La policía, para resguardar que los sojeros cometan “sin molestias” sus delitos ambientales

En la noche de ayer martes Base Investigaciones Sociales hizo público un informe trimestral de su “Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos”. En el documento resaltan también la nueva modalidad de que gremios sojeros capaciten a familias agricultoras y la continuidad del carnaval de corrupción en la venta de tierras estatales.

Familias campesinas del asentamiento Crescencio González a la carga sobre un  tractor sojero. FOTO: Federación Nacional Campesina

Familias campesinas del asentamiento Crescencio González a la carga sobre un tractor sojero. FOTO: Federación Nacional Campesina

Hacia las 18 hs de ayer las personas participantes fueron acomodándose en sus asientos en la biblioteca del Instituto de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción, que apoyó el evento.

Minutos después, ante un público eminentemente estudiantil, autoridades de la carrera universitaria y referentes del centro de estudios sociales presentaban el material.

La presentación del informe en sí corrio por cuenta de Inés Francechelli, quien la dividió temáticamente en acontecimientos relacionados a disputas por la tierra, avances/resistencias en torno al agronegocio y criminalización de las protestas sociales.

Retomando el análisis del primer informe trimestral -presentado en diciembre último- se señaló la continuidad de un proceso de penetración agresiva de los intereses del agronegocio en las instancias de decisión estatal. Como ejemplo de este proceso, se liberaron ocho cultivos transgénicos en ocho meses de tiempo durante la presidencia de Federico Franco.

En este periodo estatal se registró un patrón de irregularidades en torno a la venta de tierras estatales en el Instituto de la Tierra (INDERT), donde los mismos funcionarios del ente fungían de mediadores o vendedores.

Siguiendo este rumbo, Horacio Cartes encaró una serie de medidas que apuntaron a debilitar cualquier línea de apoyo estatal a la agricultura familiar campesina, mientras que puso en manos de referentes del sector sojero la definición de las políticas públicas en torno a la cuestión rural.

La expositora resaltó que una nueva modalidad de trabajo del Estado es la de transpasar varias de sus tareas de asistencia para sectores campesinos a gremios privados del agronegocio, en una evidente situación de conflicto de intereses.

Resaltan por su ironía, por ejemplo, algunos talleres sobre uso responsable de agrotóxicos dirigos a bases campesinas y facilitados por referentes de sectores económicos que descansan su producción en las fumigaciones irregulares.

Como parte del apartado de criminalización social el informe señala la constante de las represiones policiales a comunidades campesinas que se oponían a las fumigaciones sojeras durante la última zafra (setiembre-marzo últimos).

La novedad en esto es que la policía salió a reprimir comunidades para garantizar que productores sojeros realicen las fumigaciones en condiciones irregulares, sin respetar las normativas medioambientales y de biodiversidad locales e internacionales.

Es decir, la propia policía del gobierno de Cartes escoltó a productores sojeros a que cometan con traquilidad sus delitos ambientales.

Estos y muchos otros acontecimientos, situaciones y patrones que se registraron en el trimestre mencionado se podrán encontrar en el material, disponible gratuitamente en nuestra institución y en los teléfonos 021 451 217.

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