Asunción, 26 de noviembre 2025 (Por Abel Irala – BASE-IS) En los últimos meses, el Congreso paraguayo ha sido el escenario de la aprobación de una serie de leyes y medidas que atentan contra el actuar de organizaciones de la sociedad civil y los sectores populares, en una clara agenda de retroceso democrático y la profundización neoliberal en el país. Un proceso legislativo que, a menudo, se realiza «a puertas cerradas» y con una mínima o nula participación ciudadana, priorizando los intereses del capital internacional, las privatizaciones y los grandes conglomerados empresariales.
Más allá de la agenda económica, se han impulsado normativas que directamente restringen las libertades y la participación ciudadana. Un ejemplo es la denominada «Ley Garrote o Anti-ONGs», vista como una herramienta para asfixiar la operatividad de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan sobre temas como derechos humanos, democracia, participación, son consideradas organizaciones que buscan la desestabilización del gobierno, que implementan ideas foráneas y que hablan de temáticas que los gobiernos conservadores hoy consideran subversivas.
Como parte de la campaña gubernamental retrógrada se ha optado por eliminar la palabra «género» de los materiales educativos, reflejando una postura ideológica que busca limitar los avances en materia de derechos y diversidad.
El gobierno, de la mano del Partido Colorado (Honor Colorado), está promoviendo activamente una reforma estatal de corte neoliberal, que intenta ser silenciosa, solapada, por eso en el Parlamento se intentan evitar las audiencias públicas, las consultas ciudadanas o la participación de las organizaciones sociales.
En los últimos tres meses (entre setiembre y noviembre), se destacan los siguientes movimientos legislativos:
– Aprobación del Paquete de Leyes Económicas: El Senado dio luz verde a las propuestas del presidente Santiago Peña, enfocadas en la modernización del régimen de maquila y la implementación de nuevos incentivos fiscales para la inversión, así como una política de producción de equipos eléctricos y digitales.
– Ley de Energías Renovables No Convencionales: Está en marcha un proyecto que busca la «Modernización del régimen que regula y fomenta la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas». Este proyecto impulsa la privatización de la energía, y que las empresas internacionales puedan producir la energía para su consumo interno.
– Fusión de Ministerios y Denuncias de Privatización Eléctrica: Se encuentra pendiente el proyecto que intenta unificar los ministerios de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía. SITRANDE (Sindicato de Trabajadores de la ANDE) ha denunciado que esta fusión es una estrategia para reducir el papel del Estado y allanar el camino para la privatización del sector eléctrico. Esto implicaría despojar a la ANDE de atribuciones técnicas (como la fijación de tarifas), lo que podría beneficiar aún más a sectores como las criptomineras, que ya gozan de tarifas especiales reducidas.
– Nuevo Proyecto de Ley de Minería: Se está preparando una nueva legislación que abre un nuevo frente para la explotación de recursos.
Mientras que las medidas legislativas y burocráticas de supuesta modernización favorecen a los grandes intereses y al capital extranjero, se imponen políticas que buscan asfixiar a los sectores de trabajadores y trabajadoras, especialmente a los pequeños y medianos productores.
El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, abogó por la «formalización» de los agricultores (septiembre de 2025), argumentando que esta les permitiría acceder a mejores precios y combatir la explotación de intermediarios. Sin embargo, esta formalización se percibe como una carga excesiva, un obstáculo burocrático para colocar más cargas sobre la agricultura familiar campesina.
La FNC (Federación Nacional Campesina) ha denunciado una política intencional de abandono hacia la pequeña y mediana producción nacional, agravada por las políticas persecutorias de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios).
La FNC señala que, bajo el pretexto de combatir el contrabando, la DNIT lleva a cabo prácticas intimidantes que criminalizan a pequeños productores, decomisando legítima y sacrificada parte de la producción nacional en operativos aparatosos con fuerza pública. Esta persecución, tendría el objetivo de profundizar el retroceso democrático, golpear al campesinado para expulsarlo de sus tierras y arrinconar la producción nacional para dejar vía libre al contrabando de gran escala, que debería ser atajado en las fronteras y no persiguiendo a los productores internos, expresaron en su repudio.
Por otro lado, las propuestas de las organizaciones campesinas, de que tierras recuperadas del crimen organizado en manos de SENABICO (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados) pasen a ser destinadas para la reforma agraria, encuentra una férrea oposición en el poder legislativo que se niega a modificar la Ley 5876, y en paralelo se profundiza la persecución judicial a referentes campesinos que impulsan movilizaciones y protestas para democratizar la tenencia de la tierra en Paraguay.
En este sentido, un nuevo fragmento de la lucha por la tierra se encuentra en desarrollo en nuestro país desde el Departamento de San Pedro miles de campesinos y campesinas se encuentran movilizados para acceder a tierras del crimen organizado y transformarlas en comunidades productoras de vida, de cultura y alimentos.
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