El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos registró el asedio sobre las comunidades rurales, que se dio a través de desalojos, atropellos, amedrentamientos. Resaltaron además la declaración estatal de que Marina Cue es del Estado paraguayo, el logro de Sawhoyamaxa en la Cámara de Diputados, el índice de deforestación récord del 2013, la corrupción estatal-política en torno a las tierras de San Agustín y la opinión del Banco Mundial de que el sector agroexportador local debe pagar más impuestos.
Las entregas anteriores estuvieron marcadas por el calendario sojero que abarca setiembre-marzo, el resguardo policial a las fumigaciones y siembras irregulares y su contracara de represión y persecución fiscal contra las comunidades campesinas. También la aprobación de cuatro transgénicos más en ese periodo, una huelga general y otra huelga de hambre y logro de prisión domiciliaria de cinco de los presos del caso Curuguaty.
Todos estos acontecimientos estuvieron enmarcados en el escenario de ofensiva neoliberal y de promoción abierta de los agronegocios, articuladas en torno al nuevo rumbo. Éste periodo político, considerábamos, arrancó el 15 de junio de 2012 con la masacre de Curuguaty, el golpe institucional al proyecto de alternancia y la recuperación de los órganos estatales por parte de los partidos tradicionales de derecha.
FOTO: Referentes de la comunidad de Sawhoyamaxa en su vigilia en Asunción (Tierra Viva)
Sawhoyamaxa, Y’apo, Tacuara’i Marilú, comunidades ayoreas y Laefiyuket
Como nunca en el mes que analizamos fue visible la tensión histórica entre territorios ancestrales indígenas y terratenientes sojero/ganaderos. La comunidad de Sawhoyamaxa – del pueblo enxet- logró conquistas en la Cámara de Diputados(21 de mayo), luego de que el mes pasado lo hiciera en Senadores(24 de abril). Finalmente logrando la restitución de sus tierras ancestrales a traveś de la ley de expropiación, como es de público conocimiento.
En mayo, además, tuvo enorme resonancia el caso de la comunidad ava guaraní Y’apo, ubicado en el departamento de Curuguaty. Tal vez por el actuar de la jueza Silvia Cuevas, que convocó a una audiencia en su despacho a la comunidad indígena para ejecutar en simultáneo un desalojo sin estorbos.
El desmantelamiento de toda la comunidad fue firmada por la magistrada, fue ejecutada por la policía local y estuvo dirigida por los administrativos de la empresa Laguna SA., la firma que pretende apoderarse de las 4 mil hectáreas de tierras sagrada de los ava guaraní.
Aún más llamativo fue el hecho de que años atrás, en el litigio judicial que pugnan la comunidad Y’apo y Laguna SA., la misma jueza había dado la razón a las familias indígenas en torno a la pertenencia de las tierras.
En el mismo departamento, pero dos semanas antes, la comunidad de Tacuara’i Marilú fue atropellada por pistoleros civiles vestidos de camuflaje, que actuaron con violencia desmedida, violentando y quemando objetos y hasta automóviles de la comunidad.
Al llegar al lugar la policía, en vez de investigar la violencia registrada, terminó de desalojar a la comunidad, según las denuncias recabadas en los medios de comunicación. La comunidad indígena disputa unas 335 hectáreas con un ciudadano brasileño de apellido Barolo, que alquila sus tierras a otro conciudadano suyo de nombre Severino Rousser Moura.
Analizando ambos casos de atropello, vemos que se consolida como patrón no solo la tolerancia policial-fiscal-judicial hacia grupos paramiliatres, sino un trabajo en conjunto para concretar el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas en favor de intereses terratenientes.
En esa misma semana un grupo de referentes ayoreos denunció ante la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados que ganaderos brasileños invaden su territorio ancestral en el Noreste del Chaco paraguayo, en el distrito de Carmelo Peralta.
Explicaron que actualmente usurparon 50 hectáreas del lindero, abrieron un camino y plantaron pastura. Dijeron que tienen unas 20 mil hectáreas de tierra para ocho comunidades ayoreas.
En las cercanías de Asunción también se registraron situaciones que vulneran los derechos territoriales de otro pueblo indígena, los maká. Varias familias maká se instalaron a partir de los 30’s del siglo pasado en la zona de Zeballos Cue y Chaco’i, a partir de la sesión de tierras por parte del Estado, como retribución al pueblo maká por sus acciones durante la guerra que enfrentó a Paraguay y Bolivia(1932-1935).
