Marzo: La huelga general canalizó la fuerza y las reivindicaciones conjuntas del movimiento social paraguayo

El asesinato del líder campesino Eusebio Torres en Alto Paraná y del joven campesino Hermenegildo Garcete en extrañas circunstancias que involucran a la policía, la prolongada huelga de hambre de cinco presos del caso Curuguaty, la aprobación del 13º cultivo transgénico en el país y las represiones durante la cosecha sojera marcaron el tercer mes del año, en esta entrega del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos.

El joven Hermenegildo Garcete en una de sus últimas fotos. su muerte se empezó a investigar a partir de las denuncias en medios de comunicación. FOTO: Periódico E'a

El joven Hermenegildo Garcete en una de sus últimas fotos. su muerte se empezó a investigar a partir de las denuncias en medios de comunicación. FOTO: Periódico E’a

La huelga general del 26 de marzo todavía está fresca en la retina del movimiento social paraguayo, y éste necesitará tiempo para entender cabalmente el peso que tuvo en el juego de fuerzas contra el gobierno de Horacio Cartes.

   Fue multitudinaria y nacional, aunque una de las cosas más difíciles será precisar la cantidad de personas que se movilizaron ese día. Además de ésta incógnita, la huelga tendrá todavía muchas otras interrogantes sobre su profundidad y significado en el escenario político y económico.

   En un conversatorio sobre el tema, representantes de la Federación Nacional Campesina(FNC), la Coordinadora Democrática , la Plenaria de Centrales Sindicales y el Frente Estudiantil por la Educación coincidieron en que la promulgación de la Ley de Alianza Público Privada(APP) logró articular a todo el movimiento social en su contra.

  Uno de los logros que vieron los y las disertantes es que incluso días antes de la huelga, el gobierno cedió y aumentó en un 10% el salario mínimo. Esto como parte de sus intenciones de desmovilizarla, pero también atendiendo el tamaño de la movilización.

  El significado de la huelga, según la mesa de disertantes del conversatorio, tuvo un carácter mucho más político-simbólico antes que logros materiales. Por eso, su principal reivindicación sigue pendiente: la derogación de la ley APP. Además logró juntar, más allá de la diversidad y las divisiones -por lo menos circunstancialmente- a todo el movimiento social, especialmente al movimiento sindical.

  Políticamente se reconoció que el gran triunfo fue lograr que la huelga y la necesidad de ella prenda en la ciudadanía y que ésta la acate y la acompañe con las demostraciones de adhesión que se vieron aquel día por las calles.

  “Hubo una conquista importante, el pueblo nos escuchó y se puso a nuestro lado y eso no podemos traicionar”, dijo entonces la máxima dirigente de la FNC, Teodolina Villalba.

  Tiene aún más gusto de logro si se tiene en cuenta el cerco de amedrentamiento y miedo con que el gobierno de Cartes rodeó a la huelga general desde meses antes. La máxima expresión de esto y también de alguna desesperación oficial, fue el intento de generar la idea de que personas infiltradas provocarían hechos de violencia durante su desarrollo.

  Todavía más si se analiza que el movimiento social doblegó la voluntad del gobierno, que primero se mostró intransigente con sus órganos de seguridad y también su agenda política y económica en torno a las reivindicaciones de aquella jornada.

  Todos estos elementos hacen pensar a muchos sectores sociales que la huelga fue el hecho político más importante desde que asumió el gobierno de Cartes. Incluso es tentador pensar que fue uno de los hechos políticos más importantes desde la caída del Partido Colorado y la alternancia luguista.

  Otros analistas resaltaron que la huelga marcó un hito de re-moralización y recuperación de la capacidad de movilización del movimiento social. Pero además representa el inicio de la cicatrización de la herida que el movimiento democrático recibió en junio de 2012 con el golpe parlamentario. 1

  Es probable que la huelga haya sido una palataforma de multisectores para futuras luchas que incluso ya fueron anunciadas, pues el gobierno no atendió las reivindicaciones acercadas. Como tal, es probable que en el futuro deba articular mejor algunas causas que casi quedaron invisibles durante la marcha, a pesar de su histórica importancia, como la de Curuguaty.

