Informe sobre el derecho al agua en Paraguay 2006

A continuación se presenta una síntesis de los principales hechos que ocurrieron en el país durante el año 2006 relacionados con el derecho al agua. El mismo es reconocido en el PIDESC en el artículo 11.1 y sus especificaciones se encuentran en la Observación General número 15 redactada por el CDESC. La Constitución Nacional, aunque no menciona explícitamente el derecho al agua, en los artículos 7 y 8 se refiere al derecho que tienen todos los ciudadanos de vivir en un ambiente sano, lo cual presupone el acceso a una cantidad suficiente de agua limpia.
El derecho al agua, como el resto de los derechos humanos, no puede ser aislado de los demás derechos. El mismo es la base del derecho a un medio ambiente sano, del derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna, etc. Pero el goce del mismo se hace posible únicamente cuando la educación permite conservar los recursos disponibles. Además, el estado en que se encuentran las aguas en un territorio nos puede dar un indicio del nivel de desarrollo humano y sustentable del país. El cuidado de las mismas es producto de un elevado grado de conciencia ambiental y social, fruto de la educación y de las relaciones transparentes en la gestión de la cosa pública. Es decir, la transparencia de las aguas reflejará aquella de las relaciones políticas, económicas y sociales de una sociedad.
Dada esta relación entre el nivel de desarrollo humano y sostenible y la situación de las aguas, un breve vistazo al panorama actual nos puede dar una pauta de la degradación social que ha producido el modelo económico dominante.
La crisis del agua se viene agudizando en distintos puntos del planeta, ya sea por la contaminación o por la escasez, tanto que este año el Informe Desarrollo Humano del PNUD está dedicado a la situación de los recursos hídricos en el mundo y su garantía al acceso como derecho. Cabe aclarar que, en muchos casos, la puesta en primer plano de la situación del agua en la agenda política mundial responde a un supuesto interés filantrópico por resolver la falta de acceso de los 1,2 mil millones de personas que no disponen de un sistema de abastecimiento seguro, pero debajo del mismo pueden camuflarse intereses reales de la industria capitalista que cada vez necesita mayor cantidad de agua para la producción de bienes. En sólo 10 años el consumo industrial del agua en Estados Unidos se quintuplicó (AQUASTAT).
Nuestro país no se encuentra ajeno a esta crisis. En primer lugar nos afecta el cambio climático. Durante varios meses de este año en casi todos los departamentos se han dado sequías prolongadas, no sólo en el Chaco como era más frecuente, sino también en la Región Oriental. Estos hechos, sumados a la escasez de la cobertura de los servicios sanitarios y a los muchas veces ineficientes servicios disponibles, representan una grave dificultad para la satisfacción del derecho al agua de cientos de miles de ciudadanos paraguayos y, con ello, un impedimento para el goce de otros derechos. En tercer lugar, se mantiene acelerado el ritmo de contaminación de los principales cursos y reservas de agua del país, incluyendo el acuífero Patiño que, se calcula, abastece a casi un tercio de la población del Paraguay.
Mientras tanto, los intereses capitalistas están al acecho. Así, desde muchos sectores se viene planteando la privatización de la gestión y los servicios como solución al problema. Sin embargo, no sólo las experiencias internacionales demuestran que dicho sistema es aún menos confiable que los sistemas públicos (corrupción e ineficiencia consideradas), ya que también aquí ya se han dado casos de abuso por parte de empresarios aguateros.
Cuatro puntos fundamentales son los que nos ocuparán en este informe entonces: el cambio climático y las alteraciones del ciclo hidrológico; la cobertura de los servicios y las políticas públicas; la contaminación de las fuentes y; algunos casos de abuso representativos por parte de prestadores de servicios sanitarios.

El cambio climático y las alteraciones de los ciclos hidrológicos.

