Mañana se cumplen cinco años de la masacre de Curuguaty

Habrá acto de conmemoración, visita a la cárcel, marcha y festival artístico en la capital.

Asunción, 14 de junio de 2017 (BASE -IS) Mañana se cumplirán cinco años del episodio más violento en torno al conflicto por la tierra de la historia reciente de Paraguay, la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y seis policías durante un desalojo fiscal/policial irregular.

Se trata del caso más ilustrativo, además, de cómo los operadores jurídicos realizan su trabajo en Paraguay en subordinación a los poderes políticos y terratenientes, en un país donde el 3% de los propietarios concentra un 86% de todas las tierras, y donde el poder político-estatal emana de esta concentración.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue (Ex Marina), departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de la capital, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para repeler a 60 campesinos que ocupaban la tierra, para recuperarla de manos de la familia empresaria Riquelme, que las había usurpado a inicios de los años 2000 movilizando ardides jurídicos a partir de su influencia política.

Mañana colectivos y actores sociales realizarán un acto de recordación a partir de las 8 horas, con una obra de teatro frente a la explanada del Palacio de Justicia; a las 11 horas se hará una visita colectiva a los campesinos presos en la cárcel de Tacumbú por el caso, a quienes se llevará además una serenata.

A las 18 horas se realizará una “Marcha por la tierra, la justicia y la liberad” que partirá desde la Plaza Uruguaya y llegará hasta el Panteón de los Héroes, donde a las 19 horas se hará un acto conmemorativo y media hora más tarde, un festival por la libertad.

Proceso jurídico

De acuerdo a investigaciones de plataformas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía en el caso estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad, el no respeto de protocolos de actuación, el uso desproporcional de la fuerza, la comisión de violaciones de derechos elementales, la comisión de tratos crueles y de violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete de los campesinos.

Durante el proceso fiscal-judicial fiscales y jueces paraguayos decidieron no investigar la muerte de 11 campesinos, a pesar de los indicios de ejecución.

Aun sin investigar la totalidad de los hechos, estos agentes judiciales se empeñaron en responsabilizar de la masacre de Curuguaty y de la muerte de seis policías a los campesinos sobrevivientes procesados.

Un abanico de voces sociales de Paraguay -juristas, activistas, defensores de derechos humanos, artistas, docentes, amas de casa, estudiantes -repudiaron el actuar fiscal/judicial por su falta de objetividad, imparcialidad, por plantar pruebas y por encabezar la tarea de dar una solución jurídica a un caso ya definido de antemano políticamente por poderes fácticos vinculados al acaparamiento de tierra en Paraguay.

En el plano internacional, la actuación fiscal/judicial le valió al Estado paraguayo estirones de oreja de parte de Alemania y Estado Unidos dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también el cuestionamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.

La masacre fue capitalizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo y también para re-articularse en torno a un proyecto político-económico conservador y neoliberal que hoy continúa con el gobierno de Horacio Cartes.

FOTO: Coyuntura Social

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