Si mueren los presos de Curuguaty en huelga de hambre, será responsabilidad del gobierno

Decenas de personas de distintas organizaciones sociales se congregaron hoy frente a la Fiscalía de la capital paraguaya, para entregar un petitorio que exige la libertad de los 12 presos y presas por el caso de masacre en Curuguaty, y evitar así que mueran en huelga de hambre, de más de 50 días. Se entrevistaron con el fiscal general adjunto para expresarle el repudio sobre la investigación oficial, plagada de irregularidades. Y que no contempla las ejecuciones extrajudiciales que sufrieron varios campesinos, luego de ser arrestados vivos en el escenario de Marina Cué.

El abogado Alberto Alderete, que particpó de la audiencia con el fiscal adjunto Carlos Arregui, comentó que en la entrevista manifestaron la preocupación y desconfianza en torno a la investigación de la masacre de Curuguaty, encabezada por el fiscal Jalil Rachid.

“Varios campesinos fueron detenidos con vida por la policía, que después aparecienron muertos. Es decir, hubo ejecuciones extrajudiciales. Y el fiscal Rachid se niega a investigar esto. Uno puede desestimar elementos después de investigar, no antes. No sé qué esconde este fiscal”, agregó Alderete, al resumir lo arrimado a Arregui.

Cuestionamientos al fiscal
Varios cuestiamientos tienen las organizaciones sociales y de derechos humanos hacia el trabajo fiscal. Desde la imparcialidad del agente, dada la pública amistad entre su padre y el empresario Blas N. Riquelme, que usurpó al Estado las tierras que fueron escenario de la masacre y quien pidió el desalojo fatídico.
Otros se refieren a que Rachid sólo se aferró a la hipótesis de que los campesinos y campesinas comenzaron la matanza a partir de una emboscada a la policía, descartando seguir otras líneas de pesquisa, como la presencia de francotiradores infiltrados o que los policías empezaron los disparos.
Otro foco de polémica levantó un video que reproduce una entrevista al fiscal, donde éste asegura que en el escenario de la masacre no se encontraron vainillas de metralletas o armas de guerra (hipótesis que implica directamente a campesinos).
Sin embargo, el video seguidamente muestra cómo un diputado de uno de los partidos que tras la matanza se sumó al golpe de Estado a Fernando Lugo, entrega a Rachid en propias manos varios cartuchos de armas que se utilizaron, entre las que se pueden apreciar algunas de calibre M-16 (con estas pruebas se implica la presencia de francotiradores o uso de armas de guerra por parte de la policía, que prueba que no fueron al campamente campesino a “dialogar”, como afirman la Policía y la Fiscalía).
Estas últimas imágenes provocaron al menos dos reacciones, una en la dirección de: ¿Qué hace un caudillo político recolectando pruebas en la zona de una masacre tan controversial y que desencadenó una crisis política en el país? ¿Por qué el fiscal no solo tolera este hecho, sino hasta acepta pruebas de manos de este político?
Y la otra reacción es: ¿Si el fiscal recibió esas vainillas de grueso calibre (y eso lo prueba el video), por qué lo niega?¿Las esconde?
En una segunda entrevista al fiscal, al ser embretado sobre el tema de las vainillas y los calibres que encontró, éste se desentiende y contradice cuando el periodista radial Diego Marini le exige aclaraciones.

54 días de huelga de hambre
“Si muere alguien, tiene que caer más cabezas, empezando por arriba. El pueblo no soportará más muertes. Esto es grave”, dijo el sacerdote jesuita Francisco Oliva, al salir de la entrevista con Arregui. Se refería a los cinco presos y presas por el caso Curuguaty que realizan huelga de hambre hace 54 días y decididos/as de ir hasta la muerte, si la Fiscalía y la Justicia no escucha sus versiones y no corrije irregularidades e injusticias en la causa.
Lucía Agüero, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Nery Urbina y Juan Carlos Tillería son aquellos y aquellas que realizan la medida extrema, mientras que otros siete presos y presas no se plegaron a la huelga, que son Dolores López, María Fani Olmedo Paredes, Rubén Villalba, Felipe Balmori, Arnaldo Quintana Paredes, Adalberto Castro Benítez y Néstor Castro.
En el caso de Lucía, que entró a cárcel con una bala en la pierna, ya bajó 14 kilos y tiene daños en su presión arterial y el corazón afectado.
El agricultor Sebastián Gómez participó de la marcha de hoy en Asunción, junto con otros familiares de presos. Fani y Luis Olmedo, dos de los presos, son hermana y hermano de su esposa, es decir sus cuñados. Luis es uno de los que realiza la huelga de hambre, donde ya perdió cerca de 17 kilos y está hecho huesos, según palabras de Sebastián.
La gravedad de la salud de Luis hizo que las autoridades judiciales y sanitarias (para no cargar con la culpa de alguna eventual muerte) obligaran al director de la cárcel remitirlo al hospital regional de Coronel Oviedo, junto con otros dos presos en huelga.
Para dimensionar la gravedad de la salud de los presos y presas hace 54 días en huelga de hambre, en la historia de medidas similares en todo el mundo, se encuentran historias de prisioneros que murieron a los 53 días de este tipo de medidas.

Hubo actos simultáneos
Tras la visita a la Fiscalía, los y las manifestantes en Asunción marcharon hasta el Palacio de Justicia, a presentar el mismo documento, exigiendo la libertad para los presos y presas. Al mismo tiempo, se realizaban actos en Coronel Oviedo, donde una comitiva de notables de la sociedad parguaya visitó a los presos y presas en el penal de dicha ciudad.
En Curuguaty, en la jornada, vecinos, vecinas, familiares y organizaciones sociales se congregaron a la altura del lugar de la masacre, Marina Cue, para exigir la liberación de sus compueblanos y compueblanas y el urgente esclarecimiento de los hechos. “Libertad, Tierra y resarcimiento a las familias” fue la consigna, a exactos cinco meses de la matanza.

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