Sobreseimiento
El pasado 28 de junio el juez Gustavo Bonzi liberó a los 14 campesinos acusados de colaborar con el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) durante el secuestro del ganadero Luis Lindstron. Lo hizo contra todo pronóstico, y especialmente contra el clima inflado por intereses fiscales, económicos, mediáticos y aparentemente electorales en el caso del ex ministro Filizzola.
Decidió sobreseer a la totalidad de los acusados ante la falta de una sola prueba fehaciente, de entre las más de 300 arrimadas, que vincularan a los acusados con el delito que se les imputaba. En otras palabras, si bien los fiscales antisecuestro Sandra Quiñónez, Federico Delfino, Francisco Ayala y Guillermo Ortega aseguraban que los acusados formaban parte de la logística del EPP, no supieron demostrar a la hora del proceso cómo ayudaron a la banda armada y qué delito cometieron al hacerlo.
Apelación y suspensión
Los fiscales apelaron la resolución del juez, por lo que el caso pasaba a una Cámara de Apelaciones. Mientras ésta deliberaba, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que juzga a los jueces, obró de oficio y pidió suspender al juez Bonzi el 27 de julio, argumentando que se extralimitó en su fallo.
Este actuar fue calificado por muchos sectores del mundo jurídico como un atraco a la independencia de los órganos judiciales, porque el Jurado de Enjuiciamiento no esperó a que el proceso terminara para actuar. Esto se puede entender como una intención de presionar a la Cámara de Apelaciones o forzarla a una decisión de antemano definida.
Bonzi responde
El juez Bonzi salió a defenderse y aseguró que hizo su trabajo rigiéndose estrictamente al debido proceso y a la jurisprudencia, y que no le dieron oportunidad de defenderse ante el Jurado de Enjuiciamiento; aseguró que se trató de un fallo político y no jurídico, y que los argumentos que usaron para pedir su suspensión fueron genéricos.
Más adelante expresó lo que al parecer sentía, pero había disimulado muy bien durante toda la audiencia preliminar tras su comedido rostro: los fiscales intervinientes no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo, porque si no lo hubieran puesto en la acusación, tienen que probar en concreto el delito y las pruebas para cada uno de los acusados.1
INECIP y CODEHUPY
En ese escenario, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP PY), difundió un comunicado donde acusa al Jurado de Enjuiciamiento de promover prácticas deficientes de la Fiscalía y que éstas se consoliden, y que los fiscales se conviertan en un poder omnímodo.
Además se solidarizaba con los 14 acusados, porque con la decisión del Jurado, perdieron de hecho la oportunidad de contar con un tribunal independiente que en este país estudie la apelación y la resuelva sin miedos ni presiones ilegítimas. En otro de los puntos, se solidariza con el juez Bonzi y lo anima a no declinar en su recto actuar.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) expresó su rechazo a la acción del Jurado de Enjuiciamiento y la calificó como injerencia, porque instala una condena anticipada de la Cámara de Apelaciones.
Lo que se veía venir
Tal cual, la Cámara de Apelaciones no se animó a fallar en dirección contraria al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el 10 de agosto pasado se hacía pública la decisión de anular la sentencia de Bonzi, y con esto, sentar de vuelta en el banquillo de los acusados a los 14 campesinos. Triunfaban los fiscales, y se debía volver a repetir la audiencia pública
pero con un nuevo juez.
El presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, Gustavo Santander, dijo que este gremio acompaña a Bonzi en su decisión, como siempre lo hacen con los jueces que tienen problemas en el Jurado de Enjuiciamiento.
Siempre decimos que el Jurado tiene la potestad de suspender a los jueces, pero con lo que no estamos de acuerdo es con las suspensiones preventivas. Nunca compartimos ese tipo de suspensiones. Esa siempre fue nuestra preocupación explicó y más aún con el doctor Bonzi, que hizo una resolución dentro de la competencia que le corresponde y le autoriza el Código Procesal, agregó. Preguntado si vio injerencia política, respondió que no podría decirlo, porque no conoce el expediente del caso.
Creí que ya había terminado
Yo creí que ya habíamos llegado a una solución. Nosotros vemos esto, como madres, que es una persecución política, las decisiones no son jurídicas, sino políticas. Como mamá estamos muy preocupadas, expresó por su parte Florinda Pérez, madre de Zonia Muñoz, una de las acusadas.
En tanto, Alejandra Bazán de Agüero explicaba que de vuelta se quedaba sola, puesto que su esposo Sindulfo Agüero y su hija Estela Agüero, otros dos acusados, probablemente debían volver a prisión y volver a empezar de nuevo el proceso. Sólo a los pobres se les juzga, nosotros somos inocentes, no hay en nuestro país justicia para los pobres. Para los ricos sí, los narcos, por ejemplo, siempre se les libera pronto, analizaba.
