El Tratado Unión Europea – Mercosur acaba de ser anunciado por los mandatarios de diferentes países y por los referentes de ambos bloques, la celebrada apertura de un mercado de 800 millones de personas contrasta con la alarma que se enciende en los pueblos de ambos bloques. Diferentes voces advierten que el tratado es uno de los rostros más crueles de la liberalización del comercio y que generará graves consecuencias económicas, sociales y ambientales que sentirán principalmente los sectores más vulnerables de ambas regiones.
Según detallan algunos analistas el tratado conlleva una liberalización muy importante del comercio entre ambos bloques que beneficiará fundamentalmente a las grandes empresas europeas de industrias como la automovilística, la química, la farmacéutica o la textil y a los grandes exportadores de productos agropecuarios de los países de Mercosur, a costa de importantes impactos en el campo europeo y la desarticulación de muchos sectores industriales de Mercosur, con repercusiones muy negativas en el empleo y el medio ambiente. Para la Campaña “No a los Tratados de Comercio e Inversión”, compuesta por cientos de organizaciones sociales de Europa, este tratado supone una de las peores expresiones de la globalización. Los acuerdos tendrán efectos nocivos sobre el cambio climático, la biodiversidad y los derechos humanos por un parte, y sobre los derechos de los trabajadores, agricultores, pequeños empresarios y consumidores y la salud por otra.
Según señalan los propios portavoces del acuerdo, las grandes empresas europeas se ahorrarán unos 4 mil millones de euros al año con este acuerdo, es decir dinero que dejará de ingresar a las arcas de los Estados del Mercosur; mientras de este lado quienes se verán beneficiadas son las grandes empresas exportadoras de comodities agrícolas; en el caso de Paraguay la mayoría de ellas vinculadas a capitales extranjeros, es decir, prácticamente no existen beneficios para las empresas nacionales. Además la mínima industrialización del país podría verse perjudicada por el ingreso masivo de productos industriales europeos que contarán con aranceles preferenciales.
Los puntos celebrados como positivos por los gobiernos sudamericanos son el aumento a 99.000 toneladas de la cuota cárnica que podrá ingresar sin restricciones al mercado europeo, los comodities agrícolas como la soja también tendrán un trato preferencial. Esta mayor exportación significa también mayor producción, en Paraguay el avance de la sojización y de la ganadería intensiva ha llevado a convertirnos en el sexto país más deforestado del mundo con alrededor de 300 mil hectáreas de bosques derribados al año; este fenómeno se intensificará afectando gravemente al medioambiente.
Además el acuerdo profundizaría las consecuencias sociales del avance del modelo de agroenegocios, la Alianza Biodiversidad en un manifiesto respecto al Tratado UE-Mercosur emitido meses atrás adelantaba que las consecuencias del pacto serían sumamente graves para los campesinos de la región. “La deforestación, expulsión de campesinos, contaminación por agrotóxicos, destrucción de las economías regionales, pérdida de Soberanía Alimentaria y creciente vulnerabilidad alimentaria. Los campesinos y campesinas y pequeños productores familiares son quienes producen la mayor parte de los alimentos en la región. El modelo impuesto por el Acuerdo impulsa el control territorial por parte del agronegocio y profundizará la violencia, criminalización y persecución que hoy sufren las comunidades campesinas en toda la región” señalaban.
El Tratado de Libre Comercio entre La Unión Europea y el Mercosur fue negociado prácticamente en secreto, las únicas informaciones conocidas al respecto fueron mediante filtraciones conocidas como Mercosur Leaks; las informaciones filtradas dan cuenta que además de los acuerdos comerciales también se negociaron temas vinculados a la propiedad intelectual y otros puntos que pueden afectar seriamente las economías y la soberanía de los países del Mercosur. En el caso de las semillas según los textos filtrados el acuerdo establece que “cada Parte protegerá los derechos sobre obtenciones vegetales, de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales adoptado en París el 2 de diciembre de 1961, revisado por última vez en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (ACTA UPOV 1991)” según expertos y organizaciones sociales con este acuerdo las semillas nativas serán criminalizadas y privatizadas y estará prohibido su intercambio y su libre circulación, imponiendo las conocidas como “leyes Monsanto” en todos nuestros países.
El Tratado pactado recientemente debe ser aprobado por los congresos de las naciones involucradas, por lo que la entrada en vigencia se retrasaría al menos uno o dos años más. El tratamiento en los parlamentos de este acuerdo es la oportunidad que ven las organizaciones sociales de ambos lados del Atlántico para movilizarse y frenar la entrada en vigencia del que califican como uno de los Tratados de Libre Comercio más nocivos para los pueblos.
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