Informe sobre el derecho a la alimentación en Paraguay 2006

Este artículo pretende sintetizar los principales hechos que acontecieron en el país durante el año 2006 relacionados con el derecho a la alimentación. Se toma como punto de partida el derecho a la alimentación tal cual se encuentra definido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el artículo 11.1 y especificado por la Comisión DESC en la Observación General Nº 12. Allí se indica que el derecho a la alimentación se satisface cuando “todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.

La situación alimentaria de la población paraguaya no refleja el goce pleno del derecho a la alimentación. En primer lugar, quienes mayormente sufren problemas de salud relacionados con una mala alimentación son los indígenas, las mujeres y los niños, negando el principio de no discriminación contenido en todos los derechos humanos. En segundo lugar, el acceso físico y/o económico con estabilidad en el tiempo tampoco están garantizados. En el campo, debido a la expansión de la agricultura empresarial que deteriora fuertemente las condiciones del suelo, de las aguas y del ambiente en general, y perjudica directa o indirectamente las posibilidades de producción alimentaria de las familias campesinas. En las ciudades, un mercado de trabajo que absorbe y explota a los que tienen más suerte y que excluye a los menos afortunados, sumado a una oferta alimentaria que cada vez se concentra más en los supermercados, cuyos precios dependen de las casualidades y especulaciones en el mercado, hace que el acceso a los alimentos sea cada vez más difícil. Por las mismas razones recién mencionadas, tanto para el campo como para la ciudad, y este es el tercer punto, se produce una reducción de la capacidad de acceder a alimentos adecuados en cuanto a calidad, ya que, por un lado, la contaminación agrícola de productos alimentarios es cada vez más intensa y, por el otro, el poder de compra de los consumidores es menor.

Se dividirá este informe en puntos centrales:

a) Situación alimentaria de la población paraguaya

Decir que el 14,1% de la población paraguaya es desnutrida y que el 9,2% de los niños nace con un peso inferior al normal son datos que no nos permiten llegar al fondo de la cuestión alimentaria. Podríamos añadir los índices de deficiencias por micronutrientes y tendríamos una mejor idea, aunque tampoco acabada del asunto. Además, sería volver a presentar los mismos índices de años anteriores, ya que no existen datos nuevos. Aún si existieran estos datos, los mismos serían nada más que la punta del iceberg que se deja ver, ya que los problemas de salud relacionados con la alimentación son extremadamente variados y misteriosos. Muchas veces los mismos médicos no logran encontrar las causas de una enfermedad en un paciente y mucho menos podremos relevar datos estadísticos cuantitativos sobre las causas de las distintas enfermedades que afligen a los ciudadanos del país.

Algunos datos estadísticos, sin embargo, permiten realizar vínculos hipotéticos entre la alimentación y la salud a nivel macrosocial. Por ejemplo, si se exploran algunos datos de salud en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra una tasa de mortalidad causada por diversos tipos de cáncer que, a partir del año 95 hasta el 2002, no ha parado de crecer. Casualmente, en esta época se produce el ingreso de los cultivos transgénicos al país. Esto, sumado a los estudios que demuestran los efectos adversos para el organismo de algunos agroquímicos y de plantas genéticamente modificadas, permite suponer la existencia de un vínculo entre estos alimentos y el deterioro de la salud, que se valida aún más al considerar que las neoplasias que en este período se expanden, mayormente son aquellas que afectan al tubo digestivo y el peritoneo.

La relación transgénicos, deterioro de la salud se muestra bastante evidente, aunque algunos sectores fanatizados, principalmente por las ganancias que los mismos les ofrecen, tratan de ocultarla e incluso de invertirla. Esto ha llevado a frenar el desarrollo y la publicación de muchas investigaciones científicas y a promover la soja como la maravilla alimentaria que resolverá todas las deficiencias del país. Lo mismo crea confusión en la opinión pública. Ante esta situación, lo menos que podrían hacer el Estado y la ciudadanía es tomar sus precauciones en cuanto al consumo de alimentos transgénicos, pero el Estado, sobornado directamente por los empresarios del sector sojero renuncia a su deber de hacerlo y la ciudadanía no lo puede hacer ya que no existen ni siquiera leyes que obliguen a los productores a dar informaciones sobre sus productos.

