Informe Derecho a la Alimentación 2007

El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación tiene que informar con profunda preocupación a la Asamblea General de que los niveles mundiales del hambre siguen aumentando. El número de personas que padecen hambre se ha incrementado a 854 millones de personas, y ha estado aumentando todos los años desde 1996. Prácticamente no se han logrado progresos en la reducción del hambre, a pesar de los compromisos adquiridos por los gobiernos en 1996 en la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación y una vez más en la Cumbre del Milenio en 2000. Más de 6 millones de niños menores de 5 años mueren todos los años de hambre y causas relacionadas con el hambre. Esto es inaceptable. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir dignamente sin padecer hambre. El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano.

El Relator Especial también está gravemente preocupado porque los biocombustibles tendrán como secuela el hambre. La prisa súbita y mal concebida de convertir los alimentos —tales como el maíz, el trigo, el azúcar y el aceite de palma— en combustibles augura un desastre. Existe el grave riesgo de crear una batalla entre los alimentos y los combustibles que dejará a los pobres y los que padecen hambre en los países en desarrollo a merced de los precios en rápido aumento de los alimentos, la tierra y el agua.

Informe ante el 62° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU 2007

La inseguridad alimentaria en Paraguay se hace cada vez más grave y esta situación se deriva en un goce menor del derecho a la alimentación tanto en cuanto a lo cualitativo como en cuanto a lo cuantitativo. Es decir, cada día menos paraguayos acceden a lo que podría considerarse una alimentación suficiente, de calidad y culturalmente adecuada, lo cual viene a contradecir el principio de no regresión en la satisfacción de los derechos, o sea, se convierte en una violación del derecho a la alimentación por parte del Estado paraguayo.

Aunque la zona rural, las comunidades indígenas, los niños, las mujeres y los ancianos siguen siendo los sectores más vulnerables, el problema de las periferias urbanas se hace cada vez más intenso y extenso, alimentado por el constante flujo migratorio que resulta de la pauperización de las comunidades del campo, y agravado por la disminución de la producción alimentaria, en cantidad y diversidad, que se destina al mercado interno.

No se cuenta con datos globales respecto al acceso a los alimentos además de los que ya se mencionaran años anteriores, ya que no existe un sistema de monitoreo constante, pero dos de los indicadores más elocuentes sobre las transformaciones del sistema alimentario son la disponibilidad y los precios relativos. Por primera vez en mucho tiempo la disponibilidad de productos de primera necesidad fue puesta en jaque, y muchos se volvieron inaccesibles dado el exponencial incremento de sus precios. Se toma como referencia, este año, la escasez de leche y la variación de sus precios para ejemplificar lo que podría acontecer de ahora en adelante con los rubros de la canasta alimentaria, teniendo en cuenta lo que implicará la creciente demanda de los agrocombustibles en el mercado internacional.

Las acciones (o inacciones) del gobierno en muchos casos tienden a amenazar o negar directamente las posibilidades de acceder a una alimentación adecuada. Ya sea por incapacidad o por los vínculos de agentes públicos con sectores que detentan el poder real en la sociedad paraguaya, gran parte de la población ve su condición de sujeto de derecho extremadamente vulnerable a las arbitrariedades del poder.

En este contexto, la comunicación social, en gran parte controlada por sectores económicamente dominantes, se convierte en un arma de doble filo que solo publica las violaciones cuando éstas no contrarían sus intereses y, en todo caso, lo hacen desvinculándolas del contexto estructural en el que nacen.

Acciones de la sociedad civil…

La falta de leche y la disparada de sus precios

Se puede culpar a la sequía por la falta de leche que se produjo este año en todo el territorio paraguayo. Se puede culpar al cambio climático por las sequías cada vez más prolongadas. Se puede culpar a otros países de ser los que más contribuyen al cambio climático dados sus modelos de producción y consumo. Y ¿quiénes son los culpables de la imposición de estos modelos de producción y consumo? Unas cuantas empresas transnacionales que gobiernan más que sus propios Estados nacionales. En fin, se llegaría demasiado lejos tratando de explicar toda la cadena de causalidad que produjo este año la escasez de leche en Paraguay y la consecuente disparada de sus precios y de los de todos los derivados. Cabría mejor, en un informe sobre derechos humanos como éste, preguntarse cuál es la responsabilidad que tiene el Estado paraguayo en que un producto de primera necesidad, como la leche, entre otros, escasee y sus precios trepen a niveles inalcanzables para muchas personas. Esta es una cuestión central que hace a la satisfacción del derecho a la alimentación, y la acción o inacción del Estado son las que finalmente pueden o no ser imputadas.