Los medios de comunicación han cubierto en algunas zonas del país el problema de la sequía. Si bien se sabe que las informaciones de los medios dominantes no son exhaustivas en cuanto a extensión geográfica, son el medio de más fácil acceso para poder tener conocimiento de por lo menos algunas situaciones. A continuación se presenta un resumen de las noticias relacionadas con la sequía que aparecieron en dichos medios durante el año.
En el departamento de Itapúa tanto los pobladores de áreas urbanas como aquellos de áreas rurales sintieron la falta de agua. En el campo la producción agrícola es cada vez más difícil, mientras que en la ciudad los servicios de agua potable no dan abasto ya que sus fuentes se encuentran prácticamente vacías. (La Nación, 30 de julio: 50)
En Ciudad del Este el Lago de la República se va quedando cada vez con menos agua. Al mismo tiempo el agua de los pozos comunes de la zona, e inclusive de algunos pozos artesianos, ya se ha agotado. La Essap abastece solamente al 20% de la población de Ciudad del Este e Itaipú abastece a algunos barrios. Ante la falta de agua, el municipio está organizando la distribución por medio de los bomberos. También Itaipú contribuye a sobrellevar la crisis. (Abc, 5 de agosto: 35)
Emboscada es otro distrito en el que preocupa la sequía. Aunque aquí todavía la situación no afecta directamente al consumo humano, la producción agropecuaria sí sufre las consecuencias. (Abc, 9 de agosto: 35)
Los departamentos de Canindeyú y San Pedro fueron también duramente azotados por la sequía. Se calcula que unos 200 pozos que abastecían a los pobladores se secaron. Esto ha obligado a muchos de ellos a acarrear agua de ríos y arroyos. Las mismas, al no ser aptas para el consumo humano, han ocasionado enfermedades del tubo digestivo principalmente a los niños. (La Nación, 10 de agosto, sección País)
En el Chaco se agudiza el problema de la sequía por la falta de lluvia. Cinco meses han pasado sin que ninguno de los tres departamentos del Chaco haya recibido lluvias considerables. Los aljibes, tajamares y pozos se encuentran casi totalmente secos. La mala calidad de las pocas aguas disponibles es responsable de muchas enfermedades que afectan más que nada a la población indígena y, entre ellos, sobre todo a los niños (La Nación, 10 de agosto, sección País; Última Hora, 11 de agosto: 21; Abc, 20 de agosto: 51; Abc, 7 de setiembre: 38; Abc, 14 de setiembre: 43)
Los pobladores del barrio Santo Domingo, a escasos diez kilómetros al norte de Encarnación sufren una aguda escasez de agua. La infraestructura que había sido construida por SENASA nunca satisfizo plenamente la demanda, ya que ni el pozo, ni la bomba tienen la capacidad requerida. Sin embargo, hace unos 15 días el problema se hizo aún más grave. El sistema de distribución de agua ha dejado, por completo, de proveer agua a los pobladores de la comunidad. se ha quedado sin agua por completo. Ante la imposibilidad, característica de cualquier ser vivo, de prescindir de este líquido, los pobladores han acudido a un pequeño arroyo o a la reapertura de sus antiguos pozos para satisfacer sus necesidades. La contaminación de estas fuentes, sin embargo, se hace visible en el deterioro de la salud de varios niños desde el inicio de la escasez (Abc, 27 de julio de 2006, p.39).La falta de agua está íntimamente ligada con la situación nutricional. En varias zonas chaqueñas, con el prolongarse de la sequía, se agravan los problemas de alimentación, ya que la producción se torna inviable.
Son éstos los resultados de la implementación de un modelo de desarrollo que poco o nada considera la conservación de la naturaleza. La parte más dura se la llevan aquellas personas que tienen quizás la menor de las culpas en el asunto. El gobierno y sus incompetentes planes de desarrollo realizados tímidamente en un mar de corrupción no ayudan a dar solución a los problemas sino más bien contribuyen a profundizarlos.

Las políticas públicas
Antes que ocuparse de contrarrestar los efectos del cambio climático el gobierno parece contribuir a acrecentar los problemas. ¿Qué decir de la política productiva agroexportadora de nuestro país? La misma se muestra sumamente incoherente con la sustentabilidad del planeta. En primer lugar se destruyen los bosques, lo cual altera los ciclos hidrológicos que se vuelven incapaces de recargar las reservas subterráneas y aceleran el proceso de erosión del suelo. En segundo lugar, el transporte de bienes se realiza mediante la combustión de materiales cuyos residuos contribuyen al calentamiento global y el deterioro del medio ambiente. ¿Qué tendríamos que decir de las exportaciones de carne que nuestro país realiza cada vez en mayor volumen mientras que para consumir en el mercado interno debemos importar? Paraguay quizás no sea el principal promotor de estas políticas a nivel mundial, así como tampoco es el principal productor de contaminación, sin embargo, los habitantes del país ya nos podemos dar cuenta de los efectos que ocasiona el seguimiento de este modelo productivo en el territorio nacional.

La contaminación de los cursos y reservas de agua.

Los principales responsables del deterioro de las condiciones de vida en el campo han sido los productores de soja y ganado, quienes continúan expandiendo sus propiedades, dejando a campesinos sin aguas, antes aún de expulsarlos de sus tierras. Las fumigaciones se siguen realizando sin escrúpulos sobre las reservas y cursos de agua, los contenedores se lavan o desechan en arroyos o riachos, y los tóxicos llegan en muchos casos hasta las aguas subterráneas.
En las áreas urbanas los problemas de contaminación tienen que ver más que con la mala disposición de las letrinas, los desechos de industrias, mataderos, curtiembres y hogares particulares, el lixiviado (agua que sale de los vertederos de basura), y las aguas servidas de servicentros y lavaderos.
Una de las reservas actualmente bajo amenaza es el acuífero Patiño. El mismo abastece directamente a aproximadamente un tercio de la población paraguaya. En el territorio que éste abarca existen unos 1.500 pozos de abastecimiento público, industrias de consumo de agua intensivo, viviendas y pequeñas áreas de riego.
El sistema hídrico se ve amenazado principalmente por la sobreexplotación, es decir, por la acelerada extracción de agua que supera el ritmo de reposición natural del acuífero. Como consecuencia, el nivel de reservas desciende cada vez más. Actualmente se cree que la salinización del agua observada en algunas zonas cercanas al río Paraguay puede tener que ver con la bajante, ya que ésta permitiría la filtración de aguas chaqueñas.
A la escasez generada por la sobreexplotación se suma la contaminación producida por las causas apenas mencionadas. En algunos pozos controlados se han encontrado coliformes fecales (bacterias cuya presencia en el agua es nociva para la salud) que posiblemente se han filtrado por las cloacas, pozos ciegos o letrinas y otras sustancias nocivas para la salud.
(Fuentes: ABC, 9 de noviembre de 2005 y 5 de enero de 2006, pp.34 y 35 respectivamente)
La pérdida cuantitativa o cualitativa de las aguas de este acuífero significaría, además del daño al equilibrio natural del ecosistema, un escenario propicio para la violación sistemática de derechos humanos. Actualmente se están llevando a cabo estudios para la protección de esta reserva que pueden ayudar, pero si no existe un control real y sanciones ejemplares a los principales responsables de la situación de nada servirán los estudios más completos y científicos del caso. Serán un despilfarro más de las instituciones públicas.

La mercantilización de los servicios de agua potable y saneamiento. Dos casos representativos.

Varias veces se ha mencionado los casos de Argentina o Bolivia como representativos de lo que puede ocasionar la privatización de los servicios sanitarios: suba de precios, ineficiencia del servicio, incumplimiento de proyectivas de extensión, etc. Estos abusos por parte de proveedores privados ya no son experiencias únicamente extranjeras. A continuación se presentan dos casos ocurridos en Paraguay en los últimos años.

En el Barrio San Miguel de San Lorenzo, usuarios de la empresa proveedora de agua Petereby SRL ( empresa integrante de la CAPA, Cámara Paraguaya de Empresas Aguateras), en el año 2001 iniciaron una movilización, reclamando mejor calidad en la provisión del agua y control a lo que se consideraba un abuso tarifario, pues el monto de cobro de éste variaba conforme la suba del precio del dolar americano, argumentado que estaba ajustado cada cambio a lo establecido en los diversos contratos individuales.
Julia Reyes, activista social de la zona y usuaria, Coordinadora de la Asociación de Consumidores del Paraguay (Filial San Lorenzo) llegó a plantear a todas las instancias posibles a donde era dirigida. En el tiempo que se iniciaba la movilización Julia ha sido amenazada de muerte presumiblemente en relación a sus denuncias públicas a los medios de prensa, sobre de la situación de desventaja de usuarios ante los empresarios del agua.
La relación con otras empresas proveedoras de agua es la siguiente: de 12.000 a 16.000 guaraníes que las empresas de alrededor de la zona cobran como mínimo de uso; los usuarios de Petereby, ahora hasta tanto se resuelva el caso, deben pagar el mínimo fijo de 41.000 guaraníes.
Por otra parte, en el barrio Palomar de la ciudad de Lambaré, los pobladores cuentan con un servicio de saneamiento privado, brindado por la empresa Consorcio de Obras Sanitarias. Unos veinte vecinos de la zona denunciaron en noviembre de este año que el desagüe cloacal había sido bloqueado con cemento por los empresarios que brindan el servicio debido a la morosidad de algunos usuarios.
Estos son claros ejemplos de la contradicción que existe entre la lógica económica y aquella de los derechos humanos y la salud pública en numerosas ocasiones.

Conclusiones

Podemos decir que el Estado paraguayo incumple sus deberes de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos cuando las políticas implementadas por el mismo peligran la satisfacción de dichos derechos. Llegamos pues a la clara conclusión de que la política agroexportadora impulsada desde distintos sectores del gobierno y del sector privado viola flagrantemente el derecho de los paraguayos y paraguayas a vivir en un ambiente saludable, con aguas y alimentos adecuados para satisfacer sus necesidades biológicas y culturales. Los discursos del presidente sobre la inconveniencia de las políticas agroexportadoras para el país se tornan ineluctablemente demagógicos al confrontarlos con las acciones del gobierno (desalojos, apresamiento de campesinos, imputaciones…)

El Estado paraguayo, para garantizar el acceso de la población a una cantidad de agua suficiente y de calidad para cubrir sus necesidades personales y domésticas (esto es el derecho al agua según la OG 15 del PIDESC) debe implementar una política real de control ambiental, sobre todo de las fumigaciones agrícolas, de los desechos de industrias, aserraderos, curtiembres, de los vertidos urbanos de desechos domésticos y hospitalarios. Se debe implementar los programas de extensión de los servicios sanitarios y de agua corriente eliminando la corrupción que hoy está presente en casi todos los proyectos y se debe defender como el bastión principal para el acceso equitativo a los recursos hídricos el control público de las aguas y los servicios sanitarios.
(Artículo publicado en el Informe Derechos Humanos Paraguay 2006 de CODEHUPY)

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