Foto: Ciencia del Sur
Asunción 28 de abril 2021 (BASE-IS) En los últimos días se registró una nueva ola de ataques contra centros de investigación y organizaciones vinculadas a la producción de estudios sociales. Los ataques provienen de sectores empresariales ligados a partidos políticos de derecha, estrechamente vinculados con el agronegocio y el modelo extractivista.
El disparador de este nuevo episodio de agresiones fue un informe del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) que da cuenta de una enorme sobre producción de cigarrillos en el país. Según señala el CADEP el estudio «Super producción Tabacalera en Paraguay. Impactos domésticos y transfronterizos» revela, que entre el 2008 y el 2019, la oferta neta estimada de cigarrillos en Paraguay ha sido alrededor de seis veces más que las ventas declaradas de cigarrillos. «El diferencial entre ventas declaradas por las tabacaleras y oferta neta estimada de cajetillas de cigarrillos, para el periodo 2008-2019, habría alcanzado un promedio de 2.300 millones de cajetillas anuales. Esta brecha es equivalente a una evasión del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) estimada entre US$ 380 y US$ 400 millones de dólares anuales en ese período» informa CADEP.
Este estudio significó que José Ortiz, gerente de la Tabacalera TABESA, propiedad de Horacio Cartes, atacara a CADEP y sus investigadores además de iniciar una acción judicial contra los mismos. Ante esta situación diversas instituciones académicas expresaron su solidaridad con CADEP, por su parte los Centros pertenecientes al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) señalaron que esta acción «representa un intento de coartar la libertad en la labor científica y la difusión responsable de resultados de investigación de interés público, que aportan al conocimiento y debate sobre la situación social y económica del Paraguay».
Esta campaña de ataques continuó por medio de voceros vinculados al Movimiento Honor Colorado, dirigido por Horacio Cartes, conjuntamente con sectores relacionados al agronegocio y el extractivismo. Diego Zavala, exministro y hermano del Senador Fidel Zavala, indicó que el Estado «no debe financiar investigaciones de Ciencias Sociales porque generan debate». Para las organizaciones dedicadas al análisis y la difusión de Ciencias Sociales estas investigaciones son imprescindibles para la construcción de sociedades que reflexionan críticamente sobre sí mismas y capaces de realizar cambios que impacten en beneficio colectivo. El intento de reprimir su realización, elección de temas, metodologías y divulgación de conclusiones, representa una manifestación de autoritarismo y retroceso para el Paraguay y la Región.
Como último eslabón el Diputado cartista, Basilio Nuñez, cuestionado por los medios de prensa debido a supuestos hechos de corrupción, anunció que solicitará a la Cámara de Diputados aprobar un pedido de informes a CONACYT respecto a los fondos destinados a Organizaciones dedicadas a la producción científica «para evaluar su utilidad para el país y destinar esos fondos a otros sectores afectados por la pandemia». Este pedido se da luego de que el Ejecutivo promulgó la ley que destina los Fondos Sociales de las Binacionales a la Salud, durante el debate respecto al proyecto quedó al descubierto que gran parte de esos fondos eran utilizados de forma discrecional por el gobierno para favorecer a sus aliados políticos y económicos.
Diversos Centros de Investigación señalaron su preocupación ante «la tendencia creciente en nuestro país de diversas modalidades de ataque desde los centros de poder económico y político hacia los sectores dedicados a las ciencias, intentando empañar trayectorias, desacreditar sin argumentos ni información basada en evidencias los resultados y conclusiones de investigaciones cuando no convienen al poder, e incluso intentando limitar el acceso a recursos. Estas son señales que deben alertar a la ciudadanía a fin de impedir el avance autoritario».
Ataques son reiterativos
Desde el año 2019 se registran ataques por parte de sectores de poder económico y político a los sectores dedicados a la ciencia en Paraguay. Primeramente, mediante presiones, lograron imponer en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) un reglamento deja a criterio de los consejeros que investigaciones deben ser financiadas, sin contar con el parecer de pares científicos. Posteriormente impusieron a un empresario como titular del ente encargado de promover la ciencia y tecnología en el país. Los ataques habían iniciado debido a que varias investigaciones mostraban el impacto del agronegocio en las poblaciones campesinas.
También el año pasado el Senador Fidel Zavala hostigó a centros de investigación como CADEP y BASE-IS lo que le valió fuertes cuestionamientos por parte de un gran número de ciudadanos y organizaciones.
Ataques a BASE-IS
Los sectores aliados del agronegocio fustigan permanentemente a Base Investigaciones Sociales, organización con más de 30 años de trayectoria en el análisis y difusión de la realidad social del país.
Durante su trayectoria BASE ejecutó 4 proyectos de investigación financiados por el CONACYT, los mismos fueron publicados y se encuentran a entera disposición del público, la institución ha cumplido cabalmente con las exigencias del ente mencionado sin haber recibido ningún cuestionamiento, todos los proyectos cuentan con actas de cierre.
Podés descargar las investigaciones realizadas por BASE-IS con financiamiento de CONACYT
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Es vergonzoso, escandaloso e inmoral que sectores empresariales ataquen a instituciones científicas y a especialistas por revelar los resultados de sus investigaciones. Pareciera que en Paraguay quieren imponer «la regla de oro»: el que tiene el oro hace la regla. El Estado debe salir en defensa del sentido común y acotar los atropellos de los prepotentes.