Huelga de hambre por Curuguaty

  Sobre el caso el mes de marzo marcó el inicio del deterioro de salud de los cinco presos que estaban entonces en la cárcel Tacumbú:Adalberto y Néstor Castro, Felipe Benítez, Arnaldo Quintana y Rubén Villalba.

  Con esto creció también la desesperación de familiares y sectores sensibles a esta problemática. También se intesificaron varias campañas de sensibilización ciudadana de parte de sectores de la sociedad paraguaya que exigen la libertad de los campesinos y campesinas presos, la recuperación de la tierra estatal donde se registró la masacre aquel 15 de junio de 2012 y una  nueva investigación objetiva sobre estos sucesos.

  Como parte de este contexto, la defensa de los campesinos presentó un recurso de hábeas corpus en favor de los presos, para proteger su integridad. La misma fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia la última semana de marzo.

  Otro de los hechos que resaltaron fue la denuncia realizada por los senadores Pedro Santacruz y Desirée Massi sobre las ejecuciones a campesinos en el caso Curuguaty. En una sesión del Senado ambos exhibieron fotos de campesinos detenidos y esposados por la policía durante el fatídico desalojo de Marina Cue, que luego, denunciaron, aparecían muertos.

  Finalmente a partir de la aclaración de uno de los campesino presos, Luis Olmedo, se aclaró que las fotografías no eran de campesinos muertos, sino de él y de otros que están con vida y procesados.

  Sin embargo, tanto Olmedo como las organizaciones sociales en torno al caso denunciaron que sí hubo ejecuciones policiales a campesinos.

  La investigación especial del caso elaborado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) sostiene que de acuerdo a los testimonios e indicios, siete de los 11 campesinos muertos ese 15 de junio de 2012, fueron ejecutados por la policía, luego de ser detenidos.2

Asesinato del dirigente campesino Eusebio Torres

  El 12 de marzo fue acribillado frente a su casa el dirigente campesino Eusebio Torres, referente de conquistas campesinas del distrito de Itakyry, departamenteo de Alto Paraná, la región más sojera del país.

  Su asesinato se enmarca en la disputa de tierras del lugar que enfrenta a poderosos intereses sojeros con familias agricultoras. En la colonia Santa Lucía el Instituto de la Tierra(INDERT) abrió un proceso de recuperación de 3.187 hectáreas que actualmente están usurpadas irregularmente por sojeros.

  Eusebio Torres fue el referente local que guió a los funcionarios del ente estatal, parcela por parcela, para las primeras mediciones y trámites en terreno.

  Otro de los drigentes campesinos de la región , Tomás Zayas, comentó que hace tiempo la mayoría de los referentes de esta lucha están bajo amenaza de muerte, por lo que varios de ellos decidieron salir del lugar, pero Torres decidió quedarse a pesar de todo.

  Dijo que el conflicto original también involucró a la familia del ex senador liberal Alfredo Jaeggli, que usurpó no solo tierras campesinas, sino también de indígenas del lugar.

  Esto se aclaró más adelante, pero en el caso de las familias indígenas, por ejemplo, nunca pudieron asentarse en sus tierras, porque en el lugar lo hicieron productores sojeros.

  Eusebio Torres es el 117º dirigente campesino asesinado desde 1989, en el marco de la lucha campesina contra intereses terratenientes. Y el segundo del año, luego del asesinato de Nery Benítez, el 2 de febrero último en el distrito de Luz Bella, departamento de San Pedro. 3

Asesinato de Hermenegildo Garcete

  A partir de una denuncia en una radio local de un activista político y de derechos humanos se conoció el asesinato del joven campesino Hermenegildo Garcete (21), ocurrido el 18 de marzo en la comunidad de Brítez Cue, departamento de Canindeyú. 4

  La denuncia de María Estela Medina, su madre, involucra un manejo irregular, confabulado y hasta cómplice del circuito fiscal-forense. Y también acusa a la policía nacional de otro crimen más, vinculado a la protección de explotaciones sojeras.

