Las fumigaciones ilegales son un delito contra la salud y la naturaleza

Asunción 8 de junio 2021 (BASE-IS) Este jueves la Cámara de Senadores tratará un proyecto que amplia la Ley 716/16 de Delitos contra el Ambiente, esta propuesta busca incluir a las fumigaciones con agrotóxicos que se realizan sin respetar las normativas vigentes entre los delitos ambientales. La aprobación de esta normativa permitirá sancionar a los responsables de fumigaciones ilegales que afectan a cientos de comunidades rurales de todo el país.

La propuesta, presentada por el senador Pedro Santacruz (PDP), amplia el artículo 4° de la ley 716/96 que sanciona delitos contra el medio ambiente y establece que serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500(quinientos) a 2.000 (dos mil) jornales mínimos Los que realicen pulverizaciones aéreas y terrestres en zonas adyacentes a asentamientos humanos, instituciones educativas públicas o privadas, establecimientos y servicios salud y en cursos de agua, sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable;” y “Los que incumplen las medidas previstas en la normativa respecto a la prevención del contacto entre estas sustancias peligrosas y los seres humanos, sus comunidades y entorno natural, al igual que barreras vivas, poniendo en riesgo la salud y el hábitat de la población humana”.

Diversas investigaciones científicas han demostrado las afectaciones a la salud humana que produce la exposición prolongada a agrotóxicos, entre ellas se encuentra un reciente estudio realizado por la Dra Stela Benítez Leite que clarifica el daño genético causado por la exposición prolongada a pesticidas en niños y niñas de una comunidad campesina que se encuentra rodeada de sojales. “Los niños son una población muy vulnerable, encontramos mayor genotoxicidad y citotoxicicdad en las células de los niños que están expuestos a plaguicidas; esto quiere decir que hay mayor riesgo de que la célula pueda mutar a enfermedades que afecten el neurodesarrollo, cáncer, parkinson o también puede producir en otras generaciones abortos espontáneos y malformaciones, si los daños afectan las células germinales, óvulos o espermatozoides” señala la investigadora. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como potencialmente cancerígeno en humanos al glifosato, el plaguicida más utilizado en el mundo. Además, en Paraguay se utilizan venenos aún más peligrosos que se encuentran prohibidos en la gran mayoría de los países europeos por sus graves consecuencias sobre la salud y el ambiente.

El libro Escuelas fumigadas recoge datos de un estudio desarrollado en 15 distritos del país que demuestra que los estudiantes y docentes de al menos 99 escuelas rurales se encuentran expuestos al riesgo de intoxicación por uso intensivo plaguicidas sin respetar las normativas ambientales. En estas escuelas 8.621 estudiantes y 1.167 docentes están expuestos a daños en su salud a causa de las fumigaciones.

Respecto a los daños ambientales que generan los agrotóxicos cabe mencionar la reciente publicación de la revista científica Frontiers in Environmental Science demuestra de manera contundente la relación existente entre los agrotóxicos más utilizados hoy en día en la agricultura y la pérdida de organismos clave para biodiversidad.

Para el año 2017 Paraguay representó el 6,2% de todo el comercio de agrotóxicos a nivel mundial, importó venenos por cerca de 420 millones de dólares. La importación de agrotóxicos creció exponencialmente desde la aprobación de los eventos transgénicos, llegando hoy a alrededor de 58 mil toneladas de venenos que ingresan anualmente al país y riegan los campos paraguayos, totalizando cerca de 8 kilos de agrotóxicos por habitante.

Hasta el momento las fumigaciones que amenazan la salud y la vida de miles de compatriotas son consideradas apenas faltas administrativas y en la mayoría de los casos permanecen en absoluta impunidad. La inclusión de las fumigaciones ilegales como un delito ambiental contribuirá a poner fin a la impunidad con que grandes productores de monocultivos transgénicos actúan contra las comunidades rurales del país.

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