La respuesta a esta cuestión no es sencilla dada la complejidad del sistema alimentario y de las relaciones económicas que se dan en su entorno, pero, sin duda, en las bases de la misma estará el modelo productivo que se viene impulsando desde hace años, más específicamente, el modelo agroexportador. Podría parecer insistente o hasta exagerado vincular a los monocultivos de soja con la escasez de leche, y sin embargo, resulta bastante coherente hacerlo. La zafra pasada, los productores sojeros hablaban de una productividad altísima. Más de 6 millones de toneladas fueron producidas en 2.630.000 hectáreas de tierra, es decir unas 2,7 toneladas por hectárea, cuando que en el ciclo anterior la productividad había sido de 1,5 tn/ha en promedio. Quiere decir que para la soja el clima no fue tan adverso. O, que en el país se están destinando las mejores tierras a la producción de soja. Y, hablando en términos económicos, como toda elección, ello tiene un costo de oportunidad. Es decir, el costo de producir soja para la exportación en 2,6 millones de hectáreas está dado por la cantidad y diversidad de alimentos que podrían producirse en esa misma superficie para el consumo en el mercado interno.

O sea, el Estado paraguayo permitió que se produzca soja a razón de 1 tonelada por habitante y que se la exporte a otros países mientras que la producción de alimentos fue marginalizada a terrenos menos aptos para las actividades agropecuarias. Se sabe que la soja es en un 80% agua, por tanto, 6 millones de toneladas corresponden a 4,8 mil millones de litros de agua, que si se los destinara a la producción de leche, de seguro se tendría más de 1.200 millones de litros que serían suficientes para que cada paraguayo tenga al menos medio litro de leche por día.

Al problema de los costos de oportunidad de la producción hay que añadir el de la exportación. Si se decide exportar leche aún cuando hay escasez en el mercado interno, es responsabilidad del Estado el que los ciudadanos no puedan acceder a un alimento necesario y no obra del cambio climático o una fatalidad del destino. Pasó lo mismo con la carne y otros productos que, en última instancia tuvieron que ser importados para satisfacer la demanda interna. ¿Cómo es posible que en el país se prioricen los intereses económicos que ciertos sectores muy reducidos de la sociedad tienen en la agroexportación cuando que esto afectará negativamente no sólo al 40% de la población pobre del país, sino también a las clases medias que verán amenazadas sus posibilidades de acceder a una canasta básica de alimentos? Y como si la argumentación económica no fuera suficiente se debe preguntar ¿cuál es la racionalidad ecológica de un modelo que cada vez se dedica más a la exportación de productos que luego deberá importar? ¿Cabe acaso una consideración del costo energético que todo eso conlleva?

Los agrocombustibles y los precios de los alimentos

Mientras que hay escasez de alimentos y despilfarro energético el gobierno adopta con entusiasmo la política de fomentar la producción de agrocombustibles que está siendo promovida desde los centros internacionales de poder, con los objetivos de diversificar la dependencia de fuentes energéticas, dado el agotamiento del petróleo; y de saciar los intereses de las transnacionales del agronegocio, que vendrían a establecer alianzas estratégicas con las petroleras y a controlar monopólicamente la producción agrícola mundial. Todo esto encubierto detrás del velo de la reducción de emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático.

Anteriormente los precios de los alimentos acompañaban la suba de los precios del petróleo por ser bienes complementarios, en cuanto que su producción y transporte necesitaban de combustibles fósiles. Hoy, con la emergencia de los agrocombustibles, los alimentos se convierten en bienes sustitutivos del petróleo, y, por tanto, los precios dependerán aún más estrechamente de los de éste.

Uno de los peligros que advertía la FAO sobre los agrocombustibles era que la demanda de éstos haría encarecer los productos alimentarios. En algunas proyecciones se decía que el trigo, para 2020, habría incrementado su precio en un 50%. En Paraguay, entre inicios de agosto y mediados de setiembre se dio un incremento del 30%, lo que hace esperar que dentro de 13 años el precio sea extremadamente más alto de lo previsto.