b) La soja: veneno omnipresente en los alimentos

Muchas instituciones han promovido últimamente el consumo de la soja como alimento estrella para combatir las deficiencias nutricionales de la población. En realidad, esta es una política genocida promovida por ignorancia en algunos casos y por cinismo en otros. Dos consideraciones caben al respecto. Una, que la soja no es un alimento propiamente humano ya que contiene sustancias perjudiciales para su organismo. Dos, que toda la soja que se cultiva en nuestro país es transgénica y, por tanto, no natural y expuesta a dosis mayores de herbicidas más potentes.

Existen muchos estudios científicos que demuestran los efectos negativos de la soja en el organismo humano, aunque los mismos son ocultados por todos los medios al alcance de la maquinaria capitalista. La soja contiene fitatos que, en el ser humano, obstaculizan la absorción del calcio, del hierro y del zinc, además de impedir el normal desarrollo del sistema inmunológico. Esto hace que la edad menos indicada para el consumo sea la infancia, ya que es cuando el organismo necesita más que nunca incorporar estos elementos. No en balde la Sociedad Argentina de Pediatría, en el año 2001, desaconsejó la utilización de soja en la alimentación de niños menores de cinco años, y está contraindicada en menores de dos años . Además, la soja contiene isoflavonas. Estas sustancias son fitoestrógenos que actúan como hormonas sexuales que inciden en los ciclos y en el desarrollo reproductivo, acelerando el proceso de maduración sexual en las mujeres y retardándolo en los varones. La sacralización y veneración de la soja como alimento estrella son promovidas por las empresas vinculadas al agronegocio, cuyos beneficios económicos dependen del consumo de la oleaginosa. En esta dinámica entraron muchas universidades que han producido información científica básicamente falsa que continúa siendo difundida. Para los adultos se podría recomendar el consumo dentro de una dieta equilibrada y completa, no como sustituto de ninguna proteína, pero, si se considera que toda la soja actualmente producida en el país es transgénica (Última Hora, 7 de noviembre: 27) y que ésta tiene efectos aún peores en la salud dado que es capaz de resistir a dosis mayores de herbicidas más potentes (y más perjudiciales para los seres vivos) y dada su composición no natural, no sería tampoco recomendable su consumo.

El Estado paraguayo, sin embargo, en vez de controlar la producción, canalizar la información y evitar el consumo de la misma, velando por la salud de los ciudadanos, ha respondido cabalmente a los dictados de las empresas transnacionales involucradas mediante la promoción de su producción y utilización en la alimentación de personas de cualquier edad, y sobre todo de los niños.

Y no sólo esto ha hecho, también ha obstaculizado la posibilidad que la información sobre los productos fluya de manera libre y transparente hacia el consumidor. En un encuentro realizado en marzo en Curitiba entre las naciones signatarias del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, se acordó que la obligatoriedad de identificar y etiquetar los productos transgénicos entrará en vigor en 2012. Paraguay junto con México trató de impedir la firma del acuerdo y proponer normas menos rigurosas. Por más de que el acuerdo esté firmado, las intenciones del gobierno demuestran ser contrarias, hecho que de seguro no motivará en la práctica la aplicación de la normativa.

Esto no debe preocupar solamente a aquellos que consumen productos directamente derivados de la soja ya que una amplia gama de alimentos procesados contiene lecitina de soja (la proteína de la soja) entre sus ingredientes. Esta gama va desde las galletitas, chocolates y leche en polvo hasta los embutidos y yogures pasando por una cantidad inimaginable de productos. Si se considera que la totalidad de la soja que se planta en Paraguay es transgénica no existe alguna posibilidad de que este ingrediente sea natural. ¿Habrá sido este el motivo por el cual el gobierno paraguayo obstaculizó el acuerdo que obliga a aclarar en la etiqueta de los alimentos la composición transgénica de los mismos? Pues bien, allí tenemos el claro ejemplo de cómo Paraguay y otros Estados de la región están renunciando al cumplimiento de su deber de proteger a los consumidores, cuidando la inocuidad de los alimentos disponibles en el mercado e informándoles sobre los productos que están consumiendo.

c) La política del gobierno sigue contribuyendo al deterioro de la situación alimentaria

Decir que el gobierno paraguayo no da respuesta al empeoramiento de la situación alimentaria de la población quizás no sea muy exacto, ya que no sólo ignorancia del problema se percibe de parte del mismo, sino que muchas veces se practican políticas que atentan directamente contra la seguridad alimentaria del pueblo paraguayo.

