Ante las sospechas de titulaciones irregulares y la presencia de tierras malhabidas en Ñacunday, y la estigmatización del campesinado por parte de la prensa empresarial, organizaciones campesinas exigieron ayer al gobierno que aclare dicha situación y afirmaron que acompañarán al Estado paraguayo en su decisión de realizar un Catastro Nacional y de encarar la recuperación de las tierras malhabidas. En ese escenario, que va más allá del caso Ñacunday, ajustan detalles para movilizarse a nivel nacional en agosto.
A los gremios de ganaderos, sojeros y latifundistas exigieron que, si quieren trabajar tranquilos como dicen, se pongan a disposición para permitir que el Estado esclarezca la situación de las tierras del país. Anuncian que van a estar alertas ante eventuales violaciones del derecho del campesinado y ya planificaron medidas institucionales para pedir intervenciones en tierras que están en manos irregulares en el Departamento de Alto Paraná, específicamente en los asentamientos Puerto Indio I y II, Adán y Eva, y Chino Cué, que ya comenzó la semana pasada con Italiano Cué.
Representantes de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), la Asociación de Mujeres Indígenas del Chaco Paraguayo (AMICP), la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC), la Coordinadora Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), la Asociación de Agricultores Oñondivepa, el Centro de Servicios y Estudios Rurales (CSER), el Servicio Jurídico para el Desarrollo Agrario Integral (SEIJA), BASE Investigaciones Sociales (BASE-IS), y el Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa (SEPA) se reunieron ayer en el local de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA), en la ciudad de Hernandarias, donde brindaron una conferencia de prensa.
El secretario general de Asagrapa,Tomás Zayas, recordó que existen casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, según datos de la Comisión Verdad y Justicia, y que el Estado tiene el derecho y la responsabilidad de aclarar la situación de esas tierras. En el caso de Ñacunday, agregó, llama la atención de que los sojeros se opongan a que el Estado haga su trabajo, como lo es una mensura judicial. Por último hizo hincapié en la función del Estado en sanear y legalizar la tenencia de tierras, como parte de una Reforma Agraria.
Ramón Medina, referente de la OLT, agregó a esto que existen en el país títulos de propiedad falsos, adulterados, dobles y hasta triples títulos de una misma tierra. Y que esto amerita que se concrete el Catastro de propiedades rurales. En ese contexto, el dirigente dijo que los latifundistas y sojeros tienen que ser los primeros interesados en que se apliquen estas medidas estatales, para que ellos tengan la tranquilidad que siempre reclaman.
Dijo que en la lista de tierras malhabidas que tiene la Comisión Verdad y Justicia, figuran con nombre y apellido varios asociados de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), y que éstos, en primer lugar, tendrían que ponerse a disposición por propia iniciativa para aclarar la situación de sus propiedades. Además, el referente de la OLT dijo que les preocupa la criminalización que hacen del campesinado los medios de comunicación, que representan a los partidos tradicionales y, justamente, a la ARP, UGP y gremios similares.
Por último, Manuel Medina, de la CRAI, instó al INDERT a seguir ajustando su trabajo para recuperar las tierras de manos irregulares, con los mecanismos disponibles a su alcance, y que las entregue a las familias que son beneficiarias de la Reforma Agraria. También comunicó que, como parte de una central nacional de campesinos e indígenas, estarán alertas y movilizados a nivel de nueve Departamentos.
