Un asentamiento campesino que cumple el papel del Estado en Paraguay

Ante el abandono, la comunidad Primero de Marzo agenci贸 los derechos elementales de 320 familias agricultoras.

Asunci贸n, 18 de mayo(BASE IS) A 300 kil贸metros al Noreste de la capital paraguaya, en el departamento de Canindey煤,distrito de Yvyrarovana, se levanta el asentamiento Primero de Marzo.

All铆 viven m谩s de 300 familias-al menos 1500 personas- campesinas que se establecieron sobre 4.500 hect谩reas de tierras y extendieron los servicios de agua, electrificaci贸n, escuela, puesto de salud, radio, caminos, oportunidades de trabajo, asistencia productiva a las familias, almacenes de consumo y distribuci贸n de tierra.

Todos estos servicios lo levantaron con sus propias manos los vecinos y vecinas desde el 1 de marzo de 2012, a partir de una ocupaci贸n por la fuerza de la tierra donde hoy recrean su vida y su cultura.

聽 Las familias forman parte de la Organizaci贸n de Lucha por la Tierra(OLT), que articula a agricultores y agricultoras sin tierra de distintas regiones de Paraguay.

La familia de origen alem谩n Bendlin, propietaria de la empresa importadora de armas y autos BMW en el pa铆s, Perfecta, se atribuye la propiedad y entra en conflicto con las familias agricultoras.

Sobre el t铆tulo de la propiedad planea una sombra de irregularidad por el modo en que los Bendlin se hicieron de estas tierras. La documentaci贸n oficial muestra que las tierras originalmente eran del Estado, hasta que una de las dictaduras m谩s despiadadas de la historia latinoamericana, la de Alfredo Stroessner, cambi贸 las tierras por una avioneta con la familia empresaria.

Esto se concret贸 en 1969 a trav茅s de una resoluci贸n del entonces Instituto de Bienestar Rural(IBR) que ten铆a a su cargo desarrollar las pol铆ticas agrarias y de tierra con sujetos de la reforma agraria y no con firmas mercantiles, de acuerdo a las leyes de entonces.

A partir de la obtenci贸n de estas tierras, los Bendlin levantaron en el terreno la hacienda agroganadera Pind贸.

Al Estado paraguayo, espec铆ficamente a los gobiernos de Federico Franco y Horacio Cartes, al parecer no preocupa esclarecer la situaci贸n de las tierras, tampoco si hubo responsabilidades legales en la permuta.

Hoy las acciones gubernamentales alternan entre la indiferencia y la criminalizaci贸n de las familias campesinas de Primero de Marzo, dando por hecho los voceros estatales la legitimidad de los Bendlin sobre la tierra, a pesar de los antecedentes.

Pero el accionar de estos gobiernos todav铆a es m谩s reprochable si tenemos en cuenta que desestimaron todas las propuestas de soluciones que presentaron las familias agricultoras al actual Instituto de la tierra(INDERT) y archivaron el caso desentendi茅ndose de su responsabilidad en un estado de derechos.

El argumento que el INDERT dio a las familias de Primero de Marzo para cerrar toda tratativa fue que se le termin贸 la plata, luego de agotar todo su presupuesto en la compra de un inmueble en el departamento de Cordillera, operaci贸n que es investigada por la justicia por involucrar en hechos de corrupci贸n al entonces titular del INDERT, Luis Ortigoza,聽 al entonces presidente de la Rep煤lica, Federico Franco y al entonces presidente del Congreso Nacional, Jorge Oviedo Matto.

Luis Ortigoza tambi茅n es investigado en otro caso de irregularidad por, al parecer, haber vendido parte de la reserva forestal Mbaracay煤 y en al menos otro m谩s por intentar vender un aeropuerto del Estado a un ciudadano.

脷ltimamente la 煤nica respuesta del Estado paraguayo hacia Primero de Marzo es el env铆o de polic铆as y fiscales, que en cuatro a帽o realizaron tres operativos violentos contra la comunidad y que desde hace dos meses realizan un ret茅n que amedrenta y humilla a pobladores y pobladoras, explica Jorge Mercado, uno de los dirigentes campesinos.

En un aparente intento de asfixiar a la comunidad, la polic铆a impide la entrada a la comunidad de vendedores ambulantes que abastecen a las familias con distintos art铆culos, incluyendo alimentos de primera necesidad, dice el referente.

De hecho, fue la alerta de un nuevo desalojo violento lo que moviliz贸 a una misi贸n de observaci贸n compuesta por organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas, que visitamos la comunidad el pasado 12 de mayo.

Deforestaci贸n y criminalizaci贸n

Raleo edit

Uno de los discursos m谩s virulentos de la familia Bendlin, el actual gobierno y sectores propietarios de tierra en Paraguay y parte de la prensa es que las familias campesinas de Primero de Marzo deforestan el lugar para vender la madera.

El t茅cnico agr铆cola de la comunidad , Ciro Rojas, explica a parte de la comitiva que dentro de la comunidad tienen un criterio forestal que permite tumbar 谩rboles solamente para hacer limpios donde cultivar alimentos o para hacer caminos o viviendas.

Este es un manejo tradicional dentro de la econom铆a ind铆gena y campesina local, inclusive dentro de las colonias estatales.