La inflación interanual de los alimentos en el mes de setiembre alcanzaba el 9,1%, liderando las subas de rubros considerados en el Índice de Precios del Consumo (IPC). En ese mismo mes la incidencia inflacionaria de los alimentos fue del 95,6% y, comparando por ejemplo los precios de frutas y verduras con un año atrás, éstos aumentaron en un 73,3%.

Hablar de la escasez de leche, de carne o de trigo, así como hablar de la suba imparable de sus precios es hablar del modelo productivo y del rol que el Estado ha asumido en la facilitación u obstaculización del mismo. Cuando el mismo presidente de la república exclama que convertirá a Paraguay en el Kuwait de los agrocombustibles y recibe con algarabía visitas de autoridades brasileñas con el objetivo de firmar acuerdos para la promoción de los mismos; y cuando las autoridades nacionales siguen aprobando, legalmente o de hecho, la extensión de la frontera agroexportadora y la construcción de infraestructura para agilizar el procesamiento y transporte de sus productos, ¿cabe alguna duda sobre la responsabilidad que tiene el gobierno en la degradación de las condiciones del sistema alimentario y, por tanto, en las violaciones al derecho a la alimentación adecuada? No sólo el Estado no está garantizando a los ciudadanos el acceso a alimentos adecuados, sino que tampoco está respetando ni protegiendo las vías de acceso tradicionalmente utilizadas por los mismos.

Un megapuerto que generará más desempleo, más soja y menos alimentos.

La transnacional Cargill presentó este año un proyecto de construcción de un megapuerto en la ciudad de Asunción. En el capítulo sobre el derecho al agua se detallan algunas cuestiones respecto al impacto ambiental de la obra. Aquí es importante mencionar el impacto socioeconómico que la misma tendrá en la sociedad paraguaya.

Cabe decir que el megapuerto responde a la única voluntad de seguir ampliando la capacidad de exportación de soja del país, por lo que todos los impactos apenas mencionados en cuanto a la soberanía alimentaria serán magnificados con éste. Algunas conclusiones se pueden extraer haciendo un análisis de los datos que presenta la misma empresa en su sitio web. Allí se lee que “La operación de Cargill genera aproximadamente 380 puestos de trabajo directos y cerca de 1.150 puestos indirectos en todo el país….” http://www.cargill.com.py/inst/cargillhoy.asp. En otra parte se afirma que: Cargill Paraguay comercializa más de 1.300.000 toneladas anuales de soja, trigo y maíz. Este volumen es un poco más del 30% del total de la cosecha del país.

Unos cálculos básicos permiten obtener resultados bastante reveladores. Con una regla de tres simple se tiene que si Cargill controlara toda la producción agrícola del Paraguay no habría más que 1267 puestos de trabajo directos y 3833 indirectos. O sea, unas poco más de 5.000 personas trabajando con TODA la producción agrícola del Paraguay desde que esta sale de la finca. Se concluye entonces que el modelo productivo de esta empresa no daría trabajo ni siquiera al 0,1% de la población. Si se considera que Paraguay es un país cuya riqueza fundamental viene de la fertilidad de su suelo para la agricultura, estos datos son preocupantes. Es decir, excluyendo la problemática del campo y todo lo que el modelo sojero significa como reducción de fuentes de trabajo en el sector rural, se tiene que la comercialización de los productos del agrobusiness y una eventual generación de valor agregado darían trabajo al 0,14% de la población urbana.

Si se considera la problemática rural, el panorama se vuelve aún más aterrador. Se sabe que en una finca mecanizada un sólo trabajador puede llegar a controlar la producción de 280 hectáreas de tierra. Aún si aumentamos esta proporción a un trabajador por cada 100 hectáreas se tendrá que las 2.600.000 hectáreas de soja plantadas en todo el campo no llegan a dar trabajo al 1% de la población campesina (26.000/2.660.000).

La instalación del megapuerto va camino hacia el control monopólico de Cargill sobre la producción agrícola paraguaya. Una empresa con oscuros antecedentes a la que se responsabiliza en gran parte por la deforestación de la amazonía y por presionar a las economías de los países subdesarrollados, llevando a crear condiciones de trabajo infrahumanas.