A fines de abril último varias personas que decían pertenecer a un comité de producción hortícola desalojaron a las familias indígenas y se empezaron a instalar en el lugar, de acuerdo a informaciones periodísticas. Ante esta situación, el Instituto del Indígena(INDI) emitió un decreto en este mayo reivindicando el derecho de los maká sobre esas tierras y se comprometió solucionar la situación.
Desalojos a asentamientos campesinos
La violencia y presión que ejercen los actores del agronegocio se da, incluso, sobre comunidades ancestrales o históricamente asentadas. Y éstas se multiplican hasta la eliminación física cuando se trata de reprimir la ofensiva de familias campesinas sin tierra que ocupan latifundios, tierras malhabidas o tierras fiscales.
En los últimos 25 años se registraron unos 117 asesinatos a líderes campesinos en sus comunidades, la mayoría de ellos estaba al frente de ocupaciones o asentamientos aún no consolidados. La misma masacre de Curuguaty es un ejemplo ilustativo de esta tendencia.
En este año se registraron dos asesinatos de referentes campesinos, el de Nery Benítez el 2 de febrero en Luz Bella, departamento de Canindeyú y el de Eusebio Torres el 12 de marzo en Itakyry, departamento de Alto Paraná.
En el mes analizado se destacaron, entre muchos hechos, dos grandes desalojos en los departamentos de San Pedro y Canindeyú. El 20 de mayo en Guayaibí un despliegue de decenas de policías antimotines, montada, fusileros, 30 patrulleras, helicóptero y maquinarias pesadas arrasó con un asentamiento de cuatro años de antigüedad, compuesto por 600 familias.
Las mismas ocupaban unas 1.600 hectáreas de una tierra mayor, perteneciente a un jefe militar de la época estronista, de acuerdo a las denuncias. La policía destruyó la escuela, casas, cultivos alimenticios y capilla que había en el lugar. Todo esto a pesar de que hace cuatro años que se realizan trámites ante la municipalidad local y el Instituto de la Tierra(Indert), para legalizar la ocupación, indicaron las familias afectadas.
El 28 de mayo en el asentamiento Jorge Martínez de Sidepar 3000, distrito de Yasy Kañy, un despliegue policial similar arrasó con las casas de unas 50 familias asentadas en unas 560 hectáreas desde 2008, denunció la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC).
El operativo estuvo a cargo del fiscal Benjamín Maricevich de Curuguaty. Durante el procedimiento, hijos y personales contratados por la persona que se atribuye las tierras -Marcos Vela Vaesken- incendiaran las viviendas campesinas del predio en disputa.
Las familias salieron antes de que se realice el operativo, que según la organización campesina se realizó sin orden judicial. Una vez terminado el mismo, las familias volvieron a ocupar el predio.
Vela Vaesken afirmó a medios de prensa que los campesinos deforestan el lugar, y las familias de la MCNOC dicen que lograron un desarrollo social del lugar, con viviendas, escuela, pozos y 60 hectáreas de cultivos de alimentación, además de hectáreas de plantines forestales.
A pedido del senador liberal Luis Alberto Wagner la cámara de Senadores pidió la destitución del fiscal Maricevich ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por ordenar la quema de las viviendas de las familias del asentamiento, por la “barbaridad” con que actuaron los órganos intervinientes.
En ambos episodios podemos ver un mismo patrón de actuación de policías y fiscales, el de un despliegue de fuerza, armas y logística desproporcional para la situación que atiende, que para el periodista Miguel López “emula la represión desplegada en la masacre de Curuguaty”.1
Laterza Cue, a la espera de una expropiación
Por un lado la presión/represiónsobre las familias campesinas e indígenas y por otro, cuando éstas recurren a mecanismos institucionales y jurídicos, vemos que los órganos estatales y también actores tradicionales de la política conspiran contra la consecución de resultado alguno.
Este es el caso de cientos de asentamientos que acompañaron sus movilizaciones y ocupaciones con mecanismos legislativos y administrativos y quedaron empantanados en ese ámbito.
En mayo se postergó el estudio del borrador de ley para expropiar las tierras de Laterza Cue a favor de las familias agricultoras asentadas en el lugar por más de 40 años. Las tierras se ubican en el distrito de Mariscal López en del departamento de Caaguazú y su historia representa uno de los casos más emblemáticos de usurpación de tierras, violencia hacia familias campesinas agricultoras y empleo de órganos policiales-fiscales del Estado para fines privados.
Para las familias, todo ese tiempo fue de asedio, asesinato de al menos siete campesinos, torturas, secuestros y hasta falsificación de firmas de jueces, de acuerdo a varias publicaciones periodísticas.
