortega y David Ocampos. El primero es presidente de la comisión de Ecología y el segundo es proyectista del documento pre-legislativo.
En el encuentro se acordó que el siguiente paso será la apertura de un espacio de información y consulta a la ciudadanía a través de una audiencia pública, que se calendarizó para dentro de un mes.
En ese periodo de tiempo, además, las organizaciones sociales tendrán terminada una propuesta alternativa a la de los diputados David Ocampos, Ariel Oviedo (PUNACE), Andrés Retamozzo y Herminio Dávalos(ANR), promotores del proyecto ahora frenado.
Lo acordado esta mañana es el epílogo de una larga intervención de Salud, SENAVE, SEAM y las organizaciones, que desde marzo pasado llamaron la atención sobre lo peligroso del proyecto de ley a través de notas a los diputados y diputadas.
Los argumentos principales que hacen que el sector social lo rechace se refieren a que de aprobarse la propuesta, allanaría el paso para la entrada rápida y fácil de nuevos eventos transgénicos. Y que esto podría llevar a una catástrofe ambiental y socioeconómica en el país, puesto que con sólo un cultivo transgénico aprobado en el país actualmente, la soja RR, las consecuencias económicas, sociales, culturales, ambientales y alimenticias negativas son incalculables.
Para exigir la audiencia también se apeló a un acuerdo firmado por el Estado paraguayo, que es el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica, que en su artículo 23 habla de la participación de la gente en la aprobación de este tipo de legislaciones.
Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la información confidencial según lo dispuesto en el artículo 21., reza el protocolo debatido en 1999 y aprobado en el 2000.