Incendios, emergencia nacional y alimentos

La grave situación alimentaria que se desató a partir de los incendios forestales de este año dio pie a que el gobierno declarara estado de emergencia nacional. Mucha ayuda que llegó del exterior y algo de los recursos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) fue destinado a los pobladores más fuertemente afectados por los siniestros.

La entrega de víveres, sin embargo, como ya es habitual de la clase política, más aún en un año electoral, fue realizada en un contexto inundado por la corrupción, y hasta se desató una guerrilla de rapiña que involucró incluso a diputados que pretendían beneficiar sólo a sus seguidores, en el marco de la campaña electoral. El mismo presidente de la república reconoció su incapacidad de gobernar al asegurar que era posible que algunos operadores políticos estuvieran utilizando las donaciones como instrumento de su campaña.

Si en situaciones de emergencia, cuando el hambre y la muerte acechan más de cerca que nunca, existen funcionarios públicos capaces de priorizar sus propios intereses antes que atender las necesidades de los afectados, qué duda cabe de que cuando se trate de políticas que tendrán impactos negativos mediatos en la población, las mismas serán aplicadas sin siquiera preocupación por lo que puedan desencadenar. Esto es una cuestión que va más allá de los derechos humanos y plantea un problema ético y moral, pero un problema que desde las bases cuestiona a los derechos humanos y a sus defensores, a la factibilidad de su goce universal y su relación con los sistemas políticos y sociales actualmente dominantes.

Los únicos programas de asistencia alimentaria embebidos en la corrupción

En Paraguay venían funcionando dos programas de asistencia alimentaria que ya anteriormente fueron cuestionados por su tinte asistencialista y por la estrechez de su alcance. También ya se había denunciado que el manejo y la distribución de los recursos no se daban con total transparencia. Aún así, algo positivo podía verse en el intento político de asistir a personas de escasos recursos con alimentos adecuados para su crecimiento.

Resultó, sin embargo, según se descubrió este año, que el manejo de los recursos era menos transparente de lo que se pensaba y que los alimentos no eran tan adecuados como parecía. Tanto los alimentos que se repartían en el PROAN como aquellos del Complemento nutricional escolar, resultaron ser mezclas de pésima calidad que no reunían los requisitos establecidos por ley, comprados a precios exageradamente altos. La distribución de los mismos también se prestó a la promoción de campañas políticas e incluso se descubrió que cajas de leche con el sello que las destinaba al programa “vaso de leche”, estaban siendo vendidas en despensas privadas, no obstante el sello explicitaba la prohibición de su comercialización.

Acciones del gobierno: entre la incapacidad y el cinismo

Una de las pocas acciones que se emprendió este año desde el gobierno con respecto a la alimentación fue un programa de acción interinstitucional para mejorar la inocuidad de los alimentos. Fueron partícipes de esta iniciativa el Servicio Nacional de Salud Animal (Senacsa), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). Según los organizadores, el programa busca mantener bajo control las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) y lograr mayores beneficios comerciales en las exportaciones de los productos del agro.

Resulta, sin embargo, incoherente pensar que se pretenda controlar la inocuidad de los alimentos cuando se obvia el problema de los pesticidas que se usan en su producción. En la sesión del jueves 6 de setiembre los diputados paraguayos rechazaron un proyecto de ley que pretendía regular el uso de sustancias químicas en la producción agrícola. Cabe aclarar que este proyecto de ley fue pensado por las organizaciones civiles no como manera de limitar la expansión de los cultivos mecanizados sino como instrumento de control del uso de agrotóxicos para promover la convivencia pacífica entre los distintos modelos productivos del campo. La mayoría de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil que trabajan con este sector, ha dado su apoyo a la propuesta que, si bien no es una solución total a los conflictos que se dan hoy en el campo, es un paso necesario en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la población paraguaya, principalmente rural, aunque también urbana.

