Asunción, 14 de abril 2025 (BASE-IS) El inicio de 2025 se ha caracterizado por un recrudecimiento alarmante de la violencia estatal contra las comunidades campesinas e indígenas, evidenciando tendencias estructurales que configuran el modelo de (mal) desarrollo paraguayo. Entre estas, destaca el acaparamiento de los sectores agroexportadores sobre los territorios de las comunidades que resisten al extractivismo.
Estos sectores –históricos aliados del Estado y su aparato represivo– ejercen una influencia determinante en la protección de sus intereses económicos, violentando sistemáticamente derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas. Este informe está organizado en tres partes, no distintas, sino complementarias.
En la parte I, un breve análisis del escenario político-social en el que se inscriben los hechos violentos contra las comunidades campesinas e indígenas, y se presenta un cuadro que resume las situaciones de criminalización de diciembre 2024 a febrero 2025.
En la parte II, se describen 4 situaciones de desalojos violentos contra comunidades campesinas en los Departamentos de Canindeyú, San Pedro y Concepción.
Y, por último, en la parte III se informa sobre otras situaciones de atropello y amenazas sobre las comunidades y una reflexión final en cuanto a la escalada de violencia de la que son víctimas las comunidades rurales en Paraguay.
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Violencia estatal contra comunidades campesinas e indígenas marca el inicio de 2025
Parte 1 Escenario político-social
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