Esto es lo que sucedió en Curitiba cuando se trató de impedir la firma del acuerdo sobre el etiquetado de transgénicos (que no es tan siquiera una medida suficiente ni inmediata para la protección de la salud de los consumidores) y también lo que sucedió en el encuentro sobre la “Soja Responsable”. Al alentar la continuidad de la expansión del modelo sojero, esta vez maquillando su irresponsabilidad e injusticia inherentes, el gobierno colabora directamente con la instauración de un sistema alimentario inseguro y dependiente (condición que ocupa el polo contrario a la seguridad y soberanía) La soja, unida a la ganadería, es parte principal de un modelo agroexportador que genera miseria e inseguridad alimentaria para las grandes mayorías populares y algunos beneficios económicos para muy pocas personas. Un pequeño análisis del sistema alimentario nos puede ofrecer una idea de lo que acarrea este modelo de desarrollo rural.

d) El sistema alimentario: la expansión de los oligopolios productivo y de comercialización

Vamos a comenzar exponiendo lo que sucedió este año en el campo. Según CAPECO, en 2005 el área de siembra de soja alcanzó una superficie de 2.000.000 de hectáreas, mientras que en 2006 la misma fue de 2.227.484 hectáreas. O sea que otras 227.484 hectáreas se han incorporado este año al territorio sojero. Sin considerar la expansión del hato ganadero, esto significa que nuestro país ha renunciado a la posibilidad de producir alimentos para más de 22.000 familias paraguayas. Si calculamos que 10 hectáreas de tierra pueden producir alimentos suficientes para una familia campesina y un excedente para la venta, deberíamos considerar que no sólo las familias productoras quedan sin disponibilidad física de alimentos, sino que también aquellas potenciales beneficiarias de su producción. Esto significa que (suponiendo que nada más el 20% de la producción pueda ser comercializado) unas 132.000 personas dejarán de consumir productos nacionales y pasarán a los importados (calculando en base a la familia promedio de 5 integrantes), en su mayoría controlado por las transnacionales. La línea de pobreza extrema se fija por convención en U$ 1 diario, lo cual significa que se necesita 1 dólar por día para acceder a una canasta alimentaria básica. Pues bien, este año esas 132.000 personas que no podrán consumir productos nacionales deberán dirigirse a los supermercados a comprar productos procesados, envasados o producidos por grandes empresas, las más de las veces transnacionales. Por tanto, estas empresas pasarán a controlar un mercado de 132.000 dólares diarios, lo cual significa 3.960.000 dólares mensuales y 48.180.000 dólares anuales. Monto bastante significativo para nuestra economía.

Si pudiéramos hacer que sólo la mitad de este monto llegue a pequeños productores, las condiciones de vida en áreas rurales serían mucho mejores. Consideremos que el préstamo con el que se han construido cientos de sistemas de agua potable en el campo es de 20.000.000 de dólares. Debe tenerse en cuenta que este es sólo el crecimiento del mercado que corresponde a este año, pero, considerando que por lo menos el 80% de la población urbana del país realiza sus compras en los supermercados, tendríamos el monto real que mueve dicho mercado. Si se hace nada más que un cálculo bruto suponiendo que dos millones de paraguayos acceden a los alimentos necesarios en el supermercado y que gastan 1$ por día, estamos hablando de un mercado de 2 millones de dólares diarios, lo cual significa 60 millones de dólares al mes o 730 millones de dólares al año. Y eso que este es un valor mínimo que se obtiene homologando los gastos en alimentación a la línea de pobreza extrema. El monto real sería en verdad mucho mayor si se considera el gasto de las clases más elevadas.

