El fiscal José Zarza imputó ayer a Mariano Castro, Martina Paredes y Darío Acosta, familiares de caídos en la masacre. Esta mañana activistas sociales protestaron frente a la Fiscalía General de Asunción repudiando el hecho.
En la tarde de ayer miércoles se conocieron las imputaciones contra Castro, Paredes y Acosta, bajo los cargos de invasión de inmueble ajeno, por ser éstos los principales dirigentes de un grupo de familias que empezó a cultivar alimentos en el lugar de la masacre.
En las últimas semanas los pobladores y pobladoras cultivaron mandioca, maní y porotos como parte de una chacra comunitaria. En parte motivados por la precaria situación alimentaria y de tierras, como por la intención del gobierno de dar vuelta la página de esta parte de la historia, dejando en la impunidad tantas muertes y la condición de usurpadas de aquellas tierras.
En solidaridad a los imputados y para repudiar a la fiscalía, decenas de militantes sociales se convocaron en la capital paraguaya frente a la sede de la Fiscalía General del Estado esta mañana. Se solidarizaron con las familias y vincularon los últimos hechos con la contra-ofensiva de criminalización de luchadores y luchadoras sociales durante el gobierno de Horacio Cartes.
Lo llamativo de estas últimas imputaciones es que el fiscal utiliza una figura -invasión de inmueble ajeno- que para tener asidero, debe hacerse a partir de que el supuesto propietario exhiba sus títulos originales.
Como es de conocimiento público, la pertenencia de las tierras de Marina Kue está en litigio judicial luego de que el propio estado paraguayo desarrollara acciones para recuperar dichas tierras, usurpadas con ardides jurídicos por la familia del político colorado y empresario Blas Riquelme.
En el padrón de tierras malhabidas de la investigación de los crímenes de la dictadura militar de Alfredo Stroessner, el robo de dichas tierras por parte de Riquelme figura como caso emblemático.