Lo cierto es que, bajo fuertes presiones de los grandes productores, la ley fue rechazada y, si bien esto no deja de ser preocupante, su aprobación, en las actuales condiciones de estructuración del poder, no hubiera sido garantía de cumplimiento alguno, porque, a pesar de que ya existan leyes o dictámenes jurídicos que protejan al campesinado y a los consumidores de los potenciales efectos de los agroquímicos sobre la salud, en el campo paraguayo se están fortaleciendo cada vez más los grupos mafiosos y paramilitares que, ya sea de manera directa o mediante el soborno a las fuerzas del orden público, intimidan y/o aplican violencia física contra los productores campesinos que exigen el respeto de sus derechos fundamentales. El Estado paraguayo ha demostrado que es incapaz de gobernar respetando y protegiendo los derechos de sus ciudadanos. Este ha sido el caso de la colonia Tekojoja, en el distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú. Allí, no obstante los campesinos tenían órdenes judiciales para establecer su asentamiento, dictámentes de la secretaría del ambiente y el SENAVE que regulaban la aplicación de agrotóxicos en las cercanías de las casas y hasta cooperación de CONAVI para la construcción de sus viviendas, los pobladores continuaron recibiendo amenazas y siendo violentados por paramilitares cuando no por la misma policía nacional. Esta situación se agravó cuando empezaron las protestas porque los productores sojeros no estaban respetando las órdenes de la secretaría del ambiente sobre los modos de realizar las fumigaciones.

Se termina entonces, por la vía legal o por la de los hechos, dando vía libre al modelo de producción de la soja, dejando al arbitrio de los productores la aplicación de agroquímicos y sus posibles impactos en la salud.

Además de rechazarse la regulación del uso de plaguicidas, se aprobaron este año algunas modificaciones al código penal, las mismas conocidas en una versión previa como ley antiterrorista, cuyo objetivo central es el endurecimiento de las sanciones contra los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil. La parte más dura fue sin duda la que se llevaron las organizaciones campesinas ya que se aprobaron artículos que hacen más severas las penas por delito de invasión de inmueble. Concretamente, se elevó la pena máxima de dos a cinco años de cárcel y se anuló la posibilidad de exigir medidas sustitutivas a la prisión.

Considérese que, según el Estatuto Agrario y otras leyes, las tierras mal habidas durante la dictadura (unas 12 millones de hectáreas aproximadamente) deben ser distribuidas entre las familias campesinas para su trabajo. Sin embargo, los mismos datos oficiales demuestran que, en lo que va del proceso de transición, más del 90% de las tierras obtenidas por los campesinos fue resultado de la ocupación. Es decir, menos de un 10% fue tramitado con éxito por la vía legal. Esto se debe fundamentalmente a la corrupción existente en las entidades encargadas de llevar a cabo la Reforma Agraria.

Actualmente hay alrededor de 2000 campesinos imputados judicialmente por acciones casi siempre relacionadas con la ocupación de tierras mal habidas (a veces reales, a veces inventadas por fiscales y jueces cómplices del sector agroexportador), pero todos gozan de medidas sustitutivas a la prisión. De ahora en más esto será historia y las cárceles se poblarán de personas que luchan por una vida digna.

No es casual que en este momento, cuando se está proyectando la construcción de varias plantas de etanol, de la hidrovía Paraguay-Paraná, de megapuertos para la exportación de soja y mucha más infraestructura para agilizar el proceso agroexportador, se estén endureciendo las leyes contra el sector de la sociedad que de manera más enfática se opone al avance de los monocultivos. Un campo sin campesinos, sin alimentos ni fauna ni flora silvestre es el modelo de “desarrollo” que por órdenes de la burguesía planetaria se está imponiendo en el país. Quienes quieren seguir consumiendo alimentos sanos, bebiendo aguas limpias, respirando aire puro, arraigados a sus tierras ancestrales y practicando la agroecología son criminales y esto, sin escrúpulos, nos lo ha demostrado este año el Estado paraguayo.

El doble filo de los medios de comunicación: defensores del pueblo y justificadores de las violaciones.

En las sociedades occidentales los medios de comunicación juegan un papel siempre más importante en cuanto a la formación de opinión pública y conciencia ciudadana. En Paraguay, la esquizofrenia discursiva parece no ser monopolizada por el gobierno, ya que también los medios de comunicación son capaces de manipular las informaciones para favorecer exclusivamente a los grupos de poder que los benefician. Esto no es novedoso, sin embargo, es importante considerar el rol que han ejercido los medios en la construcción y justificación de ciertos patrones que moldean el sistema alimentario.

