Entre enero y mayo de 2012 podemos decir que el avance del agronegocio siguió su curso en el país, tal vez con menor intensidad que años anteriores, pero siguió avanzando sin detenerse. Haciendo un breve análisis, o realizando un seguimiento de los grandes medios informativos y sus campañas mediáticas, se podría decir que no es así, que los campesinos y campesinas han seguido invadiendo e impidiendo al sector sojero trabajar, que el Ministerio del Interior o el gobierno, es cómplice de los invasores, que los pobladores del campo pasaron de ser campesinos a carperos, y que el caso más relevante a nivel de acciones campesinas fue el caso Ñacunday.
Sin embargo, desde el observatorio de DDHH y Agronegocios, donde venimos realizando el seguimiento de los hechos relacionados con el agronegocio que están afectando algún derecho humano fundamental, podemos constatar que la realidad en el campo es otra, que las comunidades campesinas siguen resistiendo al avance del agronegocio, en algunos casos sin el respaldo de las grandes organizaciones campesinas.
Desde el SENAVE y la SEAM se dieron algunos intentos de hacer cumplir la legislación ambiental y así disminuir las consecuencias que deja el monocultivo en las comunidades campesinas, pero al mismo tiempo, desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía se siguieron realizando desalojos y detenciones, haciendo caso omiso a las reglamentaciones del SENAVE y si agregáramos un componente más, podríamos hablar de la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados, de la ley de bioseguridad que ahora queda en manos de los senadores.
Acontecimientos de enero a mayo
Durante el mes de enero, en los Departamentos de San Pedro y Alto Paraná se produjeron alrededor de diez ocupaciones, cinco de ellas para impedir las fumigaciones y el cultivo de soja, mientras que las otras cinco fueron para exigir al INDERT la compra o mensura judicial de las tierras.
En el mes de febrero, uno de los hechos mas importantes se registró en la fiscalía de Curuguaty, donde ocupantes de la propiedad Campos Morumbí, que pertenece al empresario Blas N. Riquelme, se enfrentaron con cascos azules. Los campesinos exigían la destitución de los fiscales Miguel Rojas y Ninfa Aguilar a quienes acusaron de corruptos, y pedían la mensura judicial de esas tierras, ya que según ellos cuenta con excedente fiscal; el enfrentamiento dejó alrededor de veinte heridos, uno de ellos de gravedad ya que fue herido en el ojo con un balín de goma.
En Alto Paraná, se dio también un conflicto entre campesinos y sojeros, ya que los campesinos se opusieron a las fumigaciones y cosecha de soja, mientras que en otro lugar de Alto Paraná se registraron cierres de rutas reclamando el esclarecimiento de excedentes fiscales, donde unas 400 personas, por espacio de una hora cerraron la ruta 6 en el km 103, compañía Pirapey.
En el Departamento de San Pedro, se dieron dos casos de ocupación, mientras que en Asunción el 17 de febrero se produjo una movilización y escrache a Tranquilo Favero, por parte de movimientos sociales urbanos, luego de las declaraciones xenófobas de parte del brasileño nacionalizado paraguayo.
Así como se produjeron las ocupaciones en el segundo Departamento se vinieron de vuelta los desalojos, en San Pedro y Alto Paraná, esta vez en forma pacífica. En otro caso, se dio la detención de Pastor Aguilera Martínez, Juan Bautista Giménez, Alcides Galeano y Juan de Dios Noguera, integrantes de la comisión de sintierras de la localidad de Raul Arsenio Oviedo perteneciente a la Liga Nacional de Carperos, quienes fueron remitidos a la Penitenciaria Regional de Coronel Oviedo. Para finalizar los acontecimientos del mes de febrero, en el Departamento de San Pedro un grupo de 60 familias ocuparon una propiedad de 360 hectáreas en la compañía Tacuatí Poty, distrito de Tacuatí.
En la primera quincena de marzo se realizaron cinco desalojos solo en el Departamento de San Pedro. En todos los casos, los campesinos se retiraron pacíficamente de las propiedades ocupadas, con excepción de Potrero Naranjo, donde luego del desalojo fueron demoradas 35 personas y una fue detenida; otro procedimiento fue efectuado en Nueva Germania, donde se desalojó a alrededor de 90 personas, éstas abandonaron pacíficamente el lugar y no hubo detenidos. En el establecimiento Mataburro del distrito de Tacuatí, Departamento de San Pedro, se producía el desalojo de alrededor de 100 familias, quienes se retiraron pacíficamente de la propiedad que venían ocupando hace aproximadamente cuatro años; los principales dirigentes (varones), habían huido del campamento para evitar ser aprehendidos, sin embargo las mujeres que quedaron a recoger sus pertenencias fueron detenidas, doce en total, más un varón y nueve menores de edad, los menores fueron derivados a la CODENI de Santa Rosa del Aguaray.
