En dos meses el ente estatal prometió atender el expediente de 18 asentamientos campesinos abandonados.
Asunción, 11 de agosto de 2016 (BASE) Luego de movilizarse durante el lunes y martes últimos la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) cerró un acuerdo con Justo Cárdenas, presidente del Instituto de la Tierra (INDERT).
En dos meses el ente estatal deberá atender la situación de 18 asentamientos de la organización campesina. Ese es el compromiso que permitió levantar las movilizaciones de la semana, explicó Diosnel Sachelaridi, secretario de la organización campesina.
La suerte de estas comunidades son diferentes, algunas esperan que se libere el presupuesto estatal para el pago por las tierras y otras buscan que empiece a moverse su expediente, dentro de una de las instituciones más burocráticas del Estado paraguayo.
En el caso del asentamiento Primero de Marzo Joaju, ubicado en el departamento de Canindeyú a 300 kilómetros al Este de Asunción, sus 330 familias esperan que el INDERT emita un dictamen favorable a la expropiación estatal de dichas tierras.
En 2014 se presentó un proyecto de ley en el Senado con el objetivo de expropiar las más de 4.500 tierras a favor de las familias agricultoras.
Cuando los senadores y senadoras pidieron su opinión al INDERT, éste envió un informe desfavorable para las familias campesinas, sosteniendo que la agroganadera que se disputa el lugar con el asentamiento estaba explotando racionalmente las tierras.
“Eso no es así, la explotación que tiene en el lugar es soja, además que esta gente vuelve a alquilar a otros sojeros”, dijo Sachelaridi.
Ahora el organismo del Estado se comprometió en emitir un nuevo dictamen a favor de la expropiación, por ser de interés social.
Desde 2012 más de 300 familias campesinas sin tierra ocupan las tierras señaladas de tener un origen irregular, pues eran del Estado paraguayo hasta 1969, cuando funcionarios del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner entregaron las tierras a la empresa Perfecta (de la familia Bendlin) a cambio de una avioneta.
La normativa vigente entonces sobre tierras estatales y reforma agraria prohibía que corporaciones mercantiles sean beneficiaras de estas políticas de tierra.
El dirigente campesino explicó que dentro del paquete del acuerdo, hay asentamientos con 25 años de antigüedad que todavía esperan acciones del Estado para asegurar sus tierras.
FOTO: OLT
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