Asunción 19 de setiembre 2019 (BASE-IS) Desde hace semanas docentes, funcionarios y estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se manifiestan pidiendo mayor inversión en la principal Universidad Pública del país. En los últimos días se han sumado también universidades públicas del interior bajo la misma consigna, conseguir que el Estado destine los fondos suficientes para el pago de salarios dignos a quienes enseñan y trabajan en las casas de altos estudios; la respuesta de las autoridades hasta el momento ha sido clara: no hay fondos para la educación superior, y mientras niegan recursos a la educación el gobierno también se niega a cobrar el impuesto a la exportación de granos que podría servir para atender este y otros tantos reclamos.
Además de la UNA, varios otros frentes de reclamo se presentan de cara al estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año 2020, en palabras del propio Ministro de Hacienda, y hermano del Presidente de la República, Benigno López, este presupuesto será austero, se prevén recortes en la mayorías de las áreas y los salarios de los trabajadores del sector público permanecerían congelados. Además el Ejecutivo solicitó al Paralamento la aprobación “ a libro cerrado” del Proyecto de Presupuesto, es decir que no se discuta nada de lo que allí se plantea.
A pesar del momento de crisis que atraviesa el país según los indicadores macroeconómicos, el gobierno plantea gastar menos, continuar con el endeudamiento y mantener los privilegios de ciertos sectores muy poderosos, entre ellos el sojero. Dentro de su reciente reforma tributaria, que según señala la Economista e Investigadora Sarah Zevaco no fue más que un reacomodo de piezas que no realiza cambios sustanciales en la estructura tributaria injusta del país, el Ejecutivo se negó a incluir el impuesto a la exportación de granos en estado natural.
El conocido como “Impuesto a la Soja” fue planteado en reiteradas ocasiones tanto por sectores políticos dentro del parlamento, como por organizaciones sociales que plantean la necesidad de que el sector agroexportador tribute de acuerdo a las enormes ganancias que se lleva del país, donde prácticamente no dejan nada más que destrucción ambiental y una grave crisis social en el campo. El proyecto de gravamen plantea cobrar un 10% sobre las exportaciones de granos en estado natural, según las cifras ofrecidas por los propios gremios del agronegocio en la zafra sojera 2019 se estarían exportando la rededor de 8 millones de toneladas de soja por un valor cercano a los 2.500 millones de dólares; si se aplicara el impuesto del 10% a estas exportaciones, el Estado paraguayo contaría con cerca de 250 millones de dólares para hacer frente a las necesidades sociales y los reclamos de mayor inversión en áreas claves, como educación y salud.
Según los reportes periodísticos el reclamo de los docentes de la UNA significaría una inversión de 1.350 millones de guaraníes, es decir apenas 225 mil dólares, una parte ínfima de lo que el Estado pudiera recaudar si aplicara el impuesto a la exportación de soja.
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