Asunción 4 de mayo 2023 (BASE-IS) La jornada electoral del pasado domingo dejó una clara victoria colorada, si bien la ANR no aumentó su caudal electoral respecto a las elecciones de 2018, la dispersión opositora permitió que la ventaja respecto a las demás candidaturas sea amplia; el triunfo de la ANR también se trasladó al parlamento, gobernaciones y juntas departamentales. Este escenario, sumado a la mínima presencia progresista en el Congreso, augura un tiempo difícil para las organizaciones sociales, y hace presagiar la profundización de las políticas de apoyo al agronegocio y la criminalización de quienes luchan por la tierra.
Santiago Peña asumirá el gobierno el 15 de agosto contando, por primera vez en la era democrática, con mayoría propia de su partido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Las promesas electorales y los primeros anuncios como Presidente Electo, muestran la continuidad de las políticas iniciadas con el gobierno de Horacio Cartes y que se mantuvieron con Mario Abdo Benítez, un gobierno con una política económica marcadamente neoliberal, en ese sentido el acuerdo marco con el Fondo Monetario Internacional, firmado recientemente apunta a una reforma previsional y a una reducción de la estructura del Estado.
Aparentemente la Política Agraria no sufrirá grandes cambios desde el Ejecutivo, resulta previsible que las políticas de apoyo al agronegocio continuarán, no se pondrán impuestos a la gran exportación de granos y la Comisión para la recuperación de Tierras Malhabidas, creada por Ley, probablemente marcha a convertirse en un nuevo intento fallido de recuperar estos bienes públicos.
La vigencia de la Ley de Criminalización Zavala-Riera deja el marco necesario para continuar y profundizar la política de represión desde el gobierno contra los sectores organizados en la lucha por la tierra, la amplia mayoría de los sectores de derecha y vinculados al agronegocio dentro del Parlamento podrían permitirle incluso avanzar en legislaciones que beneficien al extractivismo.
La gran mayoría de los gremios del agronegocio y el extractivismo han emitido comunicados apoyando al nuevo gobierno y rechazando las protestas de los seguidores de Paraguayo Cubas, quien busca instalarse como principal figura de oposición, con un proyecto que acumula la rabia de los sectores subalternos pero apuntando a poner en entredicho pilares claves de la democracia.
El ciclo de presencia progresista en el plano institucional, iniciado con el gobierno de Fernando Lugo en 2008, parece haber llegado a su fin, con la presencia de apenas dos legisladoras de las fuerzas políticas de izquierda dentro de la futura legislatura. Esto llama a la necesidad de un profundo debate desde las izquierdas a fin de recomponer sus fuerzas.
A pesar del sombrío panorama, la esperanza parece estar puesta nuevamente en los movimientos sociales, en las comunidades de base y en las soluciones que las mismas encuentran en su día a día para dar respuesta a la exclusión planteada por el capitalismo en su faceta extractivista y neoliberal. La crisis actual podría representar la oportunidad de reiniciar un nuevo proceso de acumulación que permita retomar las históricas banderas de los movimientos populares y llevar nuevamente esas fuerzas al plano institucional en el mediano plazo, buscando demostrar aquel viejo anhelo de que “otro mundo es posible” y también necesario.
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