El control de los supermercados sobre la oferta de alimentos se incorpora en realidad a todo un sistema de producción controlado por oligopolios en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Esto quiere decir que un núcleo de poder cada vez más fuerte (los supermercados) puede imponer sus condiciones a los productores, acopiadores, procesadores y transportadores. Todos deben responder a las exigencias del supermercado para poder dar salida a sus productos, pero los únicos capaces de hacerlo son los integrantes del oligopolio que se va formando en cada eslabón. También los consumidores pasan a formar sus hábitos alimentarios de acuerdo a los precios y productos que se ofrecen en el supermercado.

El problema fundamental que surge con este sistema es que los principios a los que responden las políticas comerciales de los supermercados no son los de calidad, salubridad, responsabilidad o justicia social; son los principios del marketing y la competencia en el mercado.

Para vender un producto, más que calidad o salubridad del mismo, hace falta vender una imagen. Los productos exigidos por los supermercados deben poseer óptimas condiciones en cuanto a su apariencia, sin considerar que la misma es obtenida las más de las veces por medio de la aplicación intensiva de químicos agrícolas que pueden ser perjudiciales para la salud.
Además, la oferta de productos alimentarios debe ser constante en el año, hecho que obliga a almacenar durante mucho tiempo o a transportar largas distancias algunos productos, no sin evitar mientras la aplicación de químicos. Los consumidores terminan así perdiendo la noción de la temporalidad de la producción, dejan de consumir productos frescos de estación, y pasan a consumir productos con elevados niveles de tóxicos cuya disponibilidad y precio dependen de los mercados interno y externo.

En cuanto a la producción, de más está decir que para obtener productos a buenos precios hace falta o explotar a los trabajadores, o valerse de las economías de escala que son intensivas en capital. Las exigencias de cantidad constante y calidad (o imagen) de la producción que imponen los supermercados terminan por ahogar a los pequeños productores, quienes no encuentran vías de salida de sus productos al mercado. Así, los oligopolios de la oferta y la producción se fortalecen mutuamente. Al exigir determinadas características cuantitativas y de apariencia de la producción se está favoreciendo el crecimiento de grandes empresas agrícolas que, además de ser las únicas que pueden adecuarse a estas exigencias productivas, son las únicas que están en condiciones de aguantar los mecanismos financieros de pago por los productos (algunos supermercados están pagando seis meses después de la entrega de los productos!!).

Dado que una buena parte de productoras agrícolas y supermercados están en manos de extranjeros y que si no, responden a una lógica de mercado internacional. Se puede afirmar que este año el crecimiento de enormes proporciones del control extranjero sobre la producción alimentaria ha sido de enormes proporciones. Esto perjudica directamente a nuestros consumidores, ya que impide el acceso a los alimentos necesarios para llevar una dieta balanceada. El caso de la carne es el ejemplo más ilustrativo y lo trataremos en el siguiente apartado.

e) La falta de presupuesto para el INAN

El único estamento encargado de velar por la seguridad alimentaria en el país es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Éste funciona como una dependencia del Ministerio de Salud, lo cual quiere decir que no tiene fondos directamente asignados por el Presupuesto de la Nación. Si bien este Instituto ha hecho lo suyo, la falta de recursos y de coordinación interinstitucional dificultan su trabajo.

El INAN ha realizado demandas a productores y proveedores por no adecuarse a las leyes vigentes en el país. En uno de los casos se constató la comercialización de harina de trigo no enriquecida con hierro, siendo que la ley obliga. En otro caso se hizo una demanda contra una transnacional que comercializa sucedáneos de la leche materna y que se negaba a etiquetar el producto como establece la ley. En ambos casos se ha ganado el juicio.

Por un lado, se debe entender que ocuparse de la alimentación no pasa simplemente por educar a la población en cuestiones alimentarias, sino por la creación de un sistema alimentario que regule de acuerdo a las necesidades de la población la producción, el acopio, el procesamiento, el transporte, el expendio y el consumo. Se necesita primero garantizar el acceso a los alimentos adecuados para después educar sobre cómo manipularlos y consumirlos. Por otro lado, se debe considerar la importancia de la labor de las instituciones que se encarguen de estas cuestiones y asignar presupuestos que satisfagan las necesidades reales de las mismas.

f) Cambio climático y alimentación

La producción de alimentos está íntimamente ligada a las condiciones ambientales, y de manera fundamental con aquellas climáticas. El cambio del clima que se está dando a escala planetaria ya ha comenzado a dejar ver sus consecuencias en la agricultura. Las sequías e inundaciones que se alternan de unos períodos a otros destruyen cultivos e impiden que se planten nuevos, perjudicando así la producción alimentaria.