Las tierras totalizaban 3.000 hectáreas y pertenecían al ciudadano Mario Laterza desde 1970, pero luego el ciudadano griego Euthymios Ioannidis, aparentemente vinculado al régimen estronista, habría mandado perseguir y secuestrar a Laterza con el fin de quedarse con sus tierras. No lo consiguió en ese momento.
Sin embargo, a través de ardides judiciales y con el apoyo de otra persona de origen brasileño, logró una resolución judicial del juez Hugo Alberto Hermosilla en 1992, que le concedía por usucapión las tierras. Más adelante, el mismo magistrado declaró ante escribanía que la firma que lleva la sentencia es falsa, que él no signó el documento.
Ioannidis logró hacerse de las tierras de esta manera, según denunciaba Mario Laterza (hijo) en un medio de comunicación local. Y fue transpasando las tierras a varias firmas hasta llegar a Bioenergy, que es la actual explotadora de las mismas y la que orienta las acciones represivas policiales-fiscales contra las familias campesinas del lugar. 2
Favero y la colonia Santa Lucía
Muchas veces el acaparamiento de tierras de parte de la clase propietaria repercute sobre ella con las consecuencias de sus acciones. Como ejemplo emblemático podemos citar la situación de Ñacunday, donde millares de familias sin tierra ocuparon las tierras que se atribuye uno de los más poderosos terratenientes locales, el brasileño Tranquilo Favero.
Actualmente el gobierno de Cartes, antes que subsanar la situación de aquellas tierras y revertir el acaparamiento de tierras en manos de Favero, plantea una solución funcional al gran propietario , pues propone a las familias ocupantes una reubicación a la colonia Santa Lucía, en el distrito de Itakyry, Alto Paraná. Todo esto el gobierno lo arropa con esloganes de reforma agraria o recuperación de tierras estatales.
Si bien es cierto que las tierras de reubicación aparentemente fueron usurpadas por productores y el Estado debe recuperarlas, con esto sólo se traslada el problema a otro lugar y es probable que el propio Favero esté influyendo en esta medida. Lo concreto es que la “solución” generó un clima de tensión y violencia en Santa Lucía, involucrando intereses de las familias sin tierra y de los colonos brasileños locales, que incluso ya cobró la vida del dirigente campesino Carlos Eusebio Torres el 12 de marzo último.
En estas últimas semanas las primeras familias sin tierra se mudaron al lugar con la asistencia del Instituto de la Tierra(Indert), escoltados por militares armados. En total unas 570 familias irían al lugar. Con el tiempo Santa Lucía se podría convertir en un foco de más violencia si es que los colonos brasileños del lugar, que se atribuyen las tierras que el Indert entrega, orientan su ira hacia las familias sin tierras.
Indert: “Marina Kue es el del Estado”
El acontecimientos más importante sobre el caso de la masacre de Curuguaty después de la prisión domiciliaria obtenida por los presos en huelga de hambre… fue la declaración del titular del Indert, Justo Cárdenas. Públicamente aseguró que la tierra donde se registró la matanza es del Estado paraguayo.
Esto tiene un enorme peso en el escenario judicial que viven los principales acusados del caso, los 13 campesinos y campesinas, puesto que casi toda la acusación fiscal contra ellos y ellas descansa sobre los cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal(ésta última relacionada a la primera). La tercera acusación es la de homicidio culposo, que sólo pesa sobre algunos de ellos y ellas.
El descrédito de todo el proceso fiscal-judicial del caso gira en torno a, principalmente, dos motivos: 1-La absoluta falta de objetividad de la investigación fiscal, donde el fiscal Jalil Rachid ni siquiera se dignó en investigar quién mató a los 11 campesinos caídos durante el episodio. 2- La debilidad de acusar de invasión de inmueble ajeno a los campesinos, cuando todavía jurídicamente otra instancia de la Justicia tiene pendiente resolver a quién pertenece la tierra: a los Riquelme o al Estado paraguayo.
Es en este escenario que el Indert sale a decir que la tierra de Marina Kue es del Estado, cuestión que es de público conocimiento de acuerdo a toda la documentación existente, pero que viniendo de la institución tiene una carga propagandística grande.
Las declaraciones del Indert son fruto de un enorme trabajo de cabildeo, sensibilización y presión nacional e internacional, logrado por varias organizaciones sociales locales encabezadas por la Articulación Curuguaty y una parte de la iglesia católica.
Este trabajo forzó a que el Estado paraguayo revea su estrategia frente al caso Curuguaty. Mientras que primero se mostró presuroso de lograr una fórmula jurídica que legitime los orígenes político-económicos de la masacre…en un segundo momento empezó a actuar con mayor cautela y ceder a exigencias de los campesinos presos y las plataformas sociales que los defienden. Así como asumir como suyas las tierras y hasta “dialogar” con la familia Riquelme.
