Reclamos por un lado, hipocresía por el otro

Foto: RTV

Asunción, 24 de marzo 2021 (BASE-IS) Mientras miles de integrantes de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y populares se movilizan desde hace días en la capital exigiendo la salida de Abdo Benítez y Hugo Velázquez del gobierno, sumándose al enorme descontento popular, gremios del agronegocio calificaron a las movilizaciones como una «egoísta lucha por el poder».

El estallido social que inició el 5 de marzo pasado, como reacción ante la pésima gestión del gobierno durante la pandemia, continúa generando movilizaciones que denuncian el carácter estructural de la crisis que atraviesa el país. Desde hace días organizaciones campesinas e indígenas se manifiestan en Asunción y diferentes cabeceras departamentales exigiendo la renuncia del gobierno y la aplicación de un plan de emergencia que garantice los derechos fundamentales de la población, particularmente el acceso a la salud.

Mientras los sectores populares rechazan la gestión del gobierno, y exigen respuestas a las necesidades de la población, los gremios representantes del agronegocio y el extractivismo publicaron un comunicado en el que califican de «egoístas y violentas» a las acciones que tuvieron lugar en las últimas semanas, al mismo tiempo llaman a una «concertación paraguaya» para superar la crisis.

En este sentido es importante señalar que ciertamente es urgente “priorizar la búsqueda seria y decidida del bien común”, como señala el manifiesto, para ello el primer paso debería ser devolución de las tierras malhabidas para la reforma agraria, respetar la legislación ambiental y que los monocultivos se retrotraigan al menos 200 metros de las escuelas, detener la deforestación y la contaminación con potentes agrotóxicos.

Desde hace mucho es tiempo de frenar la violencia, esa violencia con la que reprimieron a manifestantes en las ultimas semanas, y que sistemáticamente es aplicada contra comunidades campesinas e indígenas, quemando sus viviendas y pertenencias en el marco de injustos y arbitrarios desalojos.

En su manifiesto los gremios llaman al «diálogo para salir juntos de esta situación»; sin embargo en la práctica los sectores del agronegocio se han opuesto a colaborar para salir de la crisis. Durante el 2020 estos sectores se opusieron y mediante un fuerte lobby lograron rechazar el impuesto a la soja, con la aplicación de un impuesto del 10% sobre los más de 3200 millones de dólares de ingresos que tuvieron los sojeros, se habrían generado más de 320 millones de dólares para atender las necesidades de la población.

Cabe recordar que el sector Sojero, el de mayor ganancia en el país, aporta apenas el 2,2% del total de los impuestos recaudados, teniendo una presión fiscal del 0,22%, mientras que el resto de los sectores económicos alcanzan una presión fiscal cercana al 10%.

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