Las pleitesías de rigor

Asunción, 11 de mayo 2023 (BASE-IS) El presidente electo Santiago Peña (Partido Colorado) se reunió con los principales gremios del agronegocio, estos encuentros son casi una tradición en la que los sectores concentrados de la economía reafirman su poderío. En la ocasión, los referentes de los gremios empresariales iniciaron un lobby que permita a técnicos afines a sus intereses ocupar cargos importantes en el nuevo gobierno.

“Le mencionamos la necesidad de contar con representantes que tengan un buen diálogo con los diversos sectores, como Hacienda, Tributación, Aduana, el MADES, el Senacsa, el INTN; y él entiende que son instituciones que sí deben tener al frente cargos políticos, aunque lo técnico debe primar” mencionó Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya, según cita el diario Ultima Hora.

Además durante la reunión se reafirmaron las coincidencias en torno al modelo económico que impulsan tanto el nuevo gobierno como los gremios empresariales. Según los voceros de los gremios la conversación giró en torno al fortalecimiento del agronegocio en su dimensión ganadera y agrícola, y se reafirmaron, ambos, en su oposición a una reforma tributaria que apunte a que los grandes agroexportadores realicen un mayor aporte tributario.

“No existe la menor intención de parte de él de aumentar los impuestos, sino que la política será la de ampliar el universo tributario, o sea que los paraguayos estemos regidos por el mismo marco legal y cumplamos todos con nuestras obligaciones tributarias por igual” indicó. Con esto se reafirma el pacto existente entre los gremios del extractivismo y el nuevo gobierno del Partido Colorado.

Según el artículo Pobreza, hambre y agronegocios, publicado en el libro Con la Soja al Cuello 2022, el modelo de desarrollo vía el crecimiento del agronegocio, no beneficia a la gran mayoría de la población paraguaya. “Un 25 a 30% claramente padece de sus efectos, con la imposibilidad del acceso a sus derechos, incluyendo el derecho a la alimentación” señala el material elaborado por al economista e investigadora Sarah Zevaco.

Además se cuestiona que “el sector del agronegocio poco aporta en cuanto a ingresos al Estado –la soja participa alrededor del 2 % de los ingresos tributarios– mientras sí se beneficia de múltiples exenciones tributarias, garantías de inversión y obras realizadas por el Estado –con deuda externa pública en particular– para asegurar su logística. Por lo tanto, el Estado queda sin mayor financiamiento para financiar las políticas que permitirían asegurar derechos, frente a un modelo que no los promueve” concluye.

Con esto, el gobierno entrante y los gremios del extractivismo reafirman su profunda alianza de cara a la perpetuación del modelo de agronegocios, así como de sus impactos negativos tanto en lo social como lo ambiental.

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