La Federación de Asociaciones de Padres del Paraguay (Fedapar) logró, mediante pedidos al Ministerio de Educación, y con una fuerte presencia mediática, la intervención de aparatos judiciales en las actividades de entretenimiento de los estudiantes -un equipo de fiscales intervendrán las fiestas para controlar la venta y consumo de bebidas alcohólicas y drogas por parte de adolescentes y jóvenes-. Al mismo tiempo, comenzó a señalarse que las instituciones educativas cuyos alumnos cometan infracción serán sancionadas. Además, por una ordenanza municipal (Asunción), se prohíbe que de ahora en más las típicas fiestas estudiantiles se realicen en las viviendas de las familias de los alumnos porque las viviendas no cuentan con sistema de Prevención Contra Incendio (PCI), salidas de emergencia y la cobertura acústica para evitar la polución sonora en el vecindario.
Así, mientras se sigue resquebrajando la estructura familiar y el tejido social, este tipo de intervenciones judiciales en las fiestas estudiantiles demuestra lo débil que está el soporte familiar, y la carencia de espacios seguros para la diversión juvenil. Sin lugar a dudas, la judicialización de la cuestión, de ningún modo solucionará el problema.
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