A nivel mundial, se espera que estos fenómenos encarezcan los precios de productos alimentarios y de materias primas en los próximos años. Dadas las actuales políticas de producción del país, podemos esperar que nuestro territorio siga funcionando como un granero especulativo que apuntará a la producción de los bienes mejor cotizados a nivel internacional. Esto significa que comenzará a ocurrir lo mismo que ocurrió con la carne este año con otros productos alimentarios: que, dados los elevados precios internacionales, los productores se ven motivados más que a nada a exportar su producción y eso produce una escasez en el mercado interno que, como se observó en los últimos meses de este año disparó los precios a niveles que muy poca gente puede pagar para equilibrar la oferta y la demanda.

Con mucho orgullo y algarabía se festeja en los medios de comunicación el aumento de las exportaciones de carne que ya a fines de setiembre había superado en 107 millones de dólares los ingresos de todo el año anterior (Última Hora, 13 de octubre: 10). La otra cara de la moneda es la de los consumidores que se lamentan la escasez y los precios exorbitantes de la carne en el mercado interno, factores que disminuyen, cuando no impiden, la presencia de la misma en las mesas de las familias paraguayas. Pero, este sistema llega al ridículo cuando se anuncia que se comenzará a importar carne de la Argentina para abastecer al mercado interno. Es decir, producimos para exportar e importamos para consumir ¿Qué consideración del medio ambiente cabe en un sistema como este? ¿Cuántos millones de litros de combustible se queman y cuánto carbono se expide para transportar los 145.970.000 de kilos de carne hasta países europeos y asiáticos y cuánto de lo mismo pasa al importar desde la Argentina?

Los grandes perjudicados en la lógica de este sistema son los consumidores nacionales y el medio ambiente. El único justificativo que le queda al mismo es que aumenta las ganancias de un puñado de capitalistas tanto en el centro como en la periferia y que, según la ideología por ellos difundida, se redistribuiría entre la población en general. Los datos demuestran otra cosa. Esta dinámica sigue y seguirá concentrando en manos de unos pocos los beneficios monetarios que puedan obtenerse.

Esto nos pone delante de una violación del derecho a la alimentación y al medio ambiente sano. El Estado paraguayo, promoviendo las exportaciones de carnes, atenta directamente contra las posibilidades de todos y todas los paraguayos y paraguayas de incluirla este alimento en una dieta equilibrada, de gozar de un ambiente saludable y de producir y consumir otros alimentos sanos. Se ha llevado al país a un estado completamente vulnerable a los resultados del juego de la gran ruleta mundial.

G) El deterioro del ingreso real

El poder adquisitivo de la población ha continuado este año en decadencia. El aumento relativo de los precios de la canasta alimentaria ha empeorado aún más las condiciones de vida de las familias paraguayas. Un estudio asevera que 504.000 habitantes del Área Metropolitana de Asunción AMA (de los 1.800.000 que viven en esta zona) tienen un ingreso de hasta 1 millón de guaraníes y gastan la mitad de los mismos en alimentos. Esto se da no sólo por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del salario real, sino también por el aumento relativo de los precios de los alimentos.

Los consumidores de baja renta de Asunción y Gran Asunción aseguran que, para la compra de los productos primarios, prefieren dirigirse al supermercado, ya que éste lugar les da más confianza, y que cuando eligen los productos optan principalmente por el precio y no por la marca o la calidad. (La Nación 20.10.06 p.12).

