La criminalización, moneda corriente en Paraguay

Asunción, 6 de Abril 2021 (BASE-IS) La orden de prisión preventiva contra tres jóvenes estudiantes que participaron de las protestas contra el gobierno durante el mes de marzo, es el último episodio de criminalización de la protesta en Paraguay. Este hecho pone sobre la mesa una acción recurrente por parte de las élites de poder, el uso de la justicia para perseguir a luchadores y luchadoras, que se ha aplicado con particular dureza contra campesinos y campesinas.

Según datos recogidos por el Investigador Abel Irala, en el Informe Con la Soja al Cuello 2020, entre agosto del 2019 y agosto del 2020 se dieron al menos 29 acciones de protestas por parte de organizaciones campesinas, de las que participaron unas 14 mil activistas campesinos, de estos más de cinco mil sufrieron algún tipo de violencia por parte de las autoridades. A su vez, más de doscientos dirigentes campesinos sufrieron persecución judicial durante el periodo mencionado: 97 fueron imputados, 106 detenidos y 9 se encuentran con órdenes de captura.

“Con estos números se evidencia que ejercer el derecho a la protesta en Paraguay, conlleva una gran probabilidad de represión hacia las personas movilizadas. Según los datos recabados, en Paraguay cada tres días se detiene a una persona por el conflicto de la tierra” señala Irala. 

Estos datos muestran que la arbitraria detención de los jóvenes estudiantes Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad, acusados de participar en las protestas contra la pésima gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez que acabaron en la quema de la Sede del Partido Colorado, no es un hecho aislado sino una práctica recurrente por parte de las élites de poder que manejan tanto la Justicia como el Ministerio Público, instituciones que actúan como herramientas de persecución a quienes cuestionan el modelo político-económico vigente. 

La arbitrariedad y la discrecionalidad con la que actúan estas instituciones contra los y las dirigentes tampoco es novedad, como puede verse en los datos señalados previamente, la criminalización de los dirigentes sociales busca ser ejemplificadora a fin de lograr el “disciplinamiento” de la sociedad y evitar que más sectores se involucren en las luchas sociales.

Ante este nuevo hecho de crimininalización de la protesta decena de organizaciones, principalmente de jóvenes, estudiantes y feministas, han realizado diversas acciones de solidaridad y la exigencia de la libertad de los jóvenes detenidos se ha convertido en una causa defendida por el movimiento social en todo el país, logrando la adhesión de gran parte de la ciudadanía.

Comentarios

comentarios

Dejá un comentario