Asunción 21 de marzo 2022 (BASE-IS) El pasado jueves se realizó la Audiencia Pública sobre Desalojos Forzosos y Políticas Agrarias en Paraguay en el marco del 183 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la jornada miembros de organizaciones campesinas e indígenas relataron los casos de desalojos forzosos que sufren las comunidades, por su parte la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay expuso un contexto general de las violaciones de Derechos Humanos relacionadas a los desalojos y a la política agraria en el país.
Ramón Medina, integrante de la Asociación Joaju, y Ana Romero, de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, fueron los representantes de las organizaciones que expusieron los casos de desalojos forzosos que afectaron a 10 comunidades campesinas, 13 comunidades indígenas y a tres asentamientos urbanos, durante el año 2021. Los representantes de las organizaciones expusieron algunos casos específicos que muestran el patrón común de violencia y violación de garantías legales establecidas en la Constitución Nacional y en las leyes del país.
En contraposición los representantes del Estado reivindicaron el actuar del gobierno respecto a los desalojos contra comunidades campesinas e indígenas, además señalaron que estos desahucios se dan en estricto cumplimiento de protocolos y leyes existentes. Los voceros estatales cayeron así en una flagrante contradicción con la realidad, ya que los desalojos realizados contra comunidades rurales en muchos casos han sido sin orden judicial y con órdenes de fiscales penales no autorizados para el efecto; mientras que el protocolo para la ejecución de desalojos ha sido derogado por el propio gobierno ya en el año 2019, en acuerdo con el Poder Judicial y los representantes de los gremios del agronegocio.
Para el abogado Abel Areco, que también integró la delegación de la Sociedad Civil durante la Audiencia, lo que quedó claro es que el Estado paraguayo no tiene políticas públicas que apunten a solucionar la problemática de la tierra en el país. “Los representantes hablaron de programas sociales, protocolos, del Plan 2030 y otros temas, pero no hicieron referencia a algún plan que apunte a garantizar el acceso a la tierra para las familias campesinas e indígenas e incluso para sectores urbanos empobrecidos, ese es realmente el problema de fondo respecto a los desalojos y la política agraria en Paraguay” señaló.
“Lo que se plantea es que exista un mejoramiento, o elaboración, de políticas públicas que apunten a garantizar el acceso a la tierras para los campesinos, campesinas e indígenas; si uno toma el presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) entre ambas instituciones tienen un monto ínfimo para la compra de tierras, con eso es imposible solucionar el problema de la tierra” señaló Areco.
Otro punto señalado por las organizaciones sociales guardan relación con la necesaria recuperación de las tierras malhabidas – tierras entregadas irregularmente a aliados de la dictadura de Alfredo Stroessner-, son en total más de ocho millones de hectáreas según reconoce el propio Estado paraguayo, y la restitución de las mismas para los fines de la reforma agraria podría ayudar a reducir los enormes niveles de concentración de la tierra en el país donde el 2% de los propietarios de tierras rurales acaparan el 85% de las mismas. Vale mencionar que la concentración de la tierra va acompañada del avance del modelo de agronegocios que ha avanzado sobre territorios indígenas y campesinos, afectando la salud, el ambiente y las formas tradicionales de vida de las comunidades.
Por otra parte Areco indicó que es positivo que el Estado vuelva a reconocer que el desalojo es un procedimiento civil, sin embargo, los desalojos contra comunidades rurales en muchos casos se realizan por orden fiscal, utilizando la legislación penal y forzando figuras jurídicas como la “cesación de hecho punible”, incluso en los casos donde hay órdenes judiciales, son resultados de juicios amañados y sin participación de los grupos vulnerables.
Ante esta situación las organizaciones campesinas e indígenas, junto a la CODEHUPY, solicitaron formar parte de la Comisión para la Recuperación de Tierras Malhabidas, además la elaboración de un nuevo protocolo para la ejecución de desalojos que sea respetuoso de los Derechos Humanos y la aplicación de políticas públicas para el acceso a la tierra.
Durante el espacio también se dio participación al representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Relatora para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, quienes mediante datos e informes apuntalaron las denuncias realizadas por la sociedad civil. Tras la Audiencia Pública la CIDH podría emitir nuevas recomendaciones al Estado paraguayo relacionadas con las prácticas violatorias de los Derechos Humanos que significan los desalojos forzosos, además de otros puntos vinculados a las políticas agrarias que tiendan a garantizar el acceso a derechos por parte de las comunidades campesinas e indígenas.
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