Relator de la ONU sobre sustancias peligrosas denuncia violaciones de Derechos Humanos en Paraguay.

Asunción 14 de octubre 2022 (BASE-IS) En un lapidario informe, redactado tras más de una semana de recorrido por el país, Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU en sustancias tóxicas y derechos humanos, denunció la gran cantidad de violaciones a DDHH de comunidades indígenas y campesinas que se cometen por el uso irregular de agrotóxicos. El experto internacional abogó por una verdadera protección de los derechos de las comunidades y recomendó prohíbir la importación de agrotóxicos peligrosos de uso intensivo por parte de empresarios sojeros.

El Relator señaló que durante su visita pudo reunirse con autoridades públicas, con organizaciones sociales y con gremios del agronegocio, además de realizar visitas importantes a comunidades campesinas, indígenas y urbanas que le permitieron constatar la realidad de lo que se vive en el país en relación al uso de sustancias químicas peligrosas, tanto para la agricultura como en el ámbito de la minería y en la disposición final de residuos.

Tras agradecer la invitación a visitar el país y reconocer al Paraguay por haber firmado la mayoría de los convenios internacionales relacionados al uso y disposición final de sustancias peligrosas, el Relator instó a qué el Estado ratifique el Acuerdo de Escazú, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. «Me preocupa de sobremanera la desinformación que he visto en Paraguay alrededor del Acuerdo. Es particularmente alarmante el rol que han jugado el arzobispado de Asunción y ciertos sectores empresariales en Paraguay en difundir información falsa sobre el Acuerdo, lo que contribuyó a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de ley para su aprobación en el Senado» indicó al tiempo de señalar que Paraguay debería ratificar de inmediato el Acuerdo de Escazú a modo de fortalecer capacidades a todo nivel para garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

Respecto a las violaciones de Derechos Humanos que viven las comunidades rurales el Relator denunció que el Estado sigue incumpliendo los dictámenes del Comité de Derechos Humanos respecto a los Casos de Colonia Yeruti y Campo Agua’ê, ambas comunidades afectadas por el uso intensivo de agrotóxicos.

Escuelas Fumigadas

«La niñez en zonas rurales se está viendo afectada por los efectos indiscriminados de pesticidas, no solo en términos de salud, sino también de desarrollo educativo. Me entristece enormemente ver que, en la Región Oriental, más del 20% de escuelas están rodeadas por cultivos y fumigaciones que no cumplen con las medidas de protección establecidas en la Ley 3742» indicó el Relator.

Ante esta realidad Orellana reclamó una mayor acción al Estado para evitar que continúen las violaciones a los derechos de las comunidades rurales. «Como resultado, los pesticidas afectan todos los aspectos de las comunidades a las que rodean: desde su derecho a una vida digna y sana, a una educación, a un hogar, a la alimentación, y a un medioambiente saludable, entre otros» aseguró.

Además, denunció que los principales pesticidas utilizados en Paraguay son altamente peligrosos. «El promedio de pesticidas vertido anualmente es de 4,25 litros por hectárea, y ha ido en aumento. Este dato, que sería preocupante por sí mismo, resulta aún más escalofriante cuando se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat. Estos pesticidas son altamente peligrosos» aseguró el Relator.

Conclusiones

El experto internacional indicó que entregará su informe final en setiembre de 2023, sin embargo, adelantó importantes conclusiones y recomendaciones. «Existe un patrón en Paraguay en el que los grupos en situación de vulnerabilidad, en particular los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, se encuentran arrinconados por cultivos dependientes de agrotóxicos» indicó.

Agregó que el Estado debería tomar las medidas para cumplir inmediatamente con los dictámenes del Comité de Derechos Humanos sobre los casos de Campo Agua’ẽ y Colonia Yerutí.

Además recomendó al Estado prohibir la importación y uso de sustancias químicas peligrosas que se encuentran prohibidas o restringidas en sus países de origen, en alusión al 2,4D y Paraquat.


Foto: Prensa Latina

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