La medida se da en los dos Departamentos donde el agronegocio necesita afianzarse.A diferencia del año pasado, esta vez el gobierno no convocó a referentes campesinos del Primer Departamento, para explicarles qué alcance y qué implicará la medida. Estamos en alerta las organizaciones sociales y campesinas. Si hay actuaciones fuera de lugar, denunciaremos o intervendremos. Porque hay un escenario propicio para liquidar a dirigentes, aseguró Elvio Trigo, referente de la Asociación Comunitaria Campesina del Asentamiento Arroyito (ACCA).
Como principio, dice, las organizaciones sociales están en contra del estado de excepción, porque según su análisis, no es la forma de encarar los problemas sociales que afectan al campesinado. Agregó que hay temor desde el momento en que los militares y policías pueden aplicar acciones sin orden judicial. Y que en este contexto se suele afectar a mucha gente inocente, sacrificada y trabajadora.
El año pasado, durante el estado de excepción, el propio presidente Fernando Lugo participó de reuniones con representantes campesinos, autoridades del Ministerio del Interior y comandantes de las fuerzas. En la ocasión además, el gobierno, al mismo tiempo que los operativos, realizó asistencia social, como reparación de caminos, agrega Trigo.
El dirigente de la Asociación de Productores Agrícolas San Pedro Norte (CPA-SPN), Ernesto Benítez, dijo que el año pasado no hubo tantas denuncias de abusos de poder provenientes de policías o militares, principalmente porque había una articulación entre organizaciones campesinas, con representantes del Ejecutivo para evitarlos.
Sin embargo, asegura, el contexto de hoy es diferetente. El actual estado de excepción se da en medio de un llamado de movilización de masas campesinas y sociales en todo el país. Probablemente no es el EPP el objetivo, sino esta reacción de las masas en relación a la recuperación de tierras malhabidas. En ese contexto se encuadra. Si ése es el objetivo, habrá ataques a las comunidades campesinas. Esta semana se verá, expresa.
Los Departamentos de Concepción y San Pedro, donde rige el estado de sitio, coincidentemente son las dos regiones donde el agronegocio, principalmente a través del cultivo de soja y la ganadería, no terminan de asentarse totalmente, por la resistencia de las organizaciones campesinas.
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