  Según la versión policial, fiscal y forense, Hermenegildo fue asesinado por uno de sus compañeros de trabajo, que peleó con el joven y terminó asestándolo un hachazo, al pie de los hornos de elaboración de carbón donde ambos trabajaban. 5

  Según testimonios que la madre recabó, fue la mismísima policía quien asesinó al joven campesino. Siete policías, aparentemente conocidos por resguardar cultivos de soja de la zona, bajaron hasta los hornos simulando una requisa a productores de marihuana de la zona. Hermenegildo quiso salir del lugar y en ese momento uno de los policías lo disparó.

  Según varias personas que conocen a la familia Garcete Medina, ésta siempre se opuso al cultivo de soja y su modelo extractivista. La propia madre atribuye la muerte de su hijo al conflicto de fondo entre familias campesinas e intereses sojeros-marihuaneros.

  Hermenegildo, como su hermano Sergio, habían participado de la ocupación de la tierra de Marina Cué y habían sobrevivido al fatídico desalojo que se llevó a 17 personas a la muerte (11 campesinos y 6 policías) en 2012.

Represiones durante la cosecha de soja

  Marzo usualmente es el mes durante el cual se realiza la cosecha del cultivo mecanizado y transgénico de la soja en el país, y suele representar un punto alto de los conflictos entre sojeros y familias campesinas alrededor de las últimas fumigaciones.

  En las anteriores entregas de los boletines hablamos sobre la resistencia campesina a las fumigaciones en distintos departamentos de Paraguay durante el ciclo de la soja. Y la consecuente represión estatal (policial-fiscal-judicial-política) a familias de asentamientos campesinos como Maracaná, Tapiracuay Loma, Crescencio González, Tacuarí, Joajú, Tava Jopói , “7 de abril” . El punto extremo fue el asesinato del referente de la Federación Nacional Campesina, Nery Benítez.

  En marzo la represión a la resistencia campesina no paró, pero aparentemente aminoró en casos. Algunas de las represiones y operativos de la policía, la fiscalía y juzgados fueron parte de la culminación de conflictos que se iniciaron en meses anteriores.

  Un ejemplo de lo que hablamos fue el allanamiento de cinco hogares de la comunidad de Kaguare’i, del distrito de José Fassardi, departamento de Guairá. Allí unas ocho patrulleras con 40 policías violentaron las casas y apresaron a cinco campesinos, de los cuales sólo uno contaba con orden de captura por su resistencia a las fumigaciones semanas atrás.

  No sólo llevaron arbitrariamente a estas personas, sino también hicieron uso desmedido de la fuerza, utilizando gas lacrimógeno al interior de la casa a pesar de la presencia de niños y niñas; robaron celulares, herramientas y otras pertenencias de las familias afectadas.

  También se registró, a pesar del cambio de protocolo policial, custodia uniformada de explotaciones sojales, por ejemplo en Guyra Quejha, distrito de Brítez Cué, departamento de Canindeyú.

Cartes aprobó el 13º transgénico del país

  Hasta antes del golpe institucional de junio de 2012, un solo cultivo transgénico estaba vigente en el país. En 2004 el gobierno de Nicanor Duarte Frutos había aprobado la soja transgénica de la compañía Monsanto, éste era el único liberado oficialmente, aunque algunas especies de maíz transgénicos se cultivaban de contrabando.

  A partir del golpe de Estado contra Fernando Lugo inicia el periodo de restauración neoliberal de fuerzas políticas de derecha, lo que hoy el gobierno de Horacio Cartes llama “nuevo rumbo”.   Una oleada que sirvió especialmente para “ponerse al día” en cuestiones de biotecnología.

  Federico Franco durante su gestión aprobó ocho cultivos transgénicos en sus primeros ocho meses de gestión(¡en promedio sería una aprobación por mes!). Cartes había aprobado tres cultivos transgénicos hasta febrero, entre ellos el polémico maíz NK603 que mató de tumores a las ratas del investigador francés Seralini durante un estudio laboratorial.

  En el último mes de marzo, los órganos de la administración Cartes liberaron en el país el maíz Powercore de la empresa transnacional Dow Agroscience, con tecnología de cinco trans-genes en su estructura.