En varias ocasiones a lo largo del año se han denunciado en los periódicos, radios y televisoras casos de comunidades campesinas, indígenas o hasta urbanas, que estaban sufriendo los azotes del hambre y la malnutrición. De por sí, es un hecho positivo que se publiquen casos como estos, ya que puede llamar la atención a la ciudadanía y, por tanto, a los gobernantes, quienes quizás sean movidos a actuar para remediar estas violaciones. Sin embargo, cuando estas situaciones se presentan desconectadas de las causas reales que las producen, no es posible que en el imaginario colectivo las mismas dejen de ser producto de una fatalidad del destino. Se termina entonces ocultando los problemas estructurales que dan pie a situaciones de este tipo, lo que se traduce en una justificación implícita del modelo económico dominante.

¿Qué decir de la postura que asumieron todos los medios de comunicación cuando en la cámara de diputados iba a ser tratada la ley de agroquímicos? Ni uno de ellos dio voz en paridad de condiciones a campesinos y sojeros, favoreciendo desproporcionadamente el discurso de estos últimos que son una ínfima minoría frente a todas las familias campesinas. ¿Qué decir de los periódicos que publican artículos que manifiestan preocupación por la suba de los precios de los alimentos, por un lado, y, que dan la bienvenida y el apoyo incondicional a la producción de agrocombustibles, por el otro? Lo que se pretende con este discurso que es iniciado desde las plataformas estatales y magnificado por los medios de comunicación, es construir una ciudadanía esquizofrénica que no sea capaz de encontrar el vínculo que conecta al hambre con los agrocombustibles, a la pobreza con la soja y a las desigualdades con la cuestión rural. Es poner una cortina filantrópica delante de la crueldad del modelo agroexportador para seguir reproduciendo las condiciones de la existencia.

Como una estructura más del poder, los medios de comunicación han defendido el derecho a la alimentación sólo cuando ello no atentaba contra sus propios intereses, y lo han hecho de manera tal a ocultar los vínculos que las violaciones tienen con la estructura económica del país.

Acciones de la sociedad civil

Varias organizaciones de la sociedad civil vienen poniendo en el debate nacional el tema de la soberanía alimentaria. Ese ha sido el discurso de gran parte de las organizaciones campesinas, entre ellas la CONAMURI, que realizó una marcha por el día mundial de la alimentación, al culminar su congreso nacional, exigiendo que se impulsen políticas tendientes a conseguir la soberanía alimentaria, partiendo de la producción, pasando por la distribución y llegando al consumo.
También las personas de la tercera edad trabajaron en una ley que les garantice una canasta alimentaria, exigiendo una renta básica mensual.
Por otra parte, algunas organizaciones y partidos políticos están iniciando un proceso de discusión sobre una ley que garantice el derecho a la alimentación y un plan nacional de seguridad alimentaria.

Por lo demás, otras organizaciones han seguido sus programas de asistencia alimentaria a distintas facciones de la población.

Conclusiones

Alimentos mucho más caros, menor disponibilidad, agroexportación, menos productores, remuneración ínfima, horarios de explotación, oligopolios más concentrados. Con estas palabras clave se podría definir el sistema alimentario paraguayo del año 2007.

De seguirse impulsando, como en los últimos años, el modelo de producción de la soja, ahora con el agravante de los agrocombustibles, los precios de los alimentos van continuar subiendo a un ritmo muy acelerado, el stress ecológico se hará más intenso, la pobreza y las desigualdades más profundas y el mercado laboral más restringido y explotador. La población en general lo va a sentir y el goce del derecho a la alimentación sufrirá una de las amenazas más importantes de la historia.

Esto puede ser un buen punto de partida para que la gente empiece a tomar conciencia y se una en pos de un mundo en el que el goce de los derechos humanos sea equitativo para todos.

Recomendaciones

Haciendo eco de las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación se exige una MORATORIA INMEDIATA A LA PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES, hasta tanto se evalúen los impactos que serán producidos en el sistema alimentario. El Relator Especial propone concretamente una moratoria de 5 años.

Elaborar una ley que reglamente específicamente el derecho a la alimentación y el modo de hacerlo operativo en el marco de un Plan Nacional de Soberanía alimentaria que priorice de manera absoluta la atención a las unidades familiares de producción primaria, promoviendo una práctica agroecológica, diversificada y destinada a los mercados internos hasta tanto se satisfaga completamente la demanda existente. La agroexportación debe ser considearada únicamente cuando toda persona que reside en Paraguay pudo acceder a una alimentación suficiente y adecuada.

(*) Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación

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