Territorios para la dignidad

Asunción 15 de setiembre de 2020 (BASE-IS) Durante los últimos días varios Pueblos y comunidades indígenas, dejando de lado sus acuciantes necesidades, resolvieron no aceptar ningún tipo de donaciones productos de la extorsión a la que somete el autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo a la familia de Oscar Denis, víctima de secuestro por parte del grupo armado. Esto fue altamente valorado por la ciudadanía, y hasta por la prensa empresarial, poniendo en foco la necesidad de brindar condiciones dignas de vida para los Pueblos Indígenas, para ello es fundamental proteger sus territorios del avance del agronegocio.

Según datos recolectados por el Censo Indígena del año 2012, al menos el 30% de las comunidades indígenas existentes en el país tienen algún tipo de inconvenientes respecto al acceso a sus tierras; el 60% de estos casos está vinculado a la apropiación irregular de sus territorios por parte de agroempresarios y ganaderos. Según datos publicados en el Informe Con la Soja al Cuello 2018 entre 2012 y 2018 la cantidad de hectáreas aseguradas para cada familia indígena disminuyó tanto en la Región Oriental como en el Chaco, quedando en el mínimo de lo establecido por la Ley en la Región Oriental, y por debajo de lo estipulado en la región chaqueña.

La presión del agronegocio, tanto en su dimensión sojera como en la ganadera, se expresan también en la violencia y la criminalización hacia las comunidades, entre agosto del año 2018 y agosto del 2019 se dieron al meno 7 casos de violencia contra las comunidades en los cuales intervinieron tanto actores estatales como los llamados “guardias privados”, civiles armados por dueños de estancias que atacan a las comunidades.

Según las investigadoras Lea Schvartzman Muñoz y Sofía Espíndola la frágil seguridad de las comunidades se encuentra en crisis a causa del avance del agronegocio y de las mafias sobre territorio indígena, avalada por una institucionalidad estatal que mayormente es favorable a los intereses del agroengocio. Por otra parte señalan que “también está en crisis la institucionalidad del INDI, ente estatal encargado de la ejecución de la Ley 904 del Estatuto de las Comunidades Indígenas, cuyo fin principal es garantizar la tenencia colectiva de la tierra para los pueblos indígenas, en cantidad y calidad suficientes para que puedan desarrollar su autonomía, priorizando tierras de dominio ancestral. Sin embargo, no está garantizada la seguridad de las comunidades indígenas, tanto en la tenencia de la tierra como en las condiciones de vida. Entre otras, es esta enorme debilidad institucional de no cumplimiento de derechos, la que da paso al avance del agronegocio que impone la lógica del capital en las comunidades, haciendo que la supervivencia ya no dependa de los bosques y cultivos sino principalmente de la posesión de dinero”.

La relación particular de los Pueblos Indígenas con el territorio, tanto como fuente de acceso a medios fundamentales para la vida, como para la construcción y sostenimiento de su cultura y sus forma tradicionales de vida, hace que sea crucial garantizar tierras en cantidad y calidad adecuada para las comunidades indígenas, a fin de lograr que las mismas accedan a condiciones realmente dignas de vida. Para esto es fundamental poner límites al avance del agronegocio y a la presión que ejerce sobre las tierras indígenas.

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