Zuccolillo el productor de arroz, Vierci el vendedor de azúcar

  El mes pasado compartíamos en el análisis mensual sobre el desvío de cursos enteros de ríos y arroyos para la producción de arroz, por parte del empresario inmobiliario y de medios de comunicación Aldo Zucolillo. Durante marzo otro empresario importador y mediático estuvo vinculado a un ilícito, esta vez Antonio Vierci. 6

  El 11 de marzo inspectores del Ministerio de Industria y Comercio(MIC) incautaron 160 mil kilos de azúcar ingresada irregularmente desde Brasil al país en depósitos de la empresa AJ Logística de la ciudad de Itauguá.

  Funcionarios de la repartición estatal explicaron que existe una práctica de re-embolsado de azúcar que se trae de Brasil, donde los costos son menores, estimulados por el menor costo de producción de la caña de azúcar, dijeron.

  Tras algunos estudios sobre su contenido, el Estado recomendó no consumir esta azúcar, debido a que los índices de aditivos superaban lo permitido para la salud humana.

Vierci es el mayor empresario supermercadista del país, con alredor de 20 locales sólo en Asunción. Probablemente es el empresario que más provee de productos y alimentos a la población paraguaya diariamente. 7

 El polémico convenio de la SEAM con Guyrá Paraguay

  A finales del mes de marzo una serie de publicaciones periodísticas denunciaba que la secretaría del Ambiente (SEAM) firmó un convenio “a perpetuidad” con la oenegé nacional Guyrá Paraguay, en la cual le delegaba sus atribuciones estatales. 1

  Los titulares explicaban que las atribuciones que se le conferirían a la oenegé eran la de gestión de proyectos, elaboración del informe nacional para presentar ante organismos como las Naciones Unidas, la identificación y conservación de áreas de biodiversidad.

  Decían que se agravaban aún más las condiciones de la firma del convenio teniendo en cuenta la naturaleza de perpetuidad del mismo, junto con la potestad a Guyrá Paraguay de decidir si terceros participaban o no en ciertos proyectos de la SEAM.

  Se denunciaba que se estaba ante una modalidad de privatización de funciones del Estado. Ante todo esto la SEAM difundió un comunicado que se puede resumir en uno de sus párrafos:

  “A través del convenio no se delegan funciones. El convenio marco abre posibilidades de cooperación que serán beneficiosas para el Estado paraguayo y ha sido estudiado previamente por profesionales especializados de la institución. El mismo es un acuerdo de voluntades diferente a un contrato en el sentido estricto. Se aclara que el convenio va dirigido a una cooperación técnica de especialistas en las áreas específicas”. 2

  El medio de comunicación que realizó las denuncias es ABC Color, caracterizado por trabajar campañas periodísticas funcionales a los intereses empresariales de su propietario Aldo Zucolillo, que durante el mes pasado fue denunciado por otros medios de comunicación por desviar cauces naturales de arroyos para alimentar sus cultivos de arroz.

  Sin embargo, más allá de este antecedente, efectivamente la SEAM manejó con mucho hermetismo y discreción el convenio en cuestión. Efectivamente como afirmó ABC Color, no lo puso a disposición de la gente en su página web y cuando Base IS intentó conseguirlo a través de la Dirección de Comunicación de el ente estatal, si bien recibió la promesa de recibirlo, nunca se concretó.

  El 1 de abril último la titular de la SEAM, María Cristina Morales, fue interpelada por la Cámara de Diputados por este tema, en torno al desvío de ríos por productores de arroz y por aprobar la caza de una especie de lagarto (teju guasu) sin antes realizar un estudio de las condiciones del reptil.

Suspenden al fiscal Zarza por pedir coima

  El fiscal de la ciudad de Curuguaty que había imputado a los familiares de víctimas de la masacre de Marina Cué, que intervino en el asesinato del joven Hermenegildo Garcete, que utilizó sus funciones para resguardar sojales y reprimir policialmente a familias campesinas que se oponían a fumigaciones irregulares, que imputó a varios referentes campesinos, agente José Zarza, fue separado de su cargo tras una denuncia de coima.

  Zarza habría exigido a un ganadero de la zona de Curuguaty unos 65 millones de guaraníes (14.500 dólares) para agilizar y tramitar un operativo fiscal a fin de desalojar a unos campesinos que realizaban una ocupación en unas tierras que se atribuía el ganadero. En este momento es investigado por el Ministerio Público.3

 

 

CITAS

2 VER: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2012) “Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue” (Asunción: Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay).

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