Otro desalojo se dio en Tacuatí, la tierra fue ocupada por 60 personas, las cuales salieron del lugar y quedaron demoradas treinta, e incautaron una motocicleta. En San Pedro del Ykua Mandyju unas 50 personas, entre varones y mujeres que ocupaban un inmueble, fueron detenidas por una comitiva fiscal-policial, los acusados fueron derivados a la sede de la comisaría departamental a cargo del Ministerio Público.
En Asunción unas 3.500 personas pertenecientes a la Federación Nacional Campesina se movilizaron pacíficamente para exigir el seguro agrícola entre otras reivindicaciones, mientras que en Jejuí, San Pedro, unas cincuenta familias de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas MCNOC ocuparon el establecimiento Agroganadera Jejuí.
En Abril se registraron los siguientes hechos:
El lunes 2 de abril, en el asentamiento 26 de febrero, del distrito de Capi’ibary, en el Departamento de San Pedro, la policía realizó un violento atropello a la comunidad, allanando sin orden judicial y violentando la integridad de niños, niñas, campesinos y campesinas, que asediados por el monocultivo de transgénicos y por las constantes fumigaciones, cansados de ir y venir al centro de salud a causa de los malestares que aquejan a sus hijos, decidieron ocupar la propiedad de casi 2000 hectáreas que pertenece al brasileño Omar Mueller que cultiva en el lugar maíz transgénico (que según la ley 294 de Evaluación de Impacto Ambiental prohíbe su cultivo en territorio paraguayo), para frenar las fumigaciones a las que estaban expuestos, ya que la plantación se encuentra a escasos 30 metros de sus viviendas y de la escuela donde estudian sus hijos.
En otro desalojo, también en el departamento de San Pedro, detuvieron a 50 campesinos en dos operativos ejecutados por la policía y la fiscalía, los campesinos fueron trasladados hasta la comisaría de San Pedro del Ykuamandyju.
En el establecimiento Rancho Alegre, también del segundo departamento se dio el desalojo pacífico de 150 campesinos que ocupaban un terreno, y ante la presencia de la policía y la fiscalía, se retiraron pacíficamente. En la colonía Jejuí del distrito de Choré, se registró el allanamiento de tres viviendas pertenecientes a dirigentes campesinos, supuestamente por amedrentar a trabajadores de una agroganadera que linda con el asentamiento.
El SENAVE también tuvo su protagonismo en lo relacionado a los agronegocios, esta vez, en el mismo mes de abril destruyó 550 toneladas de maíz transgénico en la Colonia Rosaura, distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa. Por último se registró nuevamente la ocupación de alrededor de 50 familias en la colonia Naranjito, en el distrito de General Resquín en San Pedro.
En el mes de mayo fueron llevados a juicio oral por invasión de inmueble ajeno y coacción, 32 dirigentes de la liga de carperos según lo dispuso el juez penal de garantías de Santa Rita, Cleto Fernando Quintana. En Santa Rosa del Monday fueron desalojados 40 campesinos que ocupaban un inmueble en la colonia Tres Pinheiros del mismo distrito.
Otro acontecimiento importante fueron los cierres de rutas en 23 puntos de 14 Departamentos para exigir el cumplimiento y la prórroga del decreto presidencial n.º 8282 que declara emergencia alimentaria a causa de la sequía y la aprobación del proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena. Se movilizaron mas de mil campesinos.
Y en Asunción miembros de la MCNOC se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado para exigir que se esclarezcan los asesinatos de dos de sus dirigentes, los casos mencionados por los manifestantes fueron los homicidios de Geraldino Rotela y Mariano Roque Jara, ocurridos en Caazapá y Canindeyú, respectivamente.
Cerrando los hechos de mayo, en Caaguazú se dio una ocupación en Zapatini Cue, distrito de Yhu, por parte de campesinos miembros del Movimiento Popular Agrario MPA.
