Ante los conflictos suscitados en distintas zonas rurales de nuestro país, como los casos del Asentamiento San Juan en el dpto. de Canindeyú, Antebi cué en los departamentos de Concepción y Amambay, Ñacunday en el Departamento de Alto Paraná, entre otros, en donde se están recuperando tierras que pertenecen al Estado paraguayo y que forman parte de nuestra soberanía nacional. Las organizaciones abajo firmantes apoyan la gestión institucional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra- INDERT para transparentar la situación de la tenencia de la tierra y los beneficiarios de la reforma agraria. Así también hacen un llamado a todos los sectores involucrados para buscar de manera conjunta una solución definitiva a la inequidad en la distribución de tierras, que es una violación a un derecho humano fundamental.
Los conflictos en el campo con sus consecuencias fatales son problemas políticos y sociales qué nuestro país viene acarreando durante décadas, en donde se han repartido tierras a aquellos que no eran beneficiarios de la reforma agraria, conocidas como tierras malhabidas o mal adjudicadas y en los que se han deforestado más del 90% de la masa boscosa en los últimos 50 años en la Región Oriental para la implementación de ganadería y agricultura empresarial sin asumir los pasivos ambientales y sociales que estas actividades ocasionan, hecho que en los últimos años provocó el desplazamiento forzoso de las comunidades campesinas e indígenas de sus tierras y territorios.
Desde el año 2008 contamos con el Informe de la Comisión Verdad y Justicia en cuyo capitulo IV de Tierras Mal Habidas, se presenta el resultado de la investigación sobre la adjudicación de tierra rural y los títulos de propiedad otorgados por organismos estatales responsables de la Reforma Agraria, desde el año 1954 al 1989 y desde 1989 al 2003. De las 200.705 adjudicaciones examinadas, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas han sido adjudicados con graves irregularidades a la legislación agraria.
Se constituye una realidad el hecho de que muchos agricultores mecanizados sin ser beneficiarios de la reforma agraria, mediante complicidad de funcionarios inescrupulosos de las administraciones anteriores y el apoyo de sectores políticos más conservadores del Parlamento Nacional, estén ocupando diversas tierras de manera irregular, negándose a devolver estas tierras que son propiedad del Estado.
Por lo tanto:
-Apoyamos la gestión institucional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra- INDERT para transparentar la situación de la tenencia de la tierra y los beneficiarios de la reforma agraria en el marco de su competencia de saneamiento y regularización de la tenencia establecida por el Artículo 4°.2 Ley Nº 2419/04 de Creación del INDERT.
-Instamos al Estado Paraguayo a que destine recursos económicos para que se pueda realizar un saneamiento adecuado del sistema catastral de la tenencia de tierras.
-Exhortamos al Estado Paraguayo a que promuevan acciones ante la justicia, y que estas hagan efectiva la reparación de los daños y perjuicios causados a los verdaderos sujetos de la Reforma Agraria, en este caso, los mas de 300.000 campesinos/as y comunidades indígenas sin tierras y territorios de nuestro país.
-Solicitamos a los responsables de las instituciones estatales (Ministerio del Interior, de Justicia y Trabajo, de Defensa Nacional, de Salud Pública, de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra -INDERT, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas -SENAVE, Instituto Paraguayo del Indígena- INDI, Secretaría del Ambiente- SEAM, Instituto Forestal Nacional- INFONA, Secretaría de Acción Social- SAS, Fiscalías, Procuraduría General de la República; gobiernos Departamentales y Municipales) que asuman sus funciones y establezcan procesos claros para solucionar los problemas en forma coordinada e institucional de acuerdo a sus ámbitos de competencia.
-Recordamos a los ganaderos y productores empresariales que así como se les garantiza en nuestra Constitución Nacional la propiedad privada, también se garantiza a todos/as los/as ciudadanos/as el derecho a un ambiente sano, el derecho a la tierra propia, el derecho al trabajo y el derecho a la vida.
-Requerimos a la ciudadanía que se involucre y exija una Política Pública Agraria que beneficie el acceso a la tierra de las familias campesinas e indígenas.
Finalmente es necesario establecer una mesa de diálogo para que entre todos/as podamos resolver el principal problema que es la estructura inequitativa de la distribución de la tierra en el Paraguay, buscando un modelo de desarrollo rural sustentable, con utilización de energía limpia disponible para la transformación de los productos a fin de darle un valor agregado y mejorar la economía nacional.
Apoyan: ONGs MIEMBROS DE POJOAJU:
AIP – Asociación Indigenista del Paraguay, ALTERVIDA – Centro de Estudios y Formación para el Eco Desarrollo, BASE-ECTA – Base Educación, Comunicación y Tecnología Alternativa, BECA – Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, BASE-IS – Base Investigaciones Sociales, CALLESCUELA, CADEP- Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CCDA – Centro de Capacitación y Desarrollo Agrícola, CEDES/HABITAT- Centro de Desarrollo, Hábitat y Medio Ambiente, Centro de Estudios Judiciales (CEJ), CDE – Centro de Documentación y Estudios, CECTEC – Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina, CEPAG -Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch, CERI – Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, CIPAE- Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia, CIRD -Centro de Información y Servicios para el Desarrollo, CPC-Centro Paraguayo de Cooperativistas, CPES- Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, CSER – Centro de Servicios y Estudios Rurales, Fe y Alegría- Movimiento de Educación Popular Integral, Fundación DEQUENI, Fundación Parque Ecológico Itá Enramada, Gestión Local, GAT- Gente, Ambiente y Territorio, MxD- Mujeres por la Democracia, Ñemonguetará-Comunicación y Educación Popular, OGUASU – Instituto Ecuménico de Promoción Social, PCI – Pro Comunidad Indígena, SATOC -Servicio Agrario de Tecnología y Organización Comunitaria, SAI- Servicio de Apoyo Indígena, SEDUPO- Servicio de Educación Popular, SEAS/AR – Servicio de Educación y Apoyo Social Área Rural, SEPA – Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa, SERPAJ Py.-. Servicio Paz y Justicia Paraguay, SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay, SER- Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular, SUMANDO, TAPEA.
Redes Miembros de POJOAJU:
ROAM- Red de ONG´s Ambientalistas del Paraguay, CODEHUPY- Coordinadora por los Derechos humanos del Paraguay, CDIA- Coordinadora por los Derechos de Infancia y Adolescencia, Red Rural De Organizaciones Privadas de Desarrollo, CMP- Coordinación de Mujeres del Paraguay, DECIDAMOS Campaña por la Expresión Ciudadana, CEDES/Hábitat- Centro de Referencia.
Organizaciones CAMPESINAS E INDIGENAS:
ACIDI Asociación de Comunidades Indígena de Itapúa.
ASAGRAPA- Asociación de Agricultores de Alto Paraná
CONAMURI Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
CNOCIP- Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares
FAPI Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas..
FNC – Federación Nacional Campesina.
MCNOC- Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
MCP – Movimiento Campesino Paraguayo.
MTR- Movimiento de Trabajadores Rurales e Indígenas
OLT- Organización de Lucha por la Tierra
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