La inestabilidad del mercado alimentario producida por la falta de planificación de la producción y del control de la cadena alimentaria por parte del Estado acentúa la inseguridad de la población en cuanto al acceso a una alimentación adecuada. Son más bien las condiciones climáticas, los mercados externos y las reformas tributarias los que rigen los precios y la oferta alimentaria. La oferta de productos hortícolas y frutales ha dependido en gran medida de las condiciones climáticas, mientras que los precios de la carne parecen depender más que nada de las dinámicas del mercado internacional. Por otra parte, desde enero de este año se ha comenzado una nueva reglamentación impositiva que incluye la aplicación del IVA a nuevos productos alimentarios y reduce el porcentaje que se aplica a otros. Mientras que los precios restringen cada vez más el poder de compra de las familias paraguayas el gobierno no tiene en planes desarrollar una política alimentaria seria que pueda garantizar el derecho a la alimentación adecuada a cada ciudadano. Al contrario, se aplica una reforma tributaria que incrementa las recaudaciones por impuestos indirectos y disminuye los directos, recayendo el peso mayor sobre los estratos medio y bajo de la población y, como ya se mencionaba, promueve una política fundamentalmente agroexportadora y centralizadora de la oferta alimentaria (la “formalización” pretendida de la economía atenta directamente contra la posibilidad de los pequeños emprendedores de continuar con sus actividades).

Durante el año los sectores privados (supermercados) han realizado una campaña de abaratamiento de productos alimentarios, pero ni la duración ni los objetivos (comerciales) de la misma tuvieron efectos significativos en el poder de compra de los consumidores. Es más, este hecho ha dado una demostración de que los supermercados operan carteles que afectan a los precios de oferta de productos de primera necesidad que no son en absoluto regulados por alguna entidad del Estado.

Conclusiones y recomendaciones

La cadena alimentaria está cada vez más controladas, en todos sus eslabones, por unas pocas grandes empresas, ya sean nacionales o transnacionales pero con los mismos principios mercantiles impuestos por el neoliberalismo. Esto significa una disminución de la soberanía no sólo alimentaria sino de nacional en todas sus dimensiones. Un pueblo que no tiene qué comer es un pueblo que fácilmente será sometido. La política del gobierno paraguayo, sin embargo, parecería apuntar cada día más hacia una plena inserción en el mercado global de commodities, desconociendo, ya sea por ignorancia o cinismo, que este mercado pretende aniquilar nuestra soberanía y convertirnos en la República Forrajera y Carnicera del Paraguay.

Es hora de intervenir en el mercado alimentario. El mismo no puede dejarse a merced de las caprichosas leyes del mercado (impuestas por los legisladores del capitalismo) ya que la alimentación adecuada es un derecho humano universal y el Estado paraguayo contrajo obligaciones externas e internas de respetar, proteger y garantizar el mismo.

Por lo demás, antes que nada se insta a todos los actores sociales tanto gubernamentales como no gubernamentales a cesar inmediatamente la promoción de la soja como alimento estrella para combatir las carencias alimentarias. En primer lugar, porque es un alimento que no se adecua a las tradiciones culturales del país y viene impuesto por un sistema de producción alimentaria global que responde a las necesidades del modelo económico dominante. En segundo lugar, porque la soja de por sí contiene sustancias perjudiciales para el organismo humano sobre todo en la infancia y al ser transgénica contiene otras que la hacen aún más dañina. En tercer y último lugar, se debe dejar de consumir y promover el consumo de soja inmediatamente, porque el modelo sojero de producción agrícola es el principal responsable de la expulsión, muerte, persecución y encarcelamiento de miles de compatriotas campesinos y, en última instancia, consumir sus productos significa apoyar este sistema radicalmente injusto.

Se considera recomendable además promover la producción orgánica ya sea mediante la creación o el apoyo de microemprendimientos, ya sea mediante el consumo selectivo de productos locales y de estación, comercializados en lugares no centralizados que permiten una distribución más democrática de los beneficios económicos entre productores y comerciantes.

Por último, y siempre estará presente en las recomendaciones, es necesario formar una ciudadanía comprometida críticamente con la construcción de una sociedad más justa, mediante el ejercicio de su rol primordial de controlar y reclamar a sus representantes la defensa y garantía de sus derechos inalienables. El apoyo que se debe dar al campesinado para la resistencia al avance del modelo agroexportador pasa más que por la capacitación y la concientización por el ejercicio de una ciudadanía responsable y comprometida que exija al Estado el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
(Artículo publicado en el Informe Derechos Humanos Paraguay 2006. CODEHUPY)

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