El martes 7, la sesión se había levantado a pedido del abogado Roque Orrego, defensor de Sindulfo Agüero. Pidió que los fiscales Sandra Quiñónez y Francisco Ayala declaren, y así especifiquen cómo concretamente Agüero colaboró con el EPP en el secuestro del ganadero Luis Lindstron . Para el defensor existía un impedimento legal para seguir con la audiencia: la Fiscalía no dijo qué conducta de los imputados fue delictiva, y por eso no comunicó a los acusados por qué los imputaba.
Hoy, al retomarse la sesión, el juez Gustavo Bonzi -que entiende el proceso- se opuso al pedido de la defensa, argumentando que había sobreabundancia de pruebas. La declaración testifical de los fiscales no va a variar nada. Bien o mal, la acusación (de los fiscales contra Agüero y demás acusados) ya está hecha, dijo el magistrado.
Los fiscales Sandra Quiñónez, Francisco Ayala, Federico Delfino y Guillermo Ortega, luego de su investigación, habían concluido en términos genéricos que era obvio que los acusados conocían los planes del grupo armado, que tuvieron fluida comunicación con sus cabecillas y que fungieron de soporte de los mismos. La prueba de esto -argumentaron- eran los cruces de llamada y los registros de los teléfonos celulares donde se cargaron tarjetas de saldo encontradas en un campamento clandestino, principalmente.
Por eso, durante el resto de la preliminar, el abogado Orrego trabajó minuciosamente en demostrar lo que viene denunciando desde el inicio de esta historia: la Fiscalía no supo decir cómo colaboraron con el grupo armado los acusados, entre ellos don Sindulfo Agüero. Analizando meticulosamente la acusación escrita por los fiscales, demostró que Agüero ni se comunicó con ningún miembro del EPP, ni su teléfono se usó para cargar el saldo de las tarjetas encontradas. Más que probar, estos elementos del Ministerio Público des-prueban la participación de don Sindulfo Agüero, dijo.
Mañana a las 8.30 se reanuda la audiencia y si no termina, continuará el martes de la semana que viene.