Jorge Mercado agrega que en el asentamiento existe un reglamento que orienta lo que llaman raleo, y que permite a la familia a disponer de hasta una hect谩rea y media de monte si es para hacer alimentos o viviendas.

El paisaje, en el asentamiento, alterna entre remanentes de bosque y cultivos de ma铆z, mandioca, hortalizas y casas de madera.

Mercado explica esto en un 鈥渟oja-ty kue鈥 o un lugar donde hasta hace unos meses se cultivaba soja mecanizada. De acuerdo a nuestra fuente, los Bendlin alquilaban esa parte de la tierra a otros empresarios para el cultivo de soja.

Y para eso se tumbaron todos los 谩rboles de esa parte de la finca, pero esto al parecer no genera un remordimiento ecologista en los Bendlin, tampoco un arrebato ambientalista en los sectores propietarios y menos a煤n en el gobierno. O por lo menos no salieron a denunciar nada p煤blicamente.

Tampoco preocupa a estos sectores o al gobierno que Paraguay est茅 se帽alado entre los pa铆ses que m谩s deforesta en el planeta, en un promedio diario de m谩s de mil hect谩reas.

As铆 las cosas, nos seduce concluir que la cuesti贸n ambiental parece m谩s una excusa para justificar un escenario propicio para un desalojo policial.

Muchos derechos est谩n en juego鈥

Producci贸n edit

鈥淓stamos en presencia de una situaci贸n donde la propia comisi贸n vecinal de los campesinos sin tierra han tomado por s铆 la tarea del Estado de proveer los servicios b谩sicos de la comunidad鈥, dice 脫scar Ayala, que particip贸 de la misi贸n como secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(CODEHUPY).

Para 茅l el asentamiento y el modo de usar la tierra est谩n cumpliendo lo que la ley exige, que es la funci贸n social de la tierra

Para este abogado con experiencia en litigar causas ind铆genas en instancias internacionales, el origen cuestionado del t铆tulo es un hecho que le debe hacer ceder a la empresa ante los otros derechos humanos que est谩n en juego.

鈥淓l acceder a la tierra supone, en t茅rminos de derechos humanos en el contexto rural, poder acceder a la alimentaci贸n, a la vivienda, al trabajo…en fin a un conjunto de derechos humanos que est谩n en juego y en tensi贸n en momentos de disputarse la propiedad de un inmueble rural鈥, dice.

Entramos a esta tierra por necesidad y porque es malhabida鈥

Vivienda edit

鈥淥cupamos por necesidad de las familias sin tierra y tambi茅n porque son tierras malhabidas que hasta ahora no se aclara su situaci贸n鈥, dice Jorge Mercado cuando se le pregunta por qu茅 ocuparon el lugar.

Dice que investigaron todas las leyes relacionadas y no encontraron ninguna que permite cambiar un inmueble del Estado por otro privado. 鈥淎s铆 es que nos organizamos los sin tierra y en 2012 realizamos la ocupaci贸n鈥, explica.

Comenta que desde un primer momento se acercaron al INDERT con varias alternativas de soluci贸n y hasta firmaron un acuerdo tripartido donde se comprometieron en salir de la tierra con la condici贸n de que el INDERT pusiera a disposici贸n otras tierras donde se reubicar铆an.

El asentamiento cumpli贸, explica, pero al vencer el plazo acordado, el INDERT no hab铆a movido nada, por lo que volvieron a ocupar plenamente la finca.

鈥淧ara solucionar el problema, el INDERT deber铆a darnos tierra. 3500 hect谩reas pedimos para 320 familias. Eso nos da y terminar谩 el problema鈥, dice.

聽 Manejan la informaci贸n, asegura, de una nueva orden de desalojo firmada por un juez y que est谩 en poder del fiscal de la ciudad de Curuguaty, Vicente Rodr铆guez, pero que no tiene fecha. Por lo que la incertidumbre y la alarma est谩 latente en el asentamiento.

鈥淭enemos miedo, nosotros no tenemos armas, solo tenemos herramienta de trabajo, para poder trabajar y vivir鈥, dice.

Junto con m谩s de 100 personas de la comunidad, Mercado est谩 imputado por el Ministerio P煤blico por distintas causas relacionadas a la ocupaci贸n de la tierra.

El origen del t铆tulo de propiedad -que genera el conflicto- la falta de soluciones institucionales del Estado paraguayo, la corrupci贸n en torno a la tierra p煤blica y el desentendimiento de las instituciones de sus responsabilidades en este caso, expresan fielmente la situaci贸n nacional de las tierras de Paraguay y los derechos en torno a ella.

En este pa铆s el 2% de los propietarios acapara el 86% de todas las tierras, mientras que unas 300 mil familias campesinas deambulan por el campo y por las villas de las ciudades, vulneradas en todo sentido.

Se estima que el 90% de todas las tierras que hoy tienen las comunidades campesinas en Paraguay fueron obtenidas a trav茅s de la ocupaci贸n a la fuerza, como 煤nica v铆a restante a conquistar sus derechos m谩s elementales.

En Primero de Marzo est谩n en disputa dos modelos que se enfrentan en el campo paraguayo, el que acumula tierras para lucrar y el que necesita tierra para recrear su vida.

POR: Jorge Gonz谩lez S./Base Investigaciones Sociales

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