Asunción, 13 de diciembre de 2023 (BASE-IS) En 11 minutos, sin ningún tipo de debate la Cámara de diputados sancionó el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, una acción similar a la del Senado, que en el marco de una violenta represión a trabajadores y trabajadoras que se manifestaban contra la propuesta legislativa, aprobó sin mayor debate la normativa.
La Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones forma parte del Acuerdo de Coordinación Política (PCI, por sus siglas en inglés) que el gobierno de Mario Abdo Benitez firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 2022. El PCI impone programas económicos a los países, y condiciona los plazos para la ejecución de los mismos. En efecto, este documento condiciona el envío de las reformas al Congreso en diciembre del 2023 (IMF, 2022)¹.
La normativa es parte de un paquete de reformas que siguen el lineamiento macroeconómico otorgado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, promulgada durante el gobierno de Cartes. La misma en términos prácticos opera como un tope para el gasto público, lo cual acompaña una fiscalidad regresiva e indirecta, la más injusta de la región (Zevaco, 2023)². Además, con el aval del Fondo de las políticas del miembro habilita la incorporación de fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito – tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -, y a los mercados para el desarrollo de las políticas públicas.
Este proceso ha implicado la continuidad de una alianza histórica de la cúpula política nacional con el FMI, y a través del mismo, con el sistema financiero mundial, lo cual ha condicionado un tipo de política internacional favorable a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Este no es un dato menor en términos geopolíticos debido a las consecuencias palpables territorialmente que ha tenido la agudización del conflicto de esta potencia económica con China, y las expresiones bélicas derivadas de la crisis civilizatoria que marca el presente.
En ese marco, desde el gobierno de Cartes (como ofensiva del capital luego del golpe del 2012) las políticas del Estado se construyen en gran medida en base a los mandatos provenientes de estos organismos aliados al mercado financiero, cuyos principios de manera explícita se orientan a profundizar el lugar de Paraguay como proveedor de materias primas agropecuarias, y últimamente de “sumidero de carbono” para la ampliación de los negocios “verdes” forestales, energéticos y también agropecuarios. Este proceso ha tenido como directa consecuencia el ensanchamiento de la deuda externa, no solo con la banca multilateral, sino con el mercado financiero a través de la emisión de bonos que no tienen nada de soberanos.
Un ejemplo de este pacto de sumisión es el programa “Promoting low-carbon development in Paraguay via low emission strategies and direct acces entites accreditation”, aprobado en el 2022, a través de un préstamo asumió el Estado Paraguayo por doscientos cuarenta millones de Dólares ($240.000.000). El BM otorgó este préstamo basándose, entre otras cosas, en la política macroeconómica “adecuada” que ha incluido reformas institucionales como el mecanismo de objetivos de inflación y la legislación de responsabilidad fiscal³.
El primero de los objetivos de la Política de desarrollo este Préstamo (DPL) consiste explícitamente en movilizar capital privado para la resiliencia y la mitigación climática a través de la provisión de una línea de crédito energético y la regulación que permita el uso de madera en pie como garantía de préstamo. Esto se llevó a cabo a partir de la regulación por parte de la Superintendencia de Bancos de la valoración de la madera en pie como garantía de préstamos, estableciendo: (a) normas para la acreditación de tasadores profesionales del derecho real de superficie forestal; y (b) requisitos técnicos de valoración relacionados.
Este pequeño ejemplo visibiliza la manera en la que a través de las regulaciones legislativas se expresa la imposición de políticas económicas neoliberales, que operan en la práctica concreta como transferencia de la riqueza socialmente producida hacia los sectores que concentran el capital a partir de actividades extractivistas.
Con ello, el embate a la clase trabajadora a partir del actual proyecto de reforma de la Caja de jubilaciones no se puede comprender por fuera del avance del modelo neoliberal y extractivista, extendido de manera regional, a partir del modelo de mal-desarrollo que precariza la vida de las mayorías sociales y de la naturaleza.
¹ Fuente: https://economia.gov.py/application/files/1016/7405/5044/1PRYEA2022004.pdf, ver tambien en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/10/13/pr22350-imf-reaches-staff-level-agreement-on-paraguays-policy-coordination-instrument
² Fuente: https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2023/10/Sojaalcuello2023-version-web.pdf
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