Conamuri cerró su sexto congreso nacional con duras críticas y exigencias hacia el Estado, para que se cumplan los más elementales derechos de mujeres campesinas e indígenas en cuanto a reforma agraria, recuperación de tierras malhabidas, ambiente saludable, autodeterminación cultural y defensa del patrimonio natural, oportunidades de educación, participación efectiva de las mujeres para la construcción de una sociedad democrática, información veraz de parte de los medios de comunicación, contra la violencia hacia la mujer y leyes más duras contra los estragos de actividades como la soja y la ganadería en las comunidades rurales.
La Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) realizó entre el sábado y ayer su sexto congreso nacional. Fueron jornadas de debate y deliberación fructíferos en el Ex Seminario Metropolitano, donde las participantes reafirmaron los lineamientos para este año 2012, pero sin perder de vista los problemas estructurales e históricos.
Unas 350 delegadas representantes de 11 departamentos del país se encontraron y afinaron cuestiones sobre las condiciones de vida, los obstáculos para las comunidades y los proyectos de la organización.
Dentro de las propuestas, gran destaque tuvo el desarrollo de la agroecología y la protección de las semillas locales de la cultura campesina e indígena. Esto como respuesta a la encrucijada histórica en que se encuentra los agricultores y agricultoras de todo el mundo: resistir y potenciar sus proyectos o desaparecer.
Como respuesta al modelo especulador de tierras, insumos y alimentos, que además acapara, deforesta y fumiga comundiades, las congresistas exigieron una real interveción del Estado para normas más duras, que desalienten estas prácticas.
Otro tema en que se hizo hincapié fue en la necesidad recuperación y redistribución de las tierras estatales usurpadas por empresarios, militares y políticos en el pasado y el pasado reciente, como primer paso para posteriores planes de desarrollo, especielmente relacionados a priorizar la producción de alimentos en las fincas familiares.
El análisis de la falta de oportunidades a las mujeres campesinas e indígenas para acceder a espacios de decisión políticas o ,más aún, a espacios de educación y formación, desembocó en un pedido concreto: el de exigir al Estado nacional el otorgamiento de becas.
El debate sobre la mujer, además, mostró preocupación sobre las situaciones de violencia hacia la mujer. Y por otro lado, la revalorización de las mismas en la vida cultural y económica de nuestro continente.
La necesidad de debaztir con el Estado la urgente necesidad de abrir nuevos espacios de venta de productos agrícolas y artesanía, es otro de los ejes que reúne el comunicado que la organización publicó al cierre del evento.
No faltó, dentro del análisis de la problemática de la tierra, el cuestionamiento a los medios masivos de comunicación, que permanentemente justifican los crímenes ambientales y sociales del agronegocio, mostrando parcialmente la realidad. Y por otro lado, estigmatizando y criminalizando a las organizaciones que pelean por sus derechos más básicos.
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