Asunción 12 de octubre 2023 (BASE-IS) En su sesión del 11 de octubre de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de un Grupo de Trabajo de Expertos dedicado exclusivamente a promover la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (Declaración de Derechos Campesinos o UNDROP por sus siglas en inglés), adoptada en 2018.
La propuesta de resolución fue presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia, y fue aprobada por una amplia mayoría de los países que integran el Consejo, incluyendo el voto favorable de la República del Paraguay.
El Grupo de Trabajo creado, además de difundir e impulsar la Declaración de Derechos Campesinos, permitirá comprender de forma exhaustiva los retos a los que se enfrentan las personas campesinas, y las formas en que contribuyen al disfrute de los derechos humanos tanto entre la población rural como urbana y, de forma más general, posibilitará que se comprenda cómo avanzar en la realización integral de los derechos humanos del campesinado.
La UNDROP reconoce de forma expresa y sustantiva el derecho humano a la tierra de campesinas y campesinos, identificándose los atributos de este derecho, incluyendo el derecho al reconocimiento de la tenencia legítima y la protección contra los desalojos forzosos. Además, consagra entre otros, los derechos campesinos al agua, a las semillas y a la biodiversidad, los que, junto con el derecho a la tierra, son las bases del derecho campesino a la soberanía alimentaria.
La abogada e investigadora Milena Pereira menciona al respecto que «Como se señala en el libro El derecho campesino a la tierra en el Paraguay, es necesario el examen público de las políticas estatales dirigidas a la población campesina para lograr su transformación, ya que dos aspectos que han facilitado la estructural e inconstitucional postergación del campesinado en el país son la negación del carácter jurídico de sus derechos sociales y de las normas que los protegen; y la extrema opacidad que ha caracterizado a las políticas públicas vinculadas a la reforma agraria».
Pereira remarca la importancia de esta decisión de la ONU para el Paraguay mencionando que «es de particular importancia para nuestro país la creación de este nuevo mecanismo internacional, ya que evaluará las políticas del Estado paraguayo desde la perspectiva de los derechos campesinos, analizando el grado de cumplimiento de las obligaciones que la Constitución Nacional y las convenciones de derechos humanos vigentes imponen al Estado para la garantía de los derechos de las personas y las comunidades campesinas. De este modo se evidenciará la radical brecha que existe entre los derechos que las normas jurídicas reconocen al campesinado en el Paraguay y su situación real, visibilizándose las causas institucionales y políticas que generan el estado de cosas actual».
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