¿Nueva Política Pública de Atención a Adolescentes infractores?

El martes 3 de Abril pasado, BASEIS participó de la Mesa de Trabajo para el diseño de una política pública focalizada a la atención de adolescentes infractores, organizada por la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, y la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Dicho espacio reunió a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con adolescentes y jóvenes, a fin de conocer sus expectativas y sugerencias sobre tres ejes de acción a los cuales apuntará esta nueva política.
Al analizar los tres ejes, parece inevitable recordar el estudio publicado por BASEIS en el año 2004, el cual se titula “Reinserción Social de Adolescentes Infractores. Una tarea pendiente,” escrito por Lissa Benítez, Laura Platón y Ruth Zorrilla.
Este informe, con su diagnóstico de la situación y las causas de infracción que menciona, sigue teniendo vigencia al compararlo con las problemáticas y propuestas que resultaron del debate entre los participantes de la Mesa de Trabajo. Podemos afirmar entonces que, si tenemos en cuenta la ratificación paraguaya de la Convención de los Derechos del Nino por ley N° 57/90 el 20 de Noviembre de 1990, hace más de una década se viene postergando la necesidad de terminar con los castigos corporales y el maltrato psicológico, como así también de atender los derechos de los adolescentes para evitar que conviertan a la crueldad y la delincuencia en hábitos cotidianos.
El primero de los ejes debatidos en la Meas de Trabajo fue la prevención, entendida como medidas de gobierno necesarias para evitar actos fuera de la ley por parte de los adolescentes. Tanto en el estudio mencionado como entre los participantes de la mesa de trabajo se cristalizaron como causas de la delincuencia juvenil, la pobreza, el desempleo y la falta de educación. Por ello se sugirió como medida fundamental de la nueva política, la creación de fuentes de trabajo para madres y padres de niñas y niños en situación de riesgo, como así también una Reforma Agraria Integral, que incluya escuelas con orientación agrícola a fin de evitar el hacinamiento y desempleo en las periferias de las grandes ciudades.
El segundo eje de acción estuvo centrado en la atención directa a jóvenes infractores. En la publicación de BASE S del 2004 las referidas autoras, al realizar el diagnóstico situacional de los adolescentes privados de su libertad, analizan brevemente a modo comparado la experiencia de la correccional de menores “Panchito López” y el Centro de Educación Integral. A través de ese estudio, es posible entender que si bien las ideas y conceptos en torno a este tipo de instituciones cambiaron en letra y papel, estos cambios no se dieron en la realidad, es decir, en las prácticas represivas de estos centros de detención.
Un ejemplo de ello es el cambio de denominación, de correccional, entendida como una institución punitiva y de disciplina para “adolescentes problema”; a centro de educación integral, entendida como una institución que apunta a proveer de conocimientos y herramientas de inserción social a “jóvenes en situación de riesgo.”
Sin embargo, y a pesar de esta adaptación necesaria de lenguaje y conceptos, las prácticas represivas continuaron aplicándose en el nuevo centro; en el artículo se mencionaron numerosos casos de golpizas y tratos degradantes por parte de los guardias hacia lo jóvenes, que incluso fueron denunciados por Amnistía Internacional en su informe anual del año 2000 y son reiteradamente denunciados por parte de la CODEHUPY en sus informes anuales.
En esta mesa de trabajo del presente año 2012, las organizaciones participantes volvieron a reiterar la necesidad de eliminar los maltratos, sugiriendo corregir el período de 6 hs “libres” que la Policía Nacional tiene para comunicar a la Fiscalía de la detención de una niña, niño o adolescente menor de 18 años, como así también las 24 hs posteriores dentro de las cuales el Fiscal asignado tiene para presentarse en la comisaría ya que en este período suelen ser sometidos a malos tratos y castigos corporales. Concretamente se sugirió reducir los tiempos, para que la/el joven tenga la asistencia inmediata de una persona idónea ante su detención, como así también se instó a que las autoridades policiales comuniquen inmediatamente de la detención a un responsable o tutor, y que estas permitan el ejercicio de contralor por parte de la sociedad civil sobre la situación de una niña, niño o adolescente menor de 18 años detenido.
