El debate Comunidades campesinas e indígenas ante la desprotección judicial se realizó ayer, 23 de junio, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Asunción. Los panelistas centraron su charla en la forma como jueces y fiscales dan la espalda a agricultores e indígenas cuando éstos necesitan protección del sistema judicial. Todo a partir del análisis de los casos de la colonia Yerutí y la comunidad indígena Campo Agua’e.
Fueron panelistas Norma Portillo y Ruperto Bordón por Yerutí, el profesor Lucio Sosa por Campo Agua’e y la abogada Milena Pereira por BASE Investigaciones Sociales. Abrió el acto la jurista, con una explicación de cómo funciona el sistema judicial paraguayo, frente a algunos delitos como las fumigaciones irregulares. Sólo la Fiscalía puede tener la iniciativa para que se investigue y se junten pruebas para que se haga justicia, explicó, por lo tanto, las comunidades dependen enteramente de la voluntad de los fiscales.
La abogada dijo que los casos estudiados prueban que el actuar de los fiscales y jueces constituye un patrón de comportamiento del sistema jurídico, y no son casos aislados. No se trata de negligencia de estos funcionarios públicos, sino de mala fe, precisó. ¿Qué les da confianza a ellos para tener esa impunidad? se preguntaba la jurista.
Norma Portillo habló después, relatando el calvario que vive Yerutí desde que productores de soja empezaron a instalarse fuertemente en las inmediaciones, terminando por cercar la colonia campesina. Una cadena de situaciones como pérdida de gallinas, patos, chanchos y vacas, afecciones respiratorias, alergias y problemas estomacales fueron poco ante la muerte de Rubén Portillo, el pasado 6 de enero, luego de las últimas fumigaciones.
Ruperto Bordón agregó que no están en contra de los sojeros ni de nadie, pero necesitan que se haga justicia y se respete a las familias, porque ya no pueden vivir así. Comentó que en enero pasado, unas 20 personas quedaron internadas por intoxicación con los mismos síntomas que el fallecido. Y que un hijo suyo hasta ahora sigue con tratamientos fuertes para recuperar su salud.
Lucio Sosa es profesor de una de las dos escuelitas indígenas de Campo Agua’e. Uno de los cultivos de soja se ubica a escasos 17 metros de la escuela, a pesar de que la ley habla de 100 m como mínimo y además no cuenta con barrera vegetal de protección. El representante de la comunidad ava guaraní hizo un encendido discurso donde se preguntó ¿para qué existe la ley, para asegurar el lugar a los poderosos de siempre?
La abogada Pereira finalmente comentó la situación en que se encuentran ambos casos en la Justicia: el juez de Curuguaty no sabe qué hacer con el amparo que presentaron ya en enero, hace cinco meses, aunque la ley habla de que un amparo se debe solucionar en 15 días como máximo, porque es una medida urgente, y en este caso era para impedir que mueran más personas. El fiscal de Curuguaty, a las cansadas y después de una gran presión de organizaciones sociales, imputó tímidamente a los responsables de envenenar a los hermanos indígenas de Agua’e. Pero a la hora de juntar pruebas contra los productores de soja, realizó un trabajo deficiente y mal intencionado, que puede impedir que se castigue a los violadores de la ley ambiental.
Finalmente, varios/as de los/las presentes debatieron sobre la necesidad de transformar instituciones claves como la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, y seguir presionando socialmente desde las organizaciones e instituciones democratizadoras, para ir forzando cambios.
El evento fue organizado por el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guash y BASE Investigaciones Sociales, con el apoyo de la Universidad Católica y la Radio Fe y Alegría, que transmitió el acontecimiento través de su señal y la red de radios del interior del país con la cual trabaja.
FOTO: Los panelistas (de izq. a der.) Ruperto Bordón y Norma Portillo por Yerutí, el profesor Lucio Sosa por Campo Agua’e y la abogada Milena Pereira por BASE Investigaciones Sociales. Fuente: CEPAG