A estas alturas, varios de los acusados estarían con la opción del refugio en países de la región, debido a que con la acción del Jurado de Enjuiciamiento, existe un elemento más de injerencia política, o en el mejor de los casos, una irregularidad más en torno al proceso.
Interrogantes
Hasta aquí el caso deja varios interrogantes sueltos ¿Por qué si los acusados son culpables, los fiscales fueron a hacer tamaño papelón durante la audiencia preliminar y presentaron pruebas que nada probaron? ¿Por qué los fiscales, a pesar de verse arrolladoramente superados por las argumentaciones de los abogados defensores de los campesinos, siempre se mostraron tranquilos, autosuficientes y triunfales durante la audiencia? ¿Algún poder actúa detrás de los fiscales? De ser así ¿es el mismo poder que ejerció influencia para suspender al juez Bonzi, y corregir la causa?
Actores no tan visibles
Una periodista de tribunales, muy compenetrada de lo que se maneja por debajo de la mesa, aseguró que había una orden de arriba del propio Fiscal General del Estado, Rubén Candia Amarilla, para que se vaya hasta las últimas consecuencias con los acusados y terminen condenados.
A partir del sobreseimiento de los campesinos, vemos que aparentemente fue Enrique Baccheta, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quien habría presionado sobre el órgano, para pedir la suspensión del juez Gustavo Bonzi y encauzar la resolución de la Cámara de Apelaciones. Bacchetta fue querellante adjunto en el caso del secuestro de Cecilia Cubas2 y su estudio jurídico aparentemente trabaja de cerca con la Asociación de Víctimas de Secuestro.
No obstante, el propio ministro de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Bajac, fue el principal operador para que el Jurado de Enjuiciamiento pida la suspensión de Bonzi y condicione sobre la Cámara de Apelaciones, según el abogado Florencio Díaz, que defendió a cuatro de los 14 acusados.3
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) habría intervenido también a través de su presidente Néstor Núñez, instando a que se suspenda al juez Bonzi, durante declaraciones a la prensa en la Expo de Mariano Roque Alonso.
Políticas de seguridad
Yendo a un análisis más estructural y político, el trabajador social e investigador Abel Irala, señala que el modelo de desarrollo político-económico de nuestra región, viene acompañado por un fuerte componente militar, cuyo principal objetivo es criminalizar las luchas sociales y anular a actores sociales, de tal manera a allanar el camino para el avance del modelo.
Esto se da a partir de las políticas de seguridad impulsadas por organismos especialmente de Estados Unidos, como el Departamento de Defensa, la CIA (Agencia de Inteligencia) y la DEA (Agencia Antidrogas), y en torno a tres ejes: 1-Lucha contra el terrorismo, 2-Lucha contra el narcotráfico y 3-Lucha contra la inseguridad.
Lucha contra el terrorismo
Es sobre el primer eje donde se asienta el proceso a los 14 campesinos y todos los operativos de rastrillaje y caza del EPP en el país, y algunos antecedentes más palpables pueden ser la aprobación de la Ley del Informante (diciembre de 2009) y la Ley Antiterrorista( junio de 2010).
Para Irala, lo que los fiscales hacen con el caso de los 14 campesinos es un trabajo práctico, un ensayo donde están aplicando un manual de operaciones encaminado al disciplinamiento social, donde el objetivo es perfeccionar un sistema represivo fiscal-judicial, para sumarlo al elemento militar.
El resultado de esto debe ser el encarcelamiento de las 14 personas por 30 años; de lo contrario el trabajo de la Fiscalía se aplazaría. Esto debe servir para dejar en claro que el poder no va a jorobar con la gente, que no hay justicia. No importa que tengas los mejores abogados o seas inocente afirma.
La cara pública de este proceso -dice- son los fiscales, que saben hacer allanamientos, manejar a la policía y amedrentar a la población. Pero no saben hacer la parte procesal, para terminar con los acusados en la cárcel. Y justamente -apunta- en esto último es donde se ensaya y se está tratando de ajustar a la Fiscalía en este caso.
Lo que está en juego
Si esto no llega a juicio oral y no les dan 30 años, será un fracaso de los fiscales, pero por sobre todo, será un fracaso de los nuevos preceptos de seguridad imperial de organismos como la CIA, el Pentágono y la DEA, termina diciendo Irala.
El día en que el juez Bonzi sobreseyó a los 14 campesinos, uno de los abogados, con notable alegría, definía con las siguientes palabras la situación: Lo que acaba de pasar es una contradicción del sistema. Siguiendo esta lógica, ahora el sistema se está rectificando. De ser así, se está estructurando algo muy grave contra nuestra endeble estructura político-social, y merece un análisis urgente de todos los sectores genuinamente comprometidos con la democracia.
1La Nación digital, del 29 de julio de 2011
2ABC Color digital, del 16 de agosto de 2011
3ABC Color digital, del 16 de agosto de 2011
