«Los servicios civil y militar deben ser solo voluntarios»

Serpaj rechaza la ley de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Considera inconstitucional y anuncia que, si el presidente Fernando Lugo no veta, lloverán las acciones judiciales.

Por Adolfino Aquino

aaquino@uhora.com.py

VIDAL ACEVEDO, MIEMBRO DEL SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA (SERPAJ), Y ENCARGADO DEL PROGRAMA DE DESMILITARIZACIÓN Y DE LA PROMOCIÓN DEL DERECHO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN DICHA ORGANIZACIÓN, CRITICA LA LEY DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

–¿Por qué Serpaj rechaza la ley de objeción de conciencia?

–Porque es categóricamente inconstitucional.

–Cuente al respecto.

–La ley obliga al objetor de conciencia al servicio militar a justificar su objeción.

–¿No hace falta justificar?

–Absolutamente no es necesaria la justificación.

–¿Por qué?

–Porque el artículo 24 de la Constitución Nacional establece que «nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología».

–O sea, ¿el objetor solamente debe manifestar que no quiere empuñar las armas y punto?

–Sí. Basta con decir que objeta el servicio militar obligatorio. Además, la ley viola el artículo 129 de la Carta Magna, que se refiere solamente a «quienes declaran su objeción de conciencia». Esto debe entenderse en concordancia con el artículo 24 citado precedentemente.

–La ley crea una Comisión Nacional de Objeción de Conciencia. ¿Qué opina al respecto?

–Rechazamos la creación de esa comisión, porque tendrá la facultad de examinar las razones de la objeción.

–¿No debe tener esa facultad?

–Volvemos a la época de la inquisición. El objetor de conciencia es un ciudadano que, cuando tiene la edad de ir al cuartel, se niega a ir por razones éticas y religiosas.

–¿No debe admitirse algún análisis al respecto?

–No. Constitucionalmente corresponde que el Estado reconozca en forma automática la calidad del objetor. Esta no puede ser objeto de análisis.

–El servicio civil es obligatorio,

–Nosotros sostenemos que tanto el servicio militar como el servicio civil o el servicio social deben ser voluntarios. No pueden ser obligatorios. Además, no se puede imponer a un joven que haga trabajo forzado.

–¿El servicio social debe hacerse en instituciones que ayudan a los necesitados?

–La ley dice así, pero se presta a las maniobras políticas.

–¿En qué sentido?

–Muchos sacarán a la gente que trabaja legalmente y sustituirán por los objetores de conciencia. Perjudicarán a muchos funcionarios.

–¿Qué cree que se debe hacer contra la ley?

–Primero, creo que el presidente de la República debe vetar la ley, porque es inconstitucional.

–¿Si promulga la ley?

–Si eso sucede, yo creo que los jóvenes tienen que promover acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, contra la ley. Estoy seguro que lloverán demandas.

–¿Ustedes están en contra de un servicio social civil?

–No. Nunca dijimos eso. Lo que pedimos es que el servicio civil sea voluntario. No puede ser obligatorio.

–¿Por qué no puede ser obligatorio?

–Al ser obligatorio, se degenera el sentido de servicio. La palabra servicio ya no se referirá a la solidaridad, sino simplemente a un deber impuesto por el Estado.

–La ley se debe aplicar a los que ya tienen su credencial de objetor de conciencia…

–Nosotros rechazamos rotundamente esa disposición porque también atenta contra la Constitución Nacional.

–¿Por qué?

–Porque ninguna ley puede ser aplicada retroactivamente; la Constitución Nacional prohíbe la retroactividad.

–Sin embargo, la ley obliga a todos…

–Sí. El artículo 21 de la ley dice que todos los objetores, incluidos los que ya fueron declarados como tales, deben hacer el servicio civil sustitutivo. Es inconstitucional.

–¿Si no hacen el servicio?

–Deben pagar una supuesta contribución de cinco jornales para actividades diversas no especificadas.

–¿A cuánto asciende eso?

–A 235 mil guaraníes. La ley no dice qué destino tendrá ese dinero y más de 140 mil jóvenes deberían, según la normativa, hacer el servicio social civil. Será un caos total.

–¿Un caos?

–Sí, porque no dice nada sobre el joven objetor que ya se casó y tiene hijos; tampoco se refiere al joven que se dedica al estudio, en la universidad.

–¿Todos los carnés actuales son válidos?

–No. Ese es otro defecto grave de la ley. Declara solamente válidos los carnés que fueron expedidos por las comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras del Congreso y no por las Juntas Departamentales.

–¿Cómo quedarán los jóvenes que tienen carnés expedidos por Juntas Departamentales?

–Serán perjudicados. La nueva ley deja sin ningún valor los carnés de las Juntas Departamentales. Un total de nueve Juntas expidieron carnés a más de 30 mil jóvenes. Por todo lo expuesto, rechazamos la ley.

SUS FRASES

Los jóvenes tienen que promover acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la ley.

El objetor es un ciudadano que, cuando tiene la edad de ir al cuartel, se niega por razones éticas y religiosas.

Constitucionalmente corresponde que el Estado reconozca en forma automática la calidad del objetor.

YA MURIERON 110 JÓVENES DURANTE LA DEMOCRACIA

Un total de 110 jóvenes ya murieron en las Fuerzas Armadas desde la caída de la dictadura hasta hoy, según los archivos del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Paraguay.

Dos están desaparecidos: Cristian Ariel Núñez Lugo y Marcelino Gómez Paredes. Ambos eran menores de edad; tenían 14 y 15 años. A esa edad se fueron al Chaco y desaparecieron.

Los familiares denunciaron al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y, en esa instancia, en los dos casos, hubo acuerdo entre el Estado paraguayo y los familiares.

Hubo una «solución amistosa» y el Estado debía buscar la verdad de los hechos y encontrar a los responsables de los delitos. Hasta ahora, la Unidad de Derechos Humanos, del Ministerio Público, no produjo el resultado esperado.

Entre los fallecidos figuran Gerardo Vargas Areco, que estaba en la Segunda División de Infantería, en Villarrica.

Murió en 1989, supuestamente por disparo accidental; pero los familiares denunciaron que él tenía torturas y rastros de quemaduras. Paraguay fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, a cumplir sentencias y reparaciones a los familiares.

Otro fallecido fue Víctor Hugo Maciel, en la sede de la Caballería, Campo Grande, por descuereo intenso, según la denuncia.

Su caso fue llevado a la Comisión Interamericana y el Estado llegó a acuerdo amistoso con los familiares. Una calle, en la ciudad de María Auxiliadora, Itapúa, lleva su nombre.

Ver nota:
http://www.ultimahora.com/notas/324485-%22Los-servicios-civil-y-militar-deben-ser-solo-voluntarios&quot

Comentarios

comentarios