El gobierno paraguayo, muy probablemente con apoyo de servicios de inteligencia del exterior, ha venido desarrollando desde hace aproximadamente dos años, un plan de incriminación a las organizaciones sociales (principalmente campesinas) más combativas, con el fin de desmantelar los focos de mayor contestación que surgen ante la desaforada corrupción de las autoridades y los efectos empobrecedores del modelo neoliberal.
En el caso del secuestro y asesinato de la Srta. Cecilia Cubas, apareció un guerrillero arrepentido que sindicó a los principales líderes de un partido de izquierda en la acción delictiva. Por supuesto, esto dio pie a una represión selectiva a los cuadros de dicho partido. Posteriormente, ya durante el 2006 el asalto y quema de una comisaría en el Departamento de Concepción, fue motivo para que otro guerrillero arrepentido sindicara a la Organización Campesina del Norte (OCN) como grupo guerrillero que está recibiendo instrucciones de las FARC.
La más reciente es la denuncia hecha por dirigentes de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA) que tiene sus bases en las zonas rurales que rodean a la Triple Frontera, de un intento de soborno por parte de un dirigente político a uno de los líderes de la organización. A este líder se le ofrecía una importante suma de dinero, un suelo mensual, el costo del cambio de domicilio y el cambio (o sea, falsificación) de la documentación civil de él y de toda su familia para que denunciara a los principales líderes de ASAGRAPA de estar montando una organización guerrillera, que recibía armas y entrenamiento de gente especializada de las FARC. La farsa de desenmascaró ya que el líder abordado denunció la propuesta ante escribanía y recurrió a congresistas y a la Fiscalía para aclarar los hechos (ver en Violencia Social un artículo completo sobre el tema).
Hay varias consideraciones que se derivan de este hecho:
– es posible presumir que los dos casos anteriores de guerrilleros arrepentidos y de los hechos y personas que fueron denunciados por éstos, fueron construcciones similares al intento de involucrar a ASAGRAPA.
– que el caso de ASAGRAPA iba a ser usado por la Fiscalía, el Poder Judicial y los aparatos propiamente represivos del Estado, para afianzar en la opinión pública la constatación sobre la existencia de focos guerrilleros en el país y la urgencia de desarrollar una acción represiva directa.
– que se está implementando un plan en la región, pero concretamente en el Paraguay, para instalar la guerra contraterrorista mezclando a Cuba, Venezuela, las FARC (la Al Qaeda latinoamericana) y otras organizaciones armadas con planes del terrorismo internacional.
– que este plan tiene varios propósitos: garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos; reprimir violentamente la contestación social emanada de la creciente pobreza; justificar la presencia militar norteamericana en el Paraguay, continuarla y profundizarla.
Convertir en criminales, hoy por hoy guerrilleros o terroristas, a líderes sociales es una técnica más de los aparatos continentales de seguridad para garantizar su paz social y por sobre todo, la ganancia de las multinacionales que están detrás de los valiosísimos recursos naturales de la región.
