Una realidad que la censura no puede ocultar

Asunción 26 de mayo 2021 (BASE-IS) El intento de censura por parte de los gremios del agronegocio al documental Los Campos Envenenados del Paraguay (puede verse hasta el 30/05/21), que se emite en el Ciclo de Cine Europeo, ha generado un evento contrario, cientos de personas observaron el material que muestra una realidad latente y terrible, el uso masivo e ilegal de miles de kilos de agrotóxicos y las consecuencias sobre la vida de las personas.

Para el año 2017 Paraguay representó el 6,2% de todo el comercio de agrotóxicos a nivel mundial, importó venenos por cerca de 420 millones de dólares. La importación de agrotóxicos creció exponencialmente desde la aprobación de los eventos transgénicos, llegando hoy a alrededor de 58 mil toneladas de venenos que ingresan anualmente al país y riegan los campos paraguayos, totalizando cerca de 8 kilos de agrotóxicos por habitante.

Los daños a la salud que causan los agrotóxicos han quedado científicamente demostrado por medio de cientos de investigaciones, al punto que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como potencialmente cancerígeno en humanos al glifosato, el plaguicida más utilizado en el mundo. Además, en Paraguay se utilizan venenos aún más peligrosos que se encuentran prohibidos en la gran mayoría de los países europeos por sus graves consecuencias sobre la salud y el ambiente.

El estudio realizado por la Dra Stella Benítez Leite, que se muestra en el documental, clarifica el daño genético causado por la exposición prolongada a pesticidas en niños y niñas de una comunidad campesina que se encuentra rodeada de sojales. “Los niños son una población muy vulnerable, encontramos mayor genotoxicidad y citotoxicicdad en las células de los niños que están expuestos a plaguicidas; esto quiere decir que hay mayor riesgo de que la célula pueda mutar a enfermedades que afecten el neurodesarrollo, cáncer, parkinson o también puede producir en otras generaciones abortos espontáneos y malformaciones, si los daños afectan las células germinales, óvulos o espermatozoides” señala la investigadora.

Escuelas fumigadas

Un reciente estudio desarrollado en 15 distritos del país ha demostrado que los estudiantes y docentes de al menos 99 escuelas rurales se encuentran expuestos al riesgo de intoxicación por uso intensivo plaguicidas sin respetar las normativas ambientales. En estas escuelas 8.621 estudiantes y 1.167 docentes se encuentran expuestos a daños en su salud producto de la exposición a los agrotóxicos.

Tanto el Documental “Los Campos Envenenados” como el estudio Escuelas Fumigadas ofrecen testimonios directos de la violación permanente de la normativa ambiental del país por parte de los grandes productores de soja. Estas violaciones permanecen en impunidad ante la pasividad de las instituciones encargadas de sancionar los delitos contra la salud y el ambiente.

Caso Rubén Portillo

La falta de protección a las familias campesinas por por parte del Estado paraguayo llevó a que el Comité de Derechos Humanos de la organización de Naciones Unidas dictamine que existió una violación de Derechos Humanos, con responsabilidad estatal, en el caso de la muerte del joven campesino Rubén Portillo, ocurrida en enero del año 2011 a causa de la fumigación ilegal con agrotóxicos en la Colonia Yerutí del Departamento de Canindeyú.

“El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –órgano que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– adoptó una decisión mediante la cual hace responsable al Estado paraguayo por la contaminación provocada por empresas productoras de soja genéticamente modificada. Las fumigaciones masivas destruyeron la granja de una familia campesina, envenenaron su agua, provocaron la muerte de una persona y la intoxicación de otros once miembros de la familia” explica el abogado Hugo Valiente, experto en Derechos Humanos y uno de los responsables de llevar el caso en las instancias internacionales.

La trascendencia del caso no solamente abarca a todos los casos similares que ocurren de manera sistemática en el Paraguay. Esta jurisprudencia de impacto global, que conecta la protección al medio ambiente con el disfrute de los derechos humanos, alienta a personas que sufren daños similares en cualquier lugar del planeta a buscar justicia y obtener reparación sobre la base de este precedente, concluye Valiente.

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