Asunción 14 de Agosto, 2019 (BASE-IS) Se completa el primer año de gestión de Mario Abdo Benítez como Presidente de la República, este primer año estuvo marcado por la continuidad del modelo económico, la profundización del modelo de agronegocios y la represión. El reciente estallido de una profunda crisis política golpeó duramente al gobierno que se muestra incapaz de zanjar la compleja situación que se agudiza con una profunda crisis económica y social que afecta a los sectores populares.
El 15 de agosto de 2018 Mario Abdo Benítez asumía un mandato al que había llegado con liderazgo bastante diezmado, los acuerdos con su otrora contendor Horacio Cartes, con una imagen muy deteriorada ante la sociedad, además del escaso margen de victoria y las serias sospechas de fraude electoral minaron desde el primer momento la legitimidad del autodenominado “Marito de la gente”. Quienes no dudaron en dar su apoyo fueron los principales gremios empresariales y del agronegocio, acostumbrados a mantener buenos acuerdos con los gobernantes, los gremios de la “gran producción” sellaron su incondicionalidad al gobierno a cambio del compromiso presidencial de no modificar el injusto esquema tributario y la defensa a ultranza de la propiedad privada, los pactos se cumplieron y el gobierno dio continuidad al modelo económico.
Las políticas de este primer año de gobierno no tuvieron nada de novedosas, se mantuvieron el apoyo y los privilegios para los agroexportadores y para el modelo de agronegocios, ante la catástrofe climática con una de las inundaciones más fuertes de los últimos años, el gobierno priorizó la ayuda y el salvataje a los sojeros dejando olvidados a los pequeños productores. Los reclamos campesinos siguieron llegando como cada año y la respuesta fue siempre la firma de algún compromiso que al tiempo acababa por romperse.
El gobierno acordó con algunas fuerzas una Reforma Fiscal que no generó mayores cambios dejando de lado el impuesto a la exportación de granos y concluye un primer año sin ninguna medida que apunte a transformar la realidad de desigualdad que vive el país, la Reforma Agraria no formó parte de la agenda política del Ejecutivo, más allá de la entrega de algunos títulos de propiedad a campesinos que ya estaban ocupando esos terrenos. Además continuó el abandono a la agricultura campesina, cada vez más asfixiada por las deudas y el avance del agronegocio, sin recibir ningún tipo de ayuda o política estatal que permita fortalecer y recuperar el modo de producción de las familias campesinas; la mayor parte de los productos no encuentran precios adecuados, ni mercados y el gobierno fue incapaz de dar respuestas a los reclamos de los pequeños productores (mandioqueros, yerbateros, sesameros y otros) que se movilizaron en diferentes regiones del país y que incluso llegaron a la capital.
En el marco del conflicto entre los dos modelos que existen en el campo, el gobierno apuntó siempre a privilegiar y sostener al agronegocio, para eso el uso de la fuerza y la reeresión también fue un factor importante en este primer año de gestión de Mario Abdo Benítez, decenas de desalojos a comunidades, asentamientos y ocupaciones campesinas se dieron durante el periodo actual. Esta violencia se reflejó también en los casos de ocupaciones urbanas o semi-urbanas, donde familias sin techo, en su mayoría expulsadas del campo por el modelo de agronegocios, luchan por sobrevivir; imágenes sumamente violentas de represión hacia estas familias, chozas quemadas y ciminalización fueron una constante bajo la lógica del gobierno de priorizar y proteger la “propiedad privada” por encima de cualquier otro interés social.
En medio de una recesión macroeconómica reconocida por el propio gobierno y por otros analistas, el Ejecutivo no tuvo la capacidad de encontrar salidas adecuadas para paliar los efectos de al crisis, en medio de una baja ejecución presupuestaria, las únicas obras públicas de infraestructura vial se enfocan nuevamente a favorecer el modelo extractivista, la ampliación de rutas de la soja, y el corredor bioceánico, además de los puentes con Brasil buscan facilitar la extracción de materia prima del país para favorecer los intereses del sector agroexportador.
Finalmente, desde finales del pasado mes de julio, el gobierno afronta una de las mas hondas crisis políticas de los últimos tiempos debido al acta bilateral sobre la contratación de energía de Itaipú, negociada en secreto con Brasil, que afectaba los intereses nacionales y favorecía negociados entre empresas vinculadas al poder político en ambos países; esta crisis mantiene al borde de la destitución al Presidente y al Vicepresidente de la República, amenazados por un Juicio Político del que sólo se salvan mediante pactos entre la cúpula del mayoritario Partido Colorado. Este escenario vislumbra un paisaje poco alentador para el gobierno que perdió totalmente el apoyo popular y que solo puede recurrir a los pactos y a la represión, mientras, la movilización social continúa presente aunque de forma aún esporádica, las organizaciones populares intentan tomar fuerzas para lograr instalar un programa de cambios en el país.
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