Las declaraciones del Indert y la nueva estrategia estatal se enmarcarían, además, en una intención consensuada con la familia Riquelme de declarar la tierra de Marina Kue como reserva ambiental e impedir que las familias campesinas la ocupen. Y en contrapartida, ofrecer otras tierras para las familias campesinas sobrevivientes y víctimas de la masacre.
En este contexto, la Corte Suprema había rechazado en abril una acción de la familia Riquelme que pretendía impedir que el Indert siquiera accione judicialmente por las tierras. Como respuesta los Riquelme presentaron un recurso contra este fallo de la Corte, lo que en este mayo fue, nuevamente, rechazado por la máxima instancia judicial del país. De esta manera, quedó allanado el camino para que el Indert participe del juicio donde se debatirá judicialmente a quién pertenece la tierra de Marina Kue.
Rubén Villalba y el caso Pindó
Mientras esto ocurría, en otras salas judiciales Rubén Villalba, el dirigente campesino acusado de encabezar la supuesta emboscada campesina en Marina Kue, participaba de audiencia preliminar por acusaciones por invasión a la propiedad privada y privación de libertad de un asistente fiscal en la colonia Pindó, Canindeyú, en 2010.
La jueza encargada de dictaminar fue Yanine Ríos, la misma que decidió elevar a juicio oral la causa de la masacre de Curuguaty. En la causa de Pindó la defensa de Villalba pidió su libertad, lo que no fue concedida por la magistrada, a pesar de que el fiscal investigador la había pedido ya en marzo, explicó su abogado.
Villalba apeló la decisión de la jueza y pidió su separación de la causa, que no tuvo que ser definida por el tribunal de apelaciones puesto que la magistrada misma decidió separarse. El 19 de mayo senadores del Partido Liberal, Frente Guasu y Avanzas País denunciaron a Yanine Ríos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados(JEM) por parcialidad manifiesta y mal desempeño en sus funciones.
Deforestación récord, al amparo del “nuevo rumbo”
Un informe de prensa de la organización WWF señalaba a principios de mayo la preocupación por el nivel de deforestación registrado en 2013. Según datos ofrecidos y comparados con años anteriores, en este último año la deforestación se quintuplicó, pasando de 5.703 hectáreas(2012) a 28.837 hectáreas (2013).
El disparo de la deforestación se da en un contexto de promoción del gobierno de Horacio Cartes a los emprendimientos agroexportadores de la clase propietaria del país y de inversionistas extranjeros, específicamente alentados por el decreto 459/2013 del 8 de octubre último.
Éste reglamenta la ley 345/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, pero en la práctica la desdice, puesto que en su artículo 2, inciso b punto 1, que establece las obras y actividades que precisan de estudio de impacto ambiental, exime a fincas menores de 500 hectáreas en la Región Oriental y 2mil hectáreas en la Región Occidental de este requisito.
Los agroexportadores deben pagar más impuestos
Entre las infomaciones procesadas, además, resaltaron declaraciones y hechos entorno al nivel de impuestos que paga el sector agroexportador en Paraguay.
A inicios del mes el ministro de Hacienda, Germán Rojas, en una mesa con inversionistas extranjeros se tomó con el presidente del sector ganadero del país, Germán Ruiz. El funcionario reclamó al empresario el nivel de evasión del sector, como también su bajísimo aporte al fisco, que sólo llega al 0,9% del total según cifras oficiales.
Se lamentó que el gobierno haya apelado a la universalización del iva de productos agropecuarios en vez de aplicar impuestos a la exportaciónde granos.
El Banco Mundial, en el mismo mes, sugirió al Estado paraguayo alzar los impuestos al sector agropecuario para equilibrar el sistema impositivo paraguayo, que ahora depende mucho del consumo antes que de fuentes directas.
Específicamente se refirió a eliminar las exhoneraciones que hoy favorecen al sector en la renta agropecuaria, en las ventas y en los impuestos sobre la propiedad.
La explotación de hidrocarburos en la agenda extractivista
El proyecto neoliberal del nuevo rumbo (que empezó con el golpe institucional a Fernando Lugo) flexibilizó normativas ambientales e institucionales para promover las actividades agroexportadoras. Y también promovió el desembarco a Paraguay de proyectos de explotación de hidrocarburos.
Las actividades relacionadas a la exploración y explotación de suelos para la comercialización de petróleo, gas o minerales forma parte -junto con la explotación sojera y ganadera- de un mismo modelo extractivista de economía.
Pero de acuerdo a los antecedentes en otros países, las consecuencias de estas últimas actividades son de mayor escala, velocidad y más devastadoras para el equilibrio ambiental y las comunidades cercanas a las explotaciones.
En mayo el titular de Minas y Energía, Emilio Buongermini, declaró ante los medios de comunicación que está previsto que en las próximas semanas la empresa President Energy empiece a perforar el primero de tres pozos de gran profundiada que pretende realizar en el Chaco paraguayo.
El funcionario explicó que es la primera vez que en el país se realizará una perforación a profundidad, de 2.800 a 4.500 metros, para constatar la presencia de gas y petróleo en el Chaco, específicamente en el lugar llamado Cruce Pelícano, departamento de Boquerón. El segundo pozo se realizaría en setiembre y el último dependerá de los resultados de los dos primeros.
Según la publicación periodística se estima que en la zona de exploración de la empresa habría mil millones de barriles de petróleo, de acuerdo a los resultados de una auditoría independiente pagada por la empresa.
También explica que el taladro utilizado por la empresa es de tanta envergadura que está integrada a la potencia de 100 camiones, de los cuales 40 ya estaban en el Chaco y los restantes debían venir desde el Brasil.
Buongermini dijo a la prensa que dos empresas más empezarán en las próximas semanas perforaciones en la Región Oriental del país. Amerisur en el departamento de San Pedro y Bohemia en el departamento de Alto Paraná.
Además del acaparamiento de tierras y recursos naturales por parte del circuito sojero -ganadero, y los múltiples conflictos sociales, económicos y ambientales que acarrea, desde este último año se sumaría a este contexto una mayor presión de parte de los intereses de las empresas de hidrocarburo.
Esto tendría consecuencias directas sobre las comunidades indígenas y campesinas de ambas regiones del país y especialmente sobre el medioambiente y los territorios conservados hasta hoy.
San Agustín: tierras, moneda de cambio para pactos electorales
En marzo de 2013 los líderes liberales y oviedistas sellaron un pacto para que estos últimos voten por el candidato liberal en las elecciones presidenciales de abril de ese mismo año. Como parte del acuerdo el gobierno liberal de Federico Franco compró con presupuesto estatal 5.700 hectáreas de tierra a la empresa San Agustín, perteneciente a la familia del referente oviedista Jorge Oviedo Matto.
Las tierras se ubican en la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera y supuestamente el Estado paraguayo las compró, a través de su Instituto de la Tierra, para entregarlas a familias agricultoras beneficiarias de la reforma agraria.
Pagó por la operación 60 veces más que su valor fiscal, indicó la fiscalía anticorrupción, que abrió una carpeta para investigar el daño al patrimonio del Estado. Ésta concluyó, además, que no solamente hubo sobrefacturación para beneficiar al líder oviedista, sino que las tierras compradas no son aptas para destinarlas a la reforma agraria.
La tierra, en un país agropecuario como Paraguay, sigue siendo la base material del poder económico pero también político, especialmente para los partidos políticos tradicionales. También podemos decir lo mismo por los recursos del Estado.
El Estado, en aquella operación, pagó el 80% de la transacción a la empresa San Agustín, por lo que le adeudaba unos 14mil millones de guaraníes. A la empresa se le ocurrió, en este último mes, “donar” al Estado ese dinero. Lo que el gobieno de Cartes aceptó, tomando la decisión política de blanquear el negociado con bienes del Estado. En este contexto de beneplácito del elemento político, la fiscalía y el proceso judicial sobre el caso tienen poco futuro.
Jornada mundial contra Monsanto
El pasado 24 de mayo en múltiples países del mundo se vivió el día mundial contra Monsanto, una jornada de protesta contra el modelo económico de los agronegocios, dirigida contra quien es su máxima representante a nivel mundial, la transnacional Monsanto.
Actividades, protestas y procesos simultáneos se realizaron en México, España, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico…en Paraguay se realizaron actos de sensibilización sobre las consecuencias de los cultivos transgénicos y los agrotóxicos sobre la salud humana, animal y medioambiental, en los dos mercados populares más importantes del país, el de Abasto y el Mercado 4.
Frente al Panteón de los Héroes de la capital se vivió un acto cultural y exhibición de productos alimentarios cuya base está compuesta por soja o maíz transgénicos, y por último se visitaron medios de comunicación para explicar sobre la jornada y la campaña Ñamoseke Monsanto, plataforma que encabezó las actividades.
FOTOS: Y’apo(Conapi) y Sawhoyamaxa(Tierraviva)
[…] antecedentes de las tierras de Laterza Cue El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Is sintetizó el caso de este modo. En mayo se postergó el estudio del borrador de ley para expropiar […]