El último eje de discusión fue la reinserción social de los adolescentes infractores. El informe del año 2004 señala que estos jóvenes, luego de padecer el hacinamiento, la falta de alimentación adecuada, las golpizas y demás condiciones adversas de estos centros de reclusión, al cumplir con sus condenas sufren el rechazo social para su reinserción laboral, este mismo problema fue debatido en la Mesa de Trabajo de la semana pasada, como sugerencia se recomendó a las autoridades del gobierno, a capacitar en oficios a las/los jóvenes detenidos, a respetar la privacidad de los antecedentes penales, a convocar personal especializado en trabajo con la juventud para realizar esta tarea, etc.
Como conclusión, los participantes de la mesa de trabajo instaron a las autoridades gubernamentales a recoger las conclusiones de debates anteriores disparados tras la jornada trágica del incendio en el Panchito Lopez en el año 2000, para que de este modo, se pueda trabajar de manera más concreta y rápida a fin de que esta intención de una nueva política pública focalizada a la atención de adolescentes infractores salga a la luz lo antes posible.
Para finalizar, es necesario reflexionar sobre un punto importante que estuvo ausente, se trata de la participación de las personas jóvenes mismas en el proceso, en la cocina de las políticas que irán dirigidas hacia ellos. Si bien, los organizadores contemplaron la presencia de familiares y víctimas, la idea misma de cómo incluir a las/los jóvenes en los tres ejes del proceso no fue objeto de debate y estuvo ausente -hasta ahora- en las conclusiones de la mesa de trabajo. Tal vez por la complejidad de los tres ejes debatidos y la brevedad del tiempo designado este punto no fue mencionado. De todos modos, para dejar de criminalizar la pobreza en este caso juvenil, es necesario comenzar a ver a las personas jóvenes –sea cual sea su situación social- no solo como objetos de derechos y políticas públicas, sino también como personas, sujetos de derecho capaces de hablar sobre sus problemáticas y de aportar su perspectiva en el proceso de toma de decisiones.
De todos modos, la convocatoria a los actores de la sociedad civil que trabajan con jóvenes por parte de las autoridades gubernamentales para el diseño de una política pública es una experiencia que denota un pequeñísimo paso hacia una democracia participativa que es necesario reconocer y ampliar. Por otro lado, es destacable el consenso que surgió en la mesa de trabajo, en torno a combatir las verdaderas causas de la delincuencia frente a recientes propuestas paliativas y regresivas como la de disminuir la edad de imputabilidad, que ha planteado el diputado José López Chávez ante el Congreso hace unas semanas. En este sentido, podemos establecer una coincidencia de puntos de vista para el abordaje de esta problemática entre la Mesa de Trabajo y el informe de DNI Paraguay en su informe recientemente publicado que establece que “la simple disminución de la edad de imputabilidad podrá provocar que los delincuentes mayores busquen personas más pequeñas para cometer los mismos hechos punibles…”1
Por último, el hecho de que las propuestas sugeridas al gobierno por la Mesa de Trabajo emanen de entidades que trabajan, alguna de ellas hace más de 25 años, con escasos recursos en barrios periféricos también permite ver que es posible ampliar las oportunidades de la juventud más allá de la calle.

1-Este informe fue escrito por Mario Camilo Torres Leguizamón y Alberto Manuel Poletti Adorno para Defensa de Niños y Niñas Internacional Paraguay, DNI Paraguay. Titulado: Informe Niños a la Cárcel: reflexiones sobre el proyecto que busca modificar la edad de imputabilidad penal. Disponible en nuestra pagina web.

FOTO: Menores de edad detenidos. Fuente: El sindical.com.ar

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