Un nuevo fragmento de la lucha por la tierra en Paraguay

Vale recordar que la dictadura Stronista (con la ANR y Fuerzas Armadas) tuvo una duración de 35 años, la más larga de sudamérica, con al menos 128.077 personas víctimas directas o indirectas, en el que los movimientos campesinos fueron los más perseguidos (24% de las violaciones de DDHH afectó a este sector).

La CVJ ha dedicado todo un apartado de su investigación la situación de las tierras en el país, y ha analizado las adjudicaciones de tierras rurales entre 1954 a 2003, en dicho periodo ha detectado que el 19,3% del territorio nacional (40.675.200 ha) han sido entregadas de forma irregular y fraudulenta.

Entre las adjudicaciones a personas no beneficiarias de la reforma agraria, se encuentran principalmente políticos oficialistas y militares leales al dictador, torturadores, delatores, violadores de derechos humanos, en términos claros.

En agosto de 1.979 el dictador nicaragûense Anastasio Somoza llegó al Paraguay, los registros de la CVJ indican que en febrero de 1.980 fue adjudicado con 8 mil hectáreas, se supone que como un regalo del anfitrión Alfredo Stroessner.

Así, las élites de poder del partido colorado y las fuerzas armadas se han rifado gran parte de la tierra en Paraguay, acentuando la estructura desigual del acceso a ella, el mismo organismo creado por el Estado paraguayo reconoce esta situación y recomienda tomar medidas para recuperar estas tierras que hoy siguen en manos de NO sujetos de la reforma agraria, en algunos casos ya en manos de poderosas empresas que extraen grandes ganancias.

En abril del año 2022 se creó una nueva ley Nº 6899 “La comisión nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia 2008”. Lo que podría haber sido una oportunidad para la recuperación de las tierras, exactamente 3 años después no hay comisión, no hay estudios, nada, desinterés absoluto por parte de quienes manejan las instituciones estatales.

Las tierras siguen en manos de los privilegiados, ya no los privilegiados de la dictadura, sino los privilegiados del sistema, del modelo extractivista, de aquellas empresas que en la actualidad controlan los negocios de la soja transgénica, del arroz, la ganadería intensiva, los monocultivos forestales, las que contaminan los suelos y destruyen los cauces hídricos y lucran hasta con el oxígeno, no es menor el dato que al menos el 19% del territorio paraguayo se encuentra bajo el control directo de empresas o inversionistas extranjeros y un 35% de forma indirecta.

En Paraguay hay suficiente tierra para los capitales internacionales, para capitales alemanes, ingleses, brasileños, pero no para familias campesinas e indígenas. Todo el aparato estatal se ha convertido en una plataforma jurídica y económica para echar a andar los grandes negocios del capital que involucran la tierra, y que con su actuar dañan los derechos de la poblaciones campesinas e indígenas y sus cada vez más visibles efectos devastadores sobre la naturaleza.

Ante la inacción estatal a favor de la democratización de la tierra, las organizaciones campesinas llevan adelante ocupaciones de tierra como una forma de presión para conquistar o recuperar territorios. Entre los años 2008 y 2019 se han registrado 106 ocupaciones de tierra, sólo 8 de ellas no han sufrido algún tipo de criminalización por parte del Estado, más de 1.300 personas imputadas, siempre en el periodo mencionado. El 58% de éstas acciones fueron respondidas con desalojos, mientras el 10% logró su objetivo, el de asentarse en esas tierras para producir.

La tierra se vincula directamente con derechos a la seguridad, a la vivienda, a la alimentación, la cultura y la vida misma, el carácter predatorio de los que concentran la tierra no llegarán a entender la relación campesina o indígena con sus terrirorios, y seguirán acaparando ilicita o lícitamente, violenta o con la engañosa serenidad de la prosperidad capitalista y sus leyes basadas en la mercantilización de la vida y la naturaleza.

A pesar de lo antedicho, un nuevo fragmento de la lucha por la tierra se reactiva en Paraguay, son cerca de mil familias campesinas que se encuentran movilizadas en el Departamento de San Pedro, para reclamar tierras que fueron incautadas por Estado paraguayo, a través de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), a Luis Carlos Da Rocha, un narcotraficante brasileño, conocido popularmente como Cabeza Branca, actualmente preso en Brasil.

La estancia Lucipar es la que campesinos y campesinas desean sea destinada a los sujetos de la reforma agraria, forma parte de otras 2 propiedades Santa Edwiges y Suiza que poseen una dimensión total de 15.914 hectáreas y un valor de 37.285.000 dólares americanos según el Ministerio Público paraguayo.

Las familias campesinas están convencidas de que esas tierras deben ir a manos de quienes la puedan trabajar, de quienes puedan producir alimentos, de quienes puedan vivir y reproducirse en ellas, el Estado, hasta ahora no piensa lo mismo.