Julio: muertes vinculadas a fumigaciones en Húber Duré y deforestación de los últimos refugios ayoreos

Tras el fallecimiento de las dos niñas en la comunidad campesina, el esfuerzo del gobierno pareció centrarse en absolver a las fumigaciones sojeras antes que investigar las causas. Después murieron 400 animales y seguían enfermando personas. El gobierno nunca llegó a la causa que originó las muertes, por eso la misma puede estar latente en el lugar.


  En la entrega anterior acercábamos informaciones sobre el protagonismo de pistoleros civiles en los conflictos de tierra, como en Joajú Primero de Marzo, Y’apo y Mcal López, lo que motivó una denuncia de senadores en el Congreso.

  Hablábamos sobre el triunfo de las familias de Sawhoyamaxa, que recuperaron institucionalmente sus 15 mil hectáreas de tierras tras 23 años de larga lucha; la posposición del juicio del caso Curuguaty y la perforación del primer pozo de gran envergadura en el Chaco central para buscar petróleo o gas.

  Los últimos acontecimientos dibujaban una tendencia del gobierno donde se veía no una tolerancia hacia la presencia de pistoleros civiles violentando comunidades rurales, sino que un trabajo complementario de la policía con éstos para el ejercicio de la violencia.

  Un escenario mayor viene siendo la consolidación del proyecto del “nuevo rumbo” político, que apuesta a la promoción de todos los negocios vinculados al extractivismo, lo que incluye flexibilización de leyes ambientales, agilización de licitaciones para explotaciones, aprobación de paquetes de tecnología transgénica/química y la intervención de sus fuerzas judicial-fiscal-policial para limpiar el camino de las resistencias en el campo y la ciudad.

 

LEER MÁS: Boletín julio de 2014

 

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