Asunción,3 de junio 2022 (BASE-IS) La Comunidad Indígena Hugua Po’i se encuentra nuevamente amenazada por una orden de desalojo forzoso en su contra. El desahucio afectará a unas 70 familias del Pueblo Mbya Guaraní y busca favorecer a la empresa sojera Tres Palmas, propiedad de extranjeros.
Según relataron abogados cercanos a la comunidad la Fiscal de la Unidad Penal Nro. 1 de Caaguazú, Abog. Norma Salinas Daiub, dispuso por Resolución de fecha 17 de mayo del 2022, una constitución fiscal en la Comunidad con fines de «identificar a invasores en la finca 1616», para el 6 de junio próximo. “Esta disposición fiscal tiene en realidad también tiene por finalidad el desalojo de la Comunidad Hugua Poí” señalaron.
Por su parte la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) señaló que la comunidad se encuentra asentada en sus tierras ancestrales, “reclamando la legalización de parte de las mismas, amparados por el marco legal nacional e internacional ratificado por el país, y hace varios años viene reclamando la restitución de las 1000 has, que es parte de su territorio ancestral”. Agregando que existen estudios antropológicos que certifican que las tierras en cuestión son parte del territorio ancestral del Pueblo Mbya guaraní, “en donde existe una profunda vinculación con la tierra”.
Según el relato de los abogados la Sociedad Civil Tres Palmas, adquirió el territorio tradicional de los Mbya Guarani en la década de los 80, con una dimensión de 975 hs. Después de una mensura judicial de 2012, la dimensión de la propiedad aumentó a 1021 hs., probablemente adueñando de unas 50 has. de tierra fiscal, lugar de donde pretende desalojar ahora a la Comunidad Hugua Poí.
Ante esta situación la ONAI exigió a las autoridades “de los tres poderes del Estado a adoptar acciones prácticas y prontas para la defensa de nuestros territorios y la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de nuestro derechos constitucionalmente reconocidos y amparados por tratados internacionales”.
El pasado 18 de noviembre del 2021 la Comunidad ya había sido víctima de un desalojo forzoso, sus cultivos habían sido destruidos y remplazados por sojales pertenecientes a los sojeros de origen menonita. Durante el 2021 más de setecientas familias indígenas fueron víctimas de desalojos forzosos, principalmente en zonas donde el agronegocio avanza sobre los